El Supremo amplía la investigación a las cúpulas de los partidos y la red de apoyo social independentista
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a la Guardia Civil un exhaustivo informe sobre la presunta participación de los partidos políticos PDeCAT y ERC, así como de las organizaciones ANC, Omnium y AMI en “una estrategia para lograr la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña”. Entre sus peticiones, Llarena pide que la policía judicial investigue la participación de los miembros del Comité Estratégico que aparecía en el documento Enfocats, y que incluiría a Marta Rovira como candidata de ERC al Parlament y secretaria general de esta formación secesionista.
Según Enfocats, considerado por el magistrado como una suerte de hoja de ruta del proceso independentista, el comité estratégico estaría formado por los destituidos president y vicepresident del Govern, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, así como Artur Mas y Marta Pascal, como presidente y secretaria general del PDeCAT, y Junqueras y Rovira, con los mismos cargos en ERC. Los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios de partidos independentistas como Junts pel Sí, Jordi Turull, hasta que entró en el Govern (julio 2017) y posteriormente, Lluís Corominas, además de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la portavoz, Anna Gabriel. También participarían en este organismo los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium, Jordi Cuixart, ambos en prisión en la actualidad, así como la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, que es alcaldesa de Villanova y la Geltrú.
El informe reclamado a la Guardia Civil deberá incluir “una expresión individualizada de cada una de estas personas”, dice la providencia del juez, a la que ha tenido acceso eldiario.es
Una vez reclamada la causa por rebelión, sedición y malversación a la Audiencia Nacional, el juez Llarena resolvió tomar declaración a los imputados que estaban en prisión, a petición de estos. Ahora, el juez comienza su propia investigación y señala directamente a las organizaciones políticas y sociales a las que pertenecen los investigados.
Más allá de los líderes de los partidos y entidades independentistas, Llarena abre el perímetro de su investigación a los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR), luego renombrados como Comités de Defensa de la República, de quienes pide a la Guardia Civil que se redacte un informe “sobre la organización y sobre las actuaciones concretas desarrolladas” por ellos. Reclama también que se informe sobre quienes son las personas responsables de los CDRs, grupos locales con amplia extensión territorial que se cuentan en número por decenas.
Financiación del independentismo
En la providencia, el magistrado ordena a la policía judicial que le informe de “si existen indicios que apunten a la existencia de un eventual concierto inicial entre los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana y las asociaciones ANC, Ominium Cultural y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.
Llarena se interesa por la financiación del proceso soberanista y pide a la Guardia Civil que averigüe si éste “haya podido abordarse o sufragarse por algunas de las entidades anteriormente expresadas”. De esos partidos y organizaciones su papel en “movilizaciones sociales como un instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia de Cataluña”.
En el detalle de sus peticiones está otro informe en el que la Guardia Civil identifique “de manera individualizada y secuencial” los distintos “actos de agresión, daños, así como los de grave resistencia o amedrentamiento, sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista (principalmente en los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre, 8 de noviembre)”.
Respecto de estos actos, Llarena reclama vídeos, fotografías, descripción de daños, agentes que actuaron y además “posicionamiento de elogio, tolerancia o rechazo que hayan podido mantener sobre hecho concreto, los encausados o cualquiera otra de las personas que integran el supuesto Comité Estratégico referido en el documento Enfocats (con soporte videográfico, sonoro o periodístico que lo refleje). Tanto por su presencia en el lugar de los hechos, como por declaraciones previas o posteriores que hagan referencia a los hechos concretos”.
Llarena asimismo quiere conocer cuántos fondos públicos se hayan gastado o “comprometido” para “iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero u otras semejantes”.
Por último, el juez quiere saber las órdenes que Joaquim Forn impartió “con respecto a las prohibiciones cursadas por los tribunales con ocasión a estos hechos, o sobre la inexistencia de ellas”.
En la misma providencia, fechada el pasado día 11, Llarena reclama al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona gran parte de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la 'Operación Anubis', incluida documentación incautada, comunicaciones e informes policiales.
