Los sindicatos de Justicia convocan a paros indefinidos a los 45.000 funcionarios para exigir una subida salarial

Se multiplican las reclamaciones de mejoras de sueldo de los trabajadores del ámbito de la Justicia. Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG llaman a los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia a movilizarse para conseguir una subida salarial “digna” en la línea de los hasta 450 euros mensuales que han conseguido los letrados de la administración de Justicia, mientras los jueces anuncian “medidas de presión” para conseguir también una mejora de sus retribuciones.

Las organizaciones sindicales que representan a los funcionarios acordaron este jueves la convocatoria de una huelga general el próximo 19 de abril a la que precederán paros parciales —de 10 a 13 horas— desde el día 17 de abril y de forma indefinida. En un comunicado, los sindicatos explican que la convocatoria de esta huelga se produce tras constatar “la nula voluntad del Ministerio de Justicia de presentar una oferta de subida salarial a los funcionarios de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados”. Los convocantes sostienen que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo, como ha sucedido en el caso de los letrados, tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías y que, en consecuencia, “debe producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal”. 

Los jueces se suman a las reclamaciones de subidas salariales de otros empleados del ámbito de la Justicia. Las cuatro asociaciones —la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente— han anunciado que van a poner en marcha un calendario de “medidas de presión” tras la reunión mantenida este viernes con representantes del Ministerio de Justicia. Un encuentro que califican de “decepcionante”. 

Los jueces critican que el departamento que dirige Pilar Llop “no ha sido siquiera capaz de concretar una fecha para la celebración de la Mesa de Retribuciones”, que es el único instrumento legal previsto para abordar las condiciones profesionales de la Carrera Judicial y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda. El único compromiso que ha adoptado Justicia, según las asociaciones, es que ese órgano se celebrará antes del 10 de mayo y que realizará “trabajos previos” con Hacienda. Los jueces defienden que sus “mejoras retributivas” deben estar acordadas antes del 30 de mayo.

El acuerdo de los letrados

Justicia y los letrados han pactado esta semana la creación de un “complemento de eficiencia” que contempla una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes en 2024 para estos funcionarios. El incremento retributivo de 450 euros para Secretarías de Gobierno, de Coordinación Provincial y direcciones de servicio común, de 440 euros para puestos de servicios comunes y 430 euros para el resto de letrados. Justicia justifica la propuesta de subida por las nuevas responsabilidades que tendrán que asumir los letrados “en los distintos proyectos de eficiencia”. Sindicatos como CCOO —convocante de estas movilizaciones— consideran que ese acuerdo es “un atentado a la dignidad profesional del resto de cuerpos”. 

Las movilizaciones de los funcionarios judiciales comprometerán todavía más la titánica labor de poner al día el trabajo acumulado durante los dos meses de huelga de los antiguos secretarios judiciales. Según datos de los convocantes de esa huelga, desde el pasado 24 de enero se han suspendido más de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias, las demandas pendientes de repartir superan las 400.000 y hay más de 1.280 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación.

En este contexto, son cada vez más las voces que reclaman medidas excepcionales para recuperar el trabajo acumulado. El Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo con las autonomías, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial, aunque todavía no se han puesto medidas concretas encima de la mesa. El único acuerdo, hasta el momento, es realizar una notificación escalonada de las resoluciones que se encontraban paralizadas por la huelga. Esta era una de las reclamaciones de abogados y procuradores, también muy perjudicados por el parón.