El Supremo pone límites a su investigación: ni segundos espadas ni más políticos en la cárcel
La investigación en el Tribunal Supremo por el referéndum secesionista del 1 de octubre está a punto de entrar en su fase final. El juez Pablo Llarena no quiere más investigados en la causa que se sigue en el Alto Tribunal ni imputados en la situación excepcional de prisión provisional.
Así lo ha puesto de manifiesto Llarena en sus últimas dos decisiones: un auto del viernes que rechaza hacerse cargo de la causa contra el antiguo mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, en el que ofrece una amplia lista de personas cuya investigación el Alto Tribunal no va a asumir; y la decisión de dejar en libertad a Marta Rovira, número dos de ERC y pieza política clave en el proceso soberanista objeto de la instrucción.
Estos dos hechos tangibles, unidos a la determinación del juez de acelerar la instrucción todo lo posible, aproximan la fecha en la que Llarena dictará auto de procesamiento, a finales de marzo o principios de abril, según los cálculos que se hacen en el propio Tribunal Supremo. Esa decisión, según las mismas fuentes, irá acompañada de la reactivación de la euroorden contra Carles Puigdemont y los cuatro huidos a Bélgica, ya con el peso de estar asentada en el citado auto de procesamiento.
La interpretación semántica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que predomina en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es que ese momento procesal implica la inmediata inhabilitación del artículo 384 bis, a pesar de su enunciado. “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Según la citada interpretación, “rebeldes” son aquellos procesados por delitos de rebelión.
Y hasta que llegue ese momento, Llarena ha optado por reducir todo lo posible cualquier interferencia. Uno de los cuatro encarcelados por decisión suya, Joaquim Forn, había solicitado que la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional contra Trapero fuera acumulada por el Supremo, a pesar de no ser éste aforado. La defensa de Forn alegaba indefesión con el argumento de que todo lo que afecta al jefe de los mossos le salpica como superior suyo que era y, sin embargo, queda fuera de su conocimiento al seguirse en otro tribunal. Llarena rechazó su pretensión porque la participación en los hechos de Trapero “sólo ha favorecido, pero no determina la actuación presuntamente ilegal de Forn” y, por tanto, no es motivo suficiente para que al policía lo investigue un tribunal competente en los casos de personas aforadas.
Es en ese punto del auto donde Llarena, “sin ánimo de ser exhaustivo”, advierte de que quedan fuera de su instrucción “los que diseñaron y propusieron a los responsables políticos los pasos para abordar la declaración de independencia”; los redactores de los borradores de textos legislativos que “se instrumentalizaron para la declaración soberanista”; o los máximos responsables de Diplocat, “que buscaron el apoyo y reconocimiento exterior de la nueva república”.
El juez también deja fuera de su causa a quienes organizaron la compra de material para el 1-O; los encargados del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, “que fueron quienes confeccionaron el censo, informaron a los posibles votantes de los centros de información disponibles y organizaron la voluntaria colaboración del soporte” para el 1-O; aquellos que participaron en la elección de los colegios electorales y los habilitaron para el voto; así como quienes pudieron redactar el texto constitucional de la nueva república o el desarrollo de su Hacienda.
Mas y Lloveras, este martes
Aun quedan tres investigados pendientes de declarar ante el juez. El expresident Artur Mas y Neus Lloveras han sido citados porque el documento Enfocats, la hoja de ruta del proceso para el magistrado, les señala como miembros del “comité estratégico”, o más bien ubica en él a las personas que ocupasen los cargos que en esa estructura se menciona. Es el mismo caso que Marta Pascal, quien este lunes quedó en libertad sin medidas cautelares tras comparecer ante el juez.
Cierra la ronda de investigados Anna Gabriel, la exportavoz de la CUP en el Parlamento que se encuentra en Suiza y que se inclina por no acudir a la cita judicial de este miércoles. Aunque el juez no descarta que del “desarrollo de las actuaciones” se pueda ampliar la nómina de investigados, Llarena no ha decidido citar aún a nadie más a pesar de contar desde el pasado 1 de febrero con el último informe de la Guardia Civil.
Sea por la actitud adoptada este lunes con Rovira y Pascal, en libertad, o porque la detención y extradición de Gabriel sería complicada de establecerse en Suiza, todo apunta a que la nómina de encarcelados provisionalmente antes del juicio se quedará en el citado Forn, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
El auto en el que Llarena negó la libertad a Forn alejó la posibilidad de que cualquiera de ellos salga de la cárcel antes del juicio. Ni el abrazo al marco constitucional para perseguir el objetivo de la independencia de Catalunya, primero; ni la renuncia a ser diputado, más tarde, fueron suficientes para que el juez deje de considerar que el riesgo de reiteración delictiva de Forn es tan alto como para mantener contra él la medida cautelar más grave que recoge el ordenamiento jurídico español.
La piedra de toque para un cambio en esa cifra de investigados en prisión era la declaración de Rovira. La Fiscalía propuso libertad bajo fianza, una figura poco habitual que habilita un plazo para que el investigado pague y no tenga que reunir el dinero desde prisión, y el juez aceptó. Llarena, en voz alta, repasó algunas de las fianzas puestas con anterioridad -llegó a recuperar los 25.000 euros de la anterior libertad bajo fianza, dictada contra los miembros de la Mesa a excepción de Forcadell- y terminó por cifrar en 60.000 euros la cantidad impuesta a Rovira.
