El Supremo confirma las penas principales por los ERE y Griñán entrará en la cárcel

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar las condenas de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves por su participación en el caso de los ERE de esa comunidad autónoma. En el caso de Chaves, los jueces de la sala de lo penal confirman su condena de nueve años de inhabilitación y en el de Griñán de seis años de prisión, lo que implicará su entrada en prisión. La defensa de este último ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional y pedirá suspender la ejecución de la condena.

El fallo no se ha aprobado por unanimidad sino “por mayoría” de tres a dos de los miembros que han integrado la Sala, informa el Tribunal Supremo. Las dos magistradas Susana Polo y Ana Ferrer han anunciado que dictarán un voto discrepante, en el que harán constar que deberían haber sido estimados cinco recursos, entre ellos el de José Antonio Griñán. Ha presidido el tribunal Juan Ramón Berdugo y le han acompañado en el fallo que se ha impuesto Carmen Lamela y Eduardo de Porres.

El tribunal ha estimado tres recursos de casación y parcialmente uno más y ha desestimado todos los demás, incluidos los de Chaves y Griñán. Por este motivo, el Tribunal Supremo ha acordado anular la sentencia en primera instancia y redactar una nueva que se conocerá próximamente, cuando esté redactado el voto discrepante.

En 2019, la Audiencia de Sevilla declaró probado que en los años noventa la Junta de Andalucía y su Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema de ayudas de dinero público para las empresas que contratasen a trabajadores con una edad cercana a la jubilación y también a empresas en crisis.

Un sistema que se extendió entre los años 2000 y 2009 y que siguió adelante a pesar de los múltiples reparos, entre otros, de la Intervención de la Junta de Andalucía. Estos millones de euros se canalizaban de manera irregular a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) valiéndose de modificaciones presupuestarias igualmente irregulares y evitando la mayoría de los controles y filtros de la administración para enviar el dinero lo más rápido posible a las empresas y trabajadores.

Descontrol en la concesión de ayudas

Las consecuencias de este descontrol perpetrado bajo los gobiernos de Chaves y Griñán, según sentenció la Audiencia de Sevilla, fue que muchos trabajadores y empresas en crisis que podrían haber optado a estas ayudas no lo hicieron, mientras que otros que ya no tenían derecho siguieron cobrando durante años. Según el cálculo del tribunal provincial sevillano, entre 2000 y 2009 se transfirieron de esta manera irregular 679,4 millones de euros para pagar estas ayudas sociolaborales y a empresas.  

Todos los condenados llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo y la Fiscalía pidió que la sentencia fuera confirmada. “Todo este sistema era prevaricador”, dijo el fiscal ante la sala de lo penal del Supremo el pasado mes de mayo. Las defensas, por su parte, afirmaron que todo este caso estaba basado en “una conjetura colosal” con Chaves negando que sus resoluciones sean prevaricadores y Griñán esgrimiendo que el sistema de ayudas cuestionado ya existía cuando se puso al frente de la Consejería de Economía de la Junta.

En la nueva sentencia, los jueces del Supremo absolverán a Javier Aguado Hinojal, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina y condenará a Juan Márquez Contreras a tres años de cárcel. Las juezas que emitirán voto discrepante consideran que, además de a a Griñán, un nuevo fallo debería haber absuelto de malversación también a Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serráno y Carmen Martínez Aguayo.