Susana Díaz ha tardado en presentar sus propuestas para la secretaría general del PSOE. Lo ha hecho este miércoles a primera hora. El documento, que llega cuatro días antes de las primarias, incluye la regulación de las consultas a los militantes. La presidenta andaluza asume la propuesta que ya han hecho sus rivales: que todos los militantes refrenden la caída de un secretario general para evitar el choque de legitimidades que se produjo en octubre, cuando el Comité Federal venció a Pedro Sánchez.
Aunque no especifica demasiado, la propuesta de Díaz plantea que los militantes sean consultados, además de para elegir y derrocar al líder, para ratificar acuerdos postelectorales y algunos asuntos aprobados por el Comité Federal o por un porcentaje de la militancia. No obstante, no aclara cuál sería ese porcentaje ni el tipo de asuntos que deben reclamar.
Las medidas de carácter orgánico se resumen en 17 propuestas que los ‘susanistas’ defenderán en el 39º Congreso Federal vía enmiendas porque, tal y como ha recordado Díaz, hace suyo el proyecto que salga de ese cónclave tras los debates de los delegados.
Entre las medidas internas más destacadas, está la creación de una Oficina Ética “con capacidad para actuar de oficio con el objetivo de luchar contra la corrupción dentro del PSOE”, la creación de un defensor del militante para “atender las quejas” de los afiliados y una secretaría social para recuperar la conexión con las organizaciones del tercer sector. También pretende que las bases puedan tener conexión directa con la Ejecutiva para solicitar información.
Díaz defiende que las gestoras son necesarias en momentos de “crisis” y que no deben resolverse “en falso”. Así, plantea que se limiten en el tiempo, pero que puedan prolongarse durante nueve meses. Sánchez dice en su documento que solo puedan durar 90 días. La actual gestora socialista tendrá un mandato total de ocho meses hasta que los militantes elijan nuevo secretario general.
La presidenta andaluza, que ha presentado su documento en un acto en la agrupación socialista del barrio madrileño de Fuencarral, dirigida por el diputado autonómico Juan Segovia, ha enfatizado la importancia de sus medidas para la juventud. Además de la gratuidad de la matrícula en el primer año de universidad para todos los estudiantes –que se mantendrá si aprueban en los siguientes cursos– y de la educación infantil de 0 a 3 años, Díaz apuesta por un sistema de créditos públicos para el comienzo de las carreras juveniles.
Préstamos fiscales al comienzo de la vida profesional
Esos préstamos de 24.000 euros que se podrán recibir en plazos (de cuatro, de tres o único) se devolverán vía IRPF cuando se empiece a superar un mínimo de renta. Díaz ha reconocido que le reprocharán que los “ricos” no paguen las matrículas y que tengan acceso a estas medidas: “Lo que tienen que hacer es pagar impuestos y con los impuestos pagamos el estado de bienestar”.
No obstante, esa medida ‘estrella’ no consta en la versión inicial del documento y el equipo la ha agregado con posterioridad a la entrega del texto. La “renta garantizada a los jóvenes” estarán condicionadas a un proyecto formativo, de inserción laboral o emprendedor. Las cantidades serán compatibles, en cada caso, con la percepción de rentas del trabajo para facilitar su inserción laboral, según recoge el anexo enviado por el equipo de la andaluza en el que explica que puede llegar a un millón de jóvenes en seis años con un presupuesto estimado de 1.000 millones en forma de aval del Estado.
Las rentas se devolverán sin intereses a lo largo de su vida laboral, a través del IRPF, durante un período de 10 a 20 años, de forma flexible y siempre en aquellos casos que perciban rentas superiores a los umbrales mínimos declarables“, según especifica el texto. Esos préstamos dependen del Estado por articularse en torno al impuesto de la renta. Por eso Díaz ha explicado que no puede ponerlo en marcha unilateralmente en Andalucía.
Esas medidas de “inclusión social” son, para Díaz, el quinto pilar del estado de bienestar. La presidenta andaluza planteará subir el salario mínimo un 6% anualmente los próximos tres ejercicios “si se mantiene el crecimiento y la creación de empleo”.
Díaz también plantea incluir en la reforma constitucional el blindaje a las entidades locales reconociendo en la Carta Magna sus competencias.