La fecha lleva tiempo marcada en rojo en el calendario de Moncloa, que retrasó al mes de julio el Debate sobre el Estado de la Nación, al que Pedro Sánchez llega por detrás del PP en las encuestas y tras unas semanas muy complicadas que el presidente trata de atemperar con el “gran éxito”, en sus propias palabras, de la cumbre de la OTAN, donde las felicitaciones de los mandatarios internacionales le han dado cierto oxígeno. En la resaca de la cita de la Alianza Atlántica de poco han servido sus llamamientos a “bajar los decibelios” en el seno de la coalición, donde la tensión ha ido subiendo no solo por la negativa de Unidas Podemos a ampliar el gasto militar, tal y como pide la organización atlántica, sino también por la respuesta del presidente a la tragedia de Melilla donde murieron 37 migrantes tras una actuación de la gendarmería marroquí que nadie ha explicado.
La escalada de reproches se produce en las vísperas del debate que monopolizará la política nacional la próxima semana y al que Sánchez y el PSOE habían dado máxima relevancia para imprimir el giro a la izquierda que trata de impulsar en la recta final de una legislatura en la que el PP ya celebra el “cambio de ciclo”. En público el ala socialista del Gobierno rebaja con buenas palabras una presión de Unidas Podemos que cada vez cae peor entre los ministros del PSOE.
En las filas de Unidas Podemos, entretanto, reprochan que Moncloa se comporte como si Sánchez gobernase con mayoría absoluta sin informar al socio minoritario con el argumento de que las políticas de Estado corresponden a los socialistas.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el crédito extraordinario de cerca de 1.000 millones de euros para Defensa que ha provocado la exigencia de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, de convocar la mesa de seguimiento del acuerdo de la coalición. En los últimos tres años había sucedido tres veces pero esta es la primera que lo solicita la vicepresidenta segunda en calidad de líder de Unidas Podemos. La anterior, que fue por la reforma laboral, la había pedido Ione Belarra.
“No hago otra cosa más que coser esta coalición. Pero para que la coalición siga transformando el país merece que hagamos un alto en el camino y tengamos el debate que como país merecemos”, expresó Díaz, quien se quejó de haberse enterado por los periodistas de esa decisión.
No obstante, en Moncloa sostienen que la modificación de crédito pasó por la comisión de secretarios y subsecretarios, la antesala del Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Hacienda. “El tema se expuso”, señalan las fuentes consultadas, que indican que Díaz explicitó las cuantías para cada partida al tiempo que se quejaba de no haber sido informada. En el ala socialista del Ejecutivo tratan de minimizar el conflicto.
Díaz quiere una coalición “más colaborativa”
“La reunión a la que se refiere forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición. Es una reunión habitual de los partidos que formamos parte de la coalición. Es normal, habitual y para eso está”, respondió la portavoz, Isabel Rodríguez, sobre la convocatoria de la comisión de seguimiento, que por ahora no tiene fecha, aunque en las filas socialistas dan por hecho que será antes del Debate del Estado de la Nación para no llegar con ese conflicto abierto a una de las citas claves del año. “Hay que normalizar las diferencias. Tenemos aproximaciones distintas”, tratan de contemporizar en Moncloa, donde conocieron la petición de convocatoria del órgano de discusión interno antes de que Díaz la hiciera pública.
Unidas Podemos no concreta todavía qué representantes enviará a esa comisión de seguimiento y las fuentes consultadas insisten en que su intención pidiendo la reunión es “cuidar” al Gobierno de coalición. La idea es pactar la discrepancia que les separa del PSOE no solo en materia del gasto militar sino también en cómo afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania y, en especial, el problema de la inflación. Además, Díaz, que mantiene un contacto “constante” con Sánchez, según su equipo, busca acordar las formas de comunicación entre los socios para hacer una coalición “más colaborativa” que permita agotar la legislatura. Los dirigentes de Unidas Podemos remarcan no solo que no hay ninguna intención de romper el Ejecutivo sino que les gustaría reeditar esa coalición con los socialistas tras los comicios de 2023 en un contexto de auge de las derechas.
Moncloa: “Interesa dejar de hablar de nosotros”
Tampoco Sánchez ha dado muestras de ir a romper el Gobierno. El presidente sostiene que necesita el espacio a su izquierda fuerte para seguir en Moncloa, en un momento de rearme del Partido Popular. Sin embargo, en los últimos días ha dejado sin responder la pregunta de si los ministros de Unidas Podemos pueden seguir en el Gobierno si rechazan la subida del gasto militar que pretende acometer ya en los próximos Presupuestos Generales del Estado. “Es una pregunta que tendrán que responder los ministros de Unidas Podemos”, respondió en La Sexta. “La coalición no es un fin en sí mismo. Este Gobierno se debe a España, a los españoles y españolas”, afirmó la portavoz que, tras enumerar algunos avances sociales, sentenció: “Interesa dejar de hablar de nosotros para seguir hablando de los españoles y las españolas que es a quien nos dirigimos cada día”
La intención de Sánchez de aumentar el gasto militar se mantiene vigente. El compromiso es aumentarlo hasta llegar al 2% del PIB en 2029 y sostiene que “no es incompatible” con seguir incrementando las inversiones sociales. Por ahora el órgano colegiado ha dado luz verde al crédito extraordinario que no pasará por el Congreso al tratarse una inyección del fondo de contingencia. “Es algo habitual. ¿Qué hay más extraordinario que una guerra se preguntan en Moncloa?”, donde pretenden convencer a sus aliados de que el incremento del gasto en Defensa es obligatorio dado que la seguridad “no está garantizada” a raíz de la guerra en Ucrania.
Precisamente desde la invasión rusa de Ucrania, Unidas Podemos quiso marcar perfil propio sobre la respuesta militar que debía dar España. Podemos, la fuerza mayoritaria del espacio confederal se opuso al envío de armas que sí respaldaron entonces la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón. Pero todos los ministros de Unidas Podemos, incluida Díaz, se mostraron en todo momento en contra del aumento del gasto militar cuando Pedro Sánchez lo planteó por primera vez, en respuesta a las exigencias de la OTAN. Lo que dice el ala socialista del Gobierno es que el crédito aprobado este martes es para hacer frente a esos gastos excepcionales derivados de la ayuda a Ucrania. Para Unidas Podemos es una línea roja.
El malestar en el socio minoritario estalló ya tras la cumbre de la Alianza Atlántica en la que Sánchez refrendó esa intención de incrementar las partidas de Defensa y les puso fecha sin haber consensuado esa iniciativa con la vicepresidenta segunda ni con Podemos. Unidas Podemos tomó la decisión de convocar la mesa de seguimiento tras el encontronazo que mantuvo Díaz con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el mismo lunes, a costa crédito extraordinario. Después de que, a primera hora, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, refrendara su rechazo al aumento del gasto militar, Robles le respondió instándole a preguntar a Díaz si estaba en contra de que se añadiera carga de trabajo a los astilleros de su localidad natal, Ferrol (A Coruña), donde opera la empresa Navantia. Díaz, después, recordó a la ministra que el crédito no tenía nada que ver con la carga de trabajo de dicha empresa y aseguró que esas decisiones deben ser consultadas con Unidas Podemos y “tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y con respeto democrático a las Cortes Generales”. Fue la primera vez que Díaz respondía a Robles, quien lleva meses lanzando dardos a sus socios.
La solicitud de convocar la mesa de seguimiento de la coalición y la respuesta a Robles se da, además, en la semana en la que la vicepresidenta segunda da el pistoletazo de salida a ‘Sumar’ , el proceso de escucha tras el cual pretende lanzar su candidatura a las generales. El primer acto de la plataforma está previsto para el viernes, en Madrid, y Díaz quiere llegar al mismo con un proyecto inequívocamente de izquierdas, con una postura clara no solo contra del aumento del gasto militar, sino también contra la forma en que se resolvió el último salto a la valla de Melilla, dos asuntos que generan consenso en el espacio político a la izquierda del PSOE y también en habituales socios parlamentarios del Gobierno como ERC, EH Bildu, Más País o Compromís.
La primera vez que se reunió la comisión de seguimiento del acuerdo fue nada más echar a andar el Gobierno y lo hizo en dos ocasiones consecutivas en febrero y marzo de 2020 a propósito de la ley del “solo sí es sí”, que fue el primer gran conflicto en el seno de la coalición, y por la política migratoria, que sigue siendo la asignatura pendiente de Sánchez. PSOE y Unidas Podemos habían sellado sus normas de funcionamiento unos días antes, entre ellas sendas comisiones de seguimiento del acuerdo a nivel parlamentario y gubernamental, que tuvo que ser recompuesta tras la salida del Gobierno de José Luis Ábalos, Carmen Calvo e Iván Redondo, que formaban parte personalmente o a través de sus equipos de ese organismo.
La siguiente vez que se reunió la mesa de seguimiento fue en julio de 2020 para relanzar la actuación del bipartito después de la pandemia, que obligó a cambiar los planes iniciales.
De nuevo fue la política de igualdad la que obligó a convocar la mesa en enero de 2021 a raíz de la ofensiva de Unidas Podemos para frenar la ley de igualdad de trato registrada en solitario por el PSOE al margen de sus socios. Fue la reunión más tensa en uno de los momentos más delicados que hasta entonces había vivido el bipartito. La denominada ‘ley Zerolo’ fue aprobada recientemente tras arduas negociaciones entre los grupos.
La última convocatoria de la mesa de seguimiento fue en octubre de 2021 a instancias de la líder de Podemos, Ione Belarra, por lo que consideró una “intromisión” de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en las conversaciones sobre la reforma laboral que hasta entonces había liderado la responsable de Trabajo con los agentes sociales. Aquel encuentro, en el que participaron los nuevos actores tras la remodelación del Ejecutivo, no acabó con acuerdo y fue Pedro Sánchez el que zanjó el conflicto al establecer un sistema de coordinación para esa negociación.