Dos sentencias del Tribunal Supremo comprometen el futuro de Dolores Delgado en la Fiscalía que llegó a dirigir durante casi dos años y medio. En unos pocos meses los jueces han anulado tanto su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Público como su posterior nombramiento como fiscal de memoria democrática, dejando en el aire si tendrá que volver a su antiguo puesto en la Audiencia Nacional o si alguno de los dos nombramientos podrá repetirse. En sus horas más delicadas, Álvaro García Ortiz se enfrenta a un nuevo varapalo del Supremo mientras los jueces tienen que decidir sobre su propio nombramiento y pendiente del desarrollo de la causa por revelación de secretos a instancias de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Dolores Delgado dejó la Fiscalía General en el verano de 2022 alegando motivos de salud. Fiscal desde 1989, abandonaba un mandato convulso, enfrentada a un Consejo Fiscal que pocos meses antes había quedado bajo dominio de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. La misma que ha llevado a los tribunales sus sucesivos nombramientos, que ha redoblado su oposición con García Ortiz al frente del Ministerio Público y que ha abandonado a sus propios miembros cuando se enfrentan a sus postulados.
Su ascenso a la máxima categoría, como fiscal de sala de lo militar, fue recurrido por otro de los aspirantes y anulado por el Tribunal Supremo. Los jueces entendieron que el actual fiscal general incurrió en desviación de poder al explicitar que firmaba el ascenso de Delgado no por una necesidad real sino por considerar que un fiscal general debería adquirir esa categoría nada más dejar el puesto.
Esa sentencia anuló su ascenso, pero Delgado siguió siendo fiscal de sala porque poco después había sido nombrada para ocupar ese puesto pero en materia de memoria histórica. El segundo varapalo llegó hace unos días cuando el Supremo, por otras razones, anuló también ese segundo nombramiento. En ese caso porque el Consejo Fiscal no analizó, tal y como pidieron las asociaciones conservadoras, si la fundación especializada en derechos humanos que preside Baltasar Garzón, su marido, choca con su puesto como fiscal especializada en la materia.
Fuentes del Ministerio Público explican que, por el momento, Delgado no ha perdido la condición de fiscal de sala: se ha anulado una decisión del Consejo de Ministros y debe ser ese mismo órgano el que, a través de un real decreto, declare su cese. Además, todavía existen dos recursos más pendientes de decisión sobre el nombramiento de Delgado: el presentado por la Asociación de Fiscales y el presentado por otro aspirante. Está por ver si el Consejo Fiscal vuelve a abordar el nombramiento, tal y como ordena el Supremo, antes de que se ejecute la sentencia y Delgado pierda la categoría.
Un año y medio sin conflictos
La última sentencia no cierra la puerta por completo a que Dolores Delgado vuelva a ser nombrada fiscal de sala de memoria democrática, pero sí da muchas armas al Consejo Fiscal para que lo pueda bloquear. El alto tribunal no cuestiona que tuviera el currículum suficiente para obtener el cargo, tampoco niega que pudiera presentarse y rechaza que Álvaro García Ortiz incurriera en desviación de poder o actuara movido por una “amistad” con Delgado. Pero entiende que el proceso debe repetirse porque el fiscal general no permitió que el organismo examinara si la actividad profesional del marido de Delgado podía chocar con su trabajo como fiscal de memoria democrática.
Su marido es el exjuez y abogado Baltasar Garzón, que desde hace años preside la fundación FIBGAR, especializada en la defensa de los derechos humanos y, entre otras cosas, en memoria histórica. La Asociación de Fiscales se mostró en contra de que Delgado pudiera acceder al cargo y la Asociación Profesional e Independiente recurrió el nombramiento y el Supremo ha otorgado una de las pocas herramientas que tiene el Consejo Fiscal para bloquear un nombramiento. Con un carácter generalmente consultivo, el artículo 58.1 deja en manos de este organismo decidir si la actividad “industrial o mercantil” de la pareja de un fiscal obstaculiza “el imparcial desempeño de su función”.
La sentencia, sobre el papel no entra en el fondo del asunto y deja la decisión en manos de un Consejo Fiscal liderado por las asociaciones contrarias al nombramiento de Delgado. Pero sí desliza que hay “indicios” de que la actividad profesional de Garzón podría ser considerada como un obstáculo para seguir ejerciendo como fiscal de memoria democrática, trabajo que desarrolla desde hace año y medio sin que haya surgido ningún conflicto por ese motivo. La actividad de la fundación sin ánimo de lucro que lidera el exmagistrado, además, “puede reputarse de carácter mercantil”, según los jueces, y la materia que trabaja “coincide significativamente” con el trabajo de Delgado en la Fiscalía.
No resuelve el fondo del asunto, pero el Supremo sienta las bases para que los vocales contrarios al nombramiento puedan plantear la batalla con la sentencia de su lado una vez descartada cualquier irregularidad o descartado también que Delgado no tenga los méritos suficientes para acceder al puesto. La batalla se planteará en si la actividad de Garzón se solapaba con la de Delgado, y si se puede considerar una actividad mercantil. Y en si, como dice una de las magistradas del propio tribunal, se está resolviendo de forma preventiva e inapelable algo que se suele solucionar a través de las abstenciones y recusaciones caso por caso.
Las “conjeturas” del Supremo contra Delgado
Pilar Teso ya se ha pronunciado varias veces en contra del criterio mayoritario de sus compañeros de sala a la hora de anular un nombramiento discrecional de la Fiscalía. Lo hizo cuando por dos veces el Supremo anuló el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, criticando que los jueces condicionaran la capacidad discrecional del fiscal general para nombrar a la cúpula de la Fiscalía. En ese caso, dijo la jueza, estaba imponiendo por sentencia firme su preferencia por uno de los candidatos.
En el supuesto de Dolores Delgado, las críticas de la magistrada van por otro lado y reprocha a sus compañeros que estén usando el Estatuto de la Fiscalía para abrir la puerta a bloquear un nombramiento por una causa que, en todo caso, tendría que resolverse por otra vía: la abstención o la recusación si, en un caso concreto, su trabajo chocara con el de Garzón y su fundación. Han actuado, dice, “por si acaso” y basándose en “meras conjeturas y suposiciones”.
Para la magistrada es “aventurado” afirmar que una fundación sin ánimo de lucro como la de Garzón pueda obstaculizar el trabajo de Delgado como fiscal de memoria democrática, algo que hasta la fecha no había sucedido desde su nombramiento en septiembre de 2022. FIBGAR, además de no tener ánimo de lucro, es de ámbito internacional y, por tanto, sus objetivos solo coinciden “en parte” con la Fiscalía española. La acusación contra la sala tercera es clara: “La aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad reviste especial gravedad”, afirma, y la promoción profesional de Dolores Delgado “no puede verse truncada por meras conjeturas y suposiciones”. Si su actividad como abogado puede ser también una incompatibilidad es algo que, en principio, no se alegó.
La sentencia conocida hace unos días va en la línea de la cruzada que la sala tercera del Supremo mantiene contra los nombramientos discrecionales, un sistema similar al que aplica el Consejo General del Poder Judicial para designar a los propios jueces del tribunal. Ha sucedido con Dolores Delgado, con el fiscal Eduardo Esteban, con varios nombramientos del CGPJ en el Supremo, con la presidencia del Consejo de Estado o la de la Agencia de Protección de Datos.
El próximo asalto tiene que ver con el actual fiscal general del Estado. La misma sala de lo contencioso-administrativo tiene pendiente analizar un recurso contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como sucesor de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, con una asociación cuestionando que sea idóneo para el puesto.
Encima de la mesa está la decisión de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial de no considerarle apto para la reelección, así como la decisión de varios jueces de no apartarse del caso como pedía el fiscal general. Todo en uno de los momentos más delicados de su mandato con la anulación de los dos nombramientos de Delgado y la causa abierta por revelación de secretos a instancias de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.