Las sospechas de fraude en torno al voto por correo en las últimas elecciones autonómicas y municipales siguen incrementándose en Melilla, una localidad que ya registró en el pasado casos de compra de sufragios y que tiene a destacados exdirigentes políticos condenados por ello. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una nueva investigación para indagar si el Partido Popular —vencedor de esos comicios con mayoría absoluta— manipuló papeletas en su beneficio.
Según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso elDiario.es, las pesquisas parten de una denuncia presentada por la formación localista Coalición por Melilla (CpM) por la “presunta manipulación y alteración de votos emitidos por correo una vez depositados en las oficinas de Correos, cambiando las papeletas de CpM por papeletas del Partido Popular”. Se trata de una investigación paralela a la que discurre en un juzgado de la ciudad sobre el intento de fraude “a gran escala” en el voto por correo a través de una presunta red de compra de sufragios y que apuntan, por el momento, al entorno de Coalición por Melilla.
La denuncia que ha dado lugar a esta nueva investigación acusa al partido de Alberto Núñez Feijóo de promover diversas irregularidades en el voto por correo de la ciudad autónoma. El documento fue presentado el pasado junio en la Fiscalía General del Estado por la cabeza de lista del partido en esas elecciones, Dunia Almansuri. Y apunta a una ruptura de la “cadena de custodia” de los votos depositados por correspondencia. Según la formación localista existen “sospechas fundadas” de “cambio, manipulación y alteración” de votos por correo una vez depositados en la oficina postal.
La denuncia detalla que votos emitidos a favor de su partido habrían sido cambiados por papeletas del PP. “La cadena de custodia de los votos depositados por correo se ha roto y, además, no ha funcionado como en elecciones anteriores”. Para tratar de apuntalar su denuncia, el partido aporta varios documentos y testimonios de este proceso electoral. En concreto, incorpora sendas actas de dos mesas electorales en las que se hizo constar que algunos votos por correo no se tuvieron en cuenta porque los sobres estaban “sospechosamente manipulados”. Además, CpM denuncia que en varias mesas electorales de un instituto público los votos a distancia se introdujeron por la mañana en las urnas, cuando la ley obliga a hacerlo al terminar las votaciones presenciales.
Ruptura de la cadena de custodia
Por otro lado, la denuncia apunta a posibles irregularidades en “la custodia y almacenamiento del voto por correo” una vez depositado en las oficinas. Según la legislación, una vez que se ha ejercido el derecho al voto, los sobres con la documentación son enviados a la unidad de reparto adscrita al colegio electoral correspondiente, en la que se depositan y se custodian en cajas de seguridad hasta su posterior entrega durante el día de las elecciones en las mesas electorales.
A este respecto, la denuncia recoge el testimonio de un funcionario de Correos que fue en el pasado director de la oficina de Melilla y que, siempre según este documento, asegura haber notado “bastantes cambios” en relación a lo que se venía haciendo en comicios anteriores sobre la “custodia y almacenamiento”. Según su relato, en esta ocasión “los votos no se almacenaban en la caja fuerte que siempre se había utilizado a tal fin”. También detalla que él mismo vio a uno de los empleados encargados de la paquetería bajando cajas con votos “de una entreplanta o habitación en la parte superior, una habitación sin seguridad alguna y donde no hay cámara de seguridad, pero si en el pasillo que da acceso a ella”.
Según lo recogido en la denuncia, este testigo también califica de “no habitual, extraño y sorpresivo” que los votos recibidos cada día no eran llevados y almacenados “como siempre” al término de cada jornada “en su lugar de almacenamiento”, sino que permanecían en la oficina de atención al público sobre la mesa del despacho de uno de los empleados “sin ningún tipo de seguridad”. “Sorprende que los votos se depositen en urnas selladas y que los votos por correspondencia en estas elecciones no hayan estado garantizados de custodia y seguridad”, dice a este respecto la denuncia de CpM.
Por otro lado, este mismo testigo también alude a ciertos “cambios de comportamiento y hábitos” del actual director de la oficina de Correos de Melilla. Según su relato, modificó “notablemente” su actitud, mostrándose “esquivo y nervioso” y empezó a cambiar sus rutinas, lo que “llamó la atención de los funcionarios”. Durante esos días, siempre según este testimonio, era el primero en llegar y el último en marcharse, “incluso horas después de cerrar la oficina”, según había observado uno de los vigilantes de seguridad. También se le vio “usando una mochila” con la que no se le había visto antes.
Melilla fue el primer territorio donde la Justicia investigó un posible fraude en el voto por correo en las últimas elecciones municipales y autonómicas. El juzgado número 2 de la ciudad autónoma abrió una investigación contra casi una decena de personas, entre ellas varias vinculadas a Coalición por Melilla, por supuestas irregularidades en miles de votos por correo. La exigencia de presentar el DNI para poder emitir el voto a distancia, impuesta tras estallar el escándalo, neutralizó más de 6.000 papeletas bajo sospecha.
En su escrito, la Fiscalía no especifica qué delitos concretos investiga y ahora tiene seis meses para hacer las indagaciones necesarias antes de presentar una denuncia o archivar el caso. El líder de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán, que fue presidente de la ciudad autónoma entre 1999 y 2000, está inhabilitado hasta el próximo 30 de agosto tras ser condenado por el Tribunal Supremo por delitos electorales y de falsedad por un intento de fraude similar al que se investiga ahora en sede judicial en las elecciones al Senado de 2008. Por los mismos hechos también fue condenado el ex secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz. Ambas formaciones concurrieron de forma conjunta a esos comicios.
En ese caso no se acreditó la existencia de una contraprestación económica concreta. Sí se les prometía a los ciudadanos implicados que “serían contratados en los planes de empleo con preferencia a otras personas, lo que constituía un importante estímulo dado el número de desempleados que hay en Melilla”, según el fallo.
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