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El juez imputa a todos los jefes de la policía política del PP por el espionaje a Bárcenas
Un simple cotejo de los fondos públicos que gestionó un funcionario ya jubilado con los movimientos de sus cuentas bancarias durante doce años puede derivar en la tormenta perfecta con epicentro en el ángulo muerto de la democracia. El motivo es quién es el funcionario y a qué se dedicaba. El juez del caso Villarejo ha solicitado al Gobierno que desclasifique las cantidades que recibió entre 2005 y 2017 el comisario Enrique García Castaño, jefe de la unidad dedicada a seguir, escuchar y pagar a quien fuera útil para las investigaciones más relevantes contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Y también para los intereses del gobierno de turno.
La Unidad de Asuntos Internos (UAI) considera que el policía tuvo ingresos por casi 600.000 euros que no puede justificar con su sueldo de comisario. La defensa de García Castaño, El Gordo según le conocen en la Policía, alega que ese dinero es la cantidad total que entró y salió de una misma cuenta durante 11 años y siete meses, con ingresos no superiores a los 3.500 euros al mes, y que la cuenta nunca acumuló tal cantidad.
García Castaño está imputado en varias piezas por haber vendido presuntamente al comisario Villarejo datos confidenciales que obtenía por su cargo en las entrañas de la seguridad del Estado, ya procedieran de la Agencia Tributaria, los bancos o las compañías telefónicas. Los delitos que se le atribuyen son organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.
Los fiscales Anticorrupción han propuesto que se desclasifiquen los fondos reservados manejados por García Castaño desde 2005 por ser la fecha a la que se remonta su trato con Villarejo, al menos en los audios del archivo secreto de este último a los que han podido acceder. Son 12 años de sobres con billetes procedentes de la Secretaría de Estado de Seguridad hasta su destitución en febrero de 2017, fecha en la que dejó la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que había dirigido desde 1994.
En su exposición razonada para el Consejo de Ministros, el juez Manuel García Castellón solo habla de “cuentas”, esto es, de las partidas que recibió el policía. Pero añade en su solicitud que se le exima de guardar silencio sobre las materias reservadas a las que aluden esas partidas. Tanto a él como a otros policías que declaren en la causa, ya sea como testigos o investigados. Fuentes jurídicas aseguran a eldiario.es que se permitirá a García Castaño dar explicaciones sobre las operaciones que requerían de esos fondos reservados. Su entorno asegura que no ahorrará en detalles porque “tiene que defenderse”.
García Castaño solo dejó la UCAO entre el 9 de junio de 2005 y el 31 de octubre de 2006, destituido por el primer comisario general de Información de la anterior etapa socialista, Telesforo Rubio. Eso significa que la información que requiere el juez abarca casi las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero y las de Mariano Rajoy.
Ahí se incluyen íntegros los cuatro años de funcionamiento de la brigada política en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, las de la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos. García Castaño ya ha intentado aludir a las investigaciones prospectivas, sin control judicial, de la Operación Catalunya, pero juez y fiscales le han interrumpido al considerar que no era objeto de los hechos que se investigan.
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha calificado a García Castaño como “uno de los principales expertos españoles en materia de terrorismo yihadista y de ETA”. El comentario se produjo como consecuencia de la publicación de una comida en homenaje a Villarejo a la que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional acudió y en la que también participó García Castaño.
Sin embargo, El Gordo no solo trabajaba para la Comisaría General de Información. Los dos centenares de agentes de la UCAO ponían balizas, colocaban micrófonos, grababan en vídeo y hacían seguimientos a cualquier objetivo relevante. Y también agasajaban, con cargo a los fondos reservados, a aquel del que querían obtener información. El Gordo no dirigía ninguna investigación, pero estaba en todas las importantes.
El Área Especial de Seguimiento (AES) integrada en la UCAO es la responsable de los seguimientos a la familia de Luis Bárcenas cuando éste entró en prisión en el verano de 2013. El propio García Castaño ha reconocido haber entrado sin orden judicial en un piso de la familia con la llave que le había proporcionado el chófer de la familia, quien recibía 2.000 euros mensuales de los fondos reservados. De sus progresos en el espionaje a Bárcenas informaba directamente a Francisco Martínez, número dos de Fernández Díaz, según ha declarado.
El comisario se ha esforzado en intentar convencer al juez y los fiscales de que aquella operación se montó con el único interés de descubrir el dinero oculto de Bárcenas y sus testaferros. Sus resultados, sin embargo, nunca llegaron al juez del caso. El magistrado Manuel García Castellón sospecha que se trató de una operación destinada a beneficiar a “dirigentes del Partido Popular”, por la implicación negativa para ellos que tenía la información que ocultaba Bárcenas. La participación de García Castaño en la Operación Kitchen puede servir de ejemplo del conocimiento que el comisario tiene de todas las maniobras extrajudiciales realizadas por la Policía en las últimas tres décadas.