Cinco millones por desvelar detalles de la mansión: el pacto de silencio del marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León
El pleito familiar que afloró gastos de más de un millón de euros sin justificar en un chalé por parte del empresario Francisco Javier Meléndez, hoy marido de la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, se cerró con un pacto de silencio que castiga a cualquiera que revele datos sobre la suntuosa reforma del chalé con cinco millones de euros de indemnización.
Es la cláusula más llamativa del acuerdo extrajudicial que el empresario patatero selló con su hermano y sus padres, los propietarios originales de la vivienda ubicada en Pedrosa del Rey, un pequeño pueblo vallisoletano, para poner fin a una serie de demandas cruzadas en los tribunales que arrancaron en 2015. A través de ese contrato, rubricado en enero de 2017, y al que ha tenido acceso eldiario.es, el empresario renunció a las obras realizadas entre 2010 y 2012 que había acometido en la casona familiar, donde instaló una piscina de agua salada climatizada y con jacuzzi, una sauna finlandesa, una fuente ornamental y otros lujos suntuosos en los que había invertido 1,1 millones de euros para convertirla en residencia de verano y de fines de semana.
Según los testimonios aportados en distintos procedimientos judiciales, la vivienda la disfrutaban durante esos primeros años Francisco Javier Meléndez y Silvia Clemente, entonces novia del empresario patatero y consejera de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera. Lo afirmó el propio el abogado de Javier Meléndez en uno de sus escritos en los que trataba de desvincular a la política castellanoleonesa de la obra millonaria asegurando que su pareja no aportó fondos para la rehabilitación de la vivienda.
En esa respuesta para defenderse de las acusaciones de sus padres, el empresario admitió que Silvia Clemente sí disfrutaba del “domicilio conyugal” hasta que ambos se mudaron a Valladolid. Y lo ratificaron dos empleadas de hogar en el mismo procedimiento al señalar que la pareja residía en la vivienda y hablaba del chalé “como si fuese suyo”.
Tras la publicación en eldiario.es de la información sobre los pagos de origen desconocido que sufragaron la piscina, la sauna y el resto de gastos suntuosos en la casona familiar, la vicepresidenta de Las Cortes aseguró este martes que no fue “usuaria” del chalé, en contra de lo afirmado por la defensa de su marido y distintos testigos que comparecieron en los tribunales.
Fue en el transcurso de esos pleitos en los que el marido de Silvia Clemente aportó una tasación de un perito que cifraba en 1.165.390 euros la reforma realizada en la vivienda. Los suegros de Clemente alegaron que las obras carecían de licencia, que no existieron facturas de los trabajos y que ni su hijo ni la propia Clemente tenían capacidad de hacer frente a una reforma de esa envergadura y menos sin constituir una hipoteca.
Pese a obtener una primera resolución judicial favorable, en la que se le autorizaba a hacer uso de la parte de la vivienda que reformó, el marido de Clemente acabó renunciando a todo lo invertido a través del citado acuerdo extrajudicial firmado ante notario. Ese “pacto de confidencialidad y no agresión” implica una mordaza para las dos ramas familiares. Las dos partes se obligan a no hablar nunca con nadie ni de los procedimientos judiciales que emprendieron, ni de las empresas que se han repartido a raíz del enfrentamiento.
La literalidad del acuerdo establece que no pueden “divulgar ante terceros la existencia y contenido de las actuaciones judiciales y documentos aportados a los procedimientos citados”. Tampoco se consiente “utilizar, ceder o divulgar, directa o indirectamente, información, ya sea reservada o no, de índole profesional y/o personal y/o familiar y/o empresarial y/o ajena al ámbito empresarial” ni “realizar comentarios públicos relacionados con las sociedades Agroinnova, Patatas Meléndez, Agromeléndez, así como con sus respectivos socios, trabajadores, profesionales, órganos de administración, clientes, empleados de clientes, proveedores o terceros, ya sean personas físicas o jurídicas relacionados con todos los anteriormente citados”.
El pacto de silencio reserva un apartado para preservar la imagen pública de Silvia Clemente, por entonces ya en la primera línea de la política de Castilla y León, donde fue consejera de Agricultura hasta 2015 y desde entonces ejerce como presidenta de las Cortes. Las partes en conflicto “se obligan recíprocamente y de forma tan amplia como sea posible entender dicha obligación, a no perjudicar en forma alguna, ni a nivel profesional ni personal, ni a los propios comparecientes ni a sus cónyuges y vinculados, ni tampoco a sus clientes” entre los que se cita a unos grandes almacenes y una cadena de supermercados, ni a empleados ni a administradores de estos. “Dicha obligación se extiende, expresa aunque no únicamente, a la buena imagen y reputación de todos los citados”. Para reforzar el carácter vinculante, quien lo incumpla deberá satisfacer al perjudicado con 5 millones de euros “en concepto de pena convencional que no sustituirá a la indemnización por daños y perjuicios, incluido el lucro cesante”.
Dicho acuerdo aludía a las relaciones de las sociedades empresariales, puso fin a media docena de denuncias cruzadas -varias de ellas en el ámbito penal- y a los litigios que mantenían las empresas de patatas pero no logró sellar la paz familiar más que durante unos meses. El pasado septiembre Silvia Clemente envió a su suegra un burofax en la que la culpaba de haberla “insultado gravemente en presencia de terceros” y de atribuirle de forma “totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y temeridad, la comisión de ilícitos penales” en su condición de política.
La comunicación amenazaba a la madre de su marido con “ejercitar en su contra cuantas acciones correspondan” y la responsabilizaba de hechos que según Clemente eran “constitutivos de posibles delitos de injurias y/o calumnias”.
La respuesta de la suegra a Silvia Clemente, Consuelo Laguna, ante el burofax de su nuera fue otra carta de vuelta repleta de reproches en la que acusaba a Clemente de llevar “la desgracia” a su familia, que nunca hasta entonces, “había pisado un tribunal de justicia”.
En ese burofax, la madre del marido de Silvia Clemente se extiende en detalles sobre la reforma del domicilio familiar: “En ese pleito aprendí que no existía licencia de obras, que no había memoria, que no había descripción técnica y que no había una sola factura justificativa del pago de los trabajos que su propio informe pericial valoraba en 1.165.390 euros”.
Los párrafos más incisivos de la carta aluden a las dudas que el matrimonio siempre tuvo sobre cómo iba a desembolsar su hijo y entonces pareja (hoy esposa) el millón de euros de las obras.
“A estas alturas, no me cabe duda que mi hijo (su esposo) y usted han pagado las obras, porque no me consta que ninguno de los gremios o de los oficios que intervinieron hayan reclamado deuda alguna, y tampoco concibo que no cobren y no reclamen. O sea, que han cobrado”, asegura la suegra a Silvia Clemente.
En otra parte de la comunicación, la mujer insiste en preguntarse de dónde salió el dinero para pagar tanto lujo en la vivienda: “Le recuerdo que en el mismo procedimiento consta que mi esposo y yo dijimos que no podíamos entender de dónde ha salido el dinero para pagar la cantidad que ustedes mismos decían: 1.165.390 euros, porque en las fechas en las que se construyeron las mejoras y, supongo, se hicieron los pagos, mi hijo menor solo tenía los ingresos de su salario en las empresas familiares, que no alcanzaban los 3.000 euros netos al mes”. “Porque nuestro hijo menor no tenía capacidad alguna de pagarlo y usted, con su retribución pública, tampoco”.
“No voy a pedirle disculpas por nada de ello, no voy a mentir y tampoco lo voy a ocultar” [...] “A esta fecha no me consta que haya aparecido una sola factura justificativa del modo en que mi hijo y usted pagaron ese importe, ni de cómo consiguieron el dinero para ello. No la acuso, no deduzco conclusiones, no extraigo consecuencias, no la juzgo y prefiero no decirle lo que pienso. Lo que sí le digo es que eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que consta judicialmente. No lo negaré y no negaré ante nadie que me pregunte que, en mi opinión los hechos han ocurrido de ese modo. Son otros, con más peso que yo, los que tendrían que preguntar cómo se pagaron esos 1.165.390 euros, de dónde salió el dinero, cuál fue su origen y demás”.
