El Supremo confirma la suspensión que el CGPJ impuso al juez Manuel Arce

El Supremo ha confirmado hoy la suspensión cautelar de sus funciones que el Consejo General del Poder Judicial impuso al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Arce, para quien ha incoado un expediente de jubilación forzosa.

El magistrado recurrió contra ambas decisiones ante el Supremo, así como contra una sanción por falta grave (siete meses de suspensión) por desatención de sus deberes como juez.

El alto tribunal le ha negado todos sus recursos en dos sentencias conocidas hoy, en una de las cuales además condena en costas al sancionado -aunque esta segunda se ha dictado con dos votos particulares que la estiman adecuada aunque demasiado dura-.

El alto tribunal argumenta, en la sentencia en la que se pronuncia a favor de la suspensión provisional y Del expediente de incapacitación para Arce, que no cabe que él alegue “vulneración del valor fundamental de la independencia judicial cuando constan acreditadas actuaciones como las puestas de manifiesto en las diligencias practicadas”.

Y después apunta que el magistrado cometió “graves disfunciones a lo largo de un prolongadísimo periodo de tiempo, perjudicando a los ciudadanos cuyos derechos deben ser también tutelados”.

El Supremo recuerda en su sentencia que la inspección del CGPJ constató en el Juzgado Número 4 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, del que era titular Arce, un retraso de casos que se remontan al año 2006 y una acumulación de 546 asuntos pendientes, por lo que instó al órgano de gobierno de los jueces a que abriera un expediente de jubilación por posible incapacidad.

El Consejo pidió informe al Presidente de la Audiencia Nacional, quien explicó que “la situación en el juzgado se agrava porque el titular del mismo reconoce que no ha ido resolviendo los asuntos en función de la fecha” sino en base a otros criterios, siendo presumible concluir que se encuentran pendientes de dictar sentencia los procedimientos judiciales más complejos“.

Con estos datos, la Comisión Permanente y luego el pleno del CGPJ decidieron abrir el citado expediente de incapacitación y la suspensión cautelar ahora confirmados por el Supremo.