El 17 de enero de 2019, Javitxu Aijón llegaba tarde a una manifestación en la puerta del auditorio de Zaragoza. Dentro, se estaba celebrando un mitin de Vox en el marco de la campaña electoral de las autonómicas. “Incluso antes de lanzar la primera consigna, los antidisturbios estaban formados con cascos y porras. No había pancartas, porque las habían retirado. Tardaron diez minutos para empezar a cargar contra los manifestantes”, recuerda Aijón. Esa jornada de protesta acabó con su detención y de otros cinco manifestantes, conocidos como los seis de Zaragoza.
A las 25 horas que pasaron en el calabozo, les siguió un juicio que acabó con un fallo condenatorio por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Cuatro de ellos, entre los cuales se encuentra Aijón, recibieron seis años de cárcel, mientras que los otros dos –que eran menores– fueron condenados a un año de libertad vigilada y a pagar una multa. “Nos condenaron porque en el tribunal se aceptó la declaración de unos agentes de policía que se contradecían todo el rato entre ellos”, explica Aijón. “Yo no hice nada. Lo cierto es que me condenaron porque estaba participando en una protesta”.
Su historia no es el único caso de violación del derecho a la protesta, así como demuestra el informe “Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos” presentado este martes en la sede la cooperativa Eccoo en Madrid. El estudio, realizado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), analiza las barreras del derecho a la protesta a partir de diferentes casos en Europa y América Latina.
“Se habla mucho de la ley mordaza en España, pero el problema es que hay muchas leyes mordazas a nivel internacional”, lamenta el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán durante el encuentro. “El derecho a la protesta no solo está en peligro, sino también en tela de juicio a nivel internacional. Este informe deja claro cómo por desgracia el Sur del mundo ha sido siempre un laboratorio de antimilitancia y represión. Este Sur llega cada vez más al Norte”.
El estudio identifica tres patrones que se repiten a la hora de criminalizar el derecho a la protesta, tal como explica Erika González, investigadora del OMAL. En primer lugar, el señalamiento de las personas y las organizaciones que, por su labor activista, son tachadas de “opositoras al desarrollo y al bienestar de la mayoría de la población”. En segundo término, y como consecuencia directa del punto anterior, la represión y persecución de estos grupos.
El tercer factor es la obstrucción violenta de la protesta. “Cuando las dos vías anteriores no surten los efectos deseados, se pasa al empleo de la fuerza para bloquear la protesta. En muchos casos, en Latinoamérica esto se traduce en el asesinato sistemático de activistas y periodistas”, explica González. “Esta es la mayor diferencia, al menos por ahora, entre ambas regiones”.
Tendencias comunes
Tras un análisis de los patrones e instrumentos utilizados para reprimir las protestas, se han encontrado unas tendencias comunes entre España y los países latinoamericanos. Por ejemplo, los grupos que luchan para la defensa de los derechos humanos son etiquetados como “radicales”, “antisistema” o “anti-desarrollo”.
Este es el caso en España de los movimientos de lucha por la vivienda, como la PAH, del cual Gustavo Rioja es activista. Actualmente, Rioja se encuentra a la espera de un juicio a puerta cerrada por haberse negado a salir de la sucursal de Caixabank en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo. Su objetivo era tratar de frenar el desahucio de una familia. “A diferencia de Aijón, yo sí soy culpable. Culpable de haber acompañado a una compañera de la PAH con tres hijos menores de edad para pedir de quedarse en su casa”, afirma el activista. “El problema es que lo que hicimos nosotros ese día de 2017 es un delito leve, que comporta una multa. Pero acabamos detenidos ilegalmente y nos quieren dar tres años y medio de cárcel”.
“Estos tipos de ataques hacia los activistas y los grupos sociales es algo cada vez más común en Europa”, detalla Urbán. “Asistimos a campañas que están dirigidas a desmontar a las personas que defienden unas ideas, en lugar de la idea misma. Porque es mucho más fácil atacar a un militante de la PAH, que a la idea del derecho a la vivienda. Es más fácil criminalizar a seis jóvenes de Zaragoza, que al discurso del antifascismo”.
Leyes mordaza
El estudio destaca también una “permanente sofisticación jurídica” para avanzar en la penalización de los grupos que protestan. Como ejemplos, se remite a la legislación argentina, que pretende convertir la acción de protesta del movimiento piquetero en delito. Así también, se citan la ley de uso legítimo de la fuerza en Ecuador, o la ley mordaza en España. “Son muestras de cómo el poder legislativo va amoldando los códigos penales, las leyes de seguridad ciudadana y los protocolos policiales para criminalizar y perseguir por todos los medios las formas de protesta que van surgiendo”, detalla González.
El grado de violencia empleado en la criminalización de las protestas es mucho menor en España, donde es más frecuente usar sanciones administrativas –que en el informe llaman burorrepresión– para reprimir las movilizaciones sociales. “Aunque se reconoce como un fenómeno de baja intensidad, tiene un efecto profundamente desalentador en contextos de creciente precariedad, y hace más difícil su denuncia colectiva”, reconocen los creadores.