El Gobierno pide al Constitucional que advierta a Forcadell y Mas de que delinquirán si desobedecen

La abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta ha presentado pocos minutos después de las 12.00 horas de este miércoles en el Tribunal Constitucional (TC) el recurso del Gobierno contra la declaración aprobada el pasado lunes por el Parlamento catalán que inicia la “desconexión” de España y “proclama solemnemente” el inicio de la construcción de una república catalana. Media hora más tarde, Mariano Rajoy comparecía tras el Consejo de Ministros extraordinario para explicar la decisión y acusar a los afectados de “pretender acabar con la democracia”. “No lo vamos a permitir”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

En el recurso se solicita que la resolución se notifique a un total de 21 personas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga “bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones” -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

Los cargos apercibidos serían la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y el presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas o, en su caso, a la persona que resulte nombrada tras la investidura. Pero también a los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña y los del Consell del Govern de la Generalitat, es decir, a todos sus conselllers.

Rajoy ha acusado a Artur Mas y al resto de cargos advertidos por el Constitucional de querer “retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás” y ha resumido la moción de resolución como una oferta “para acabar con la democracia”. Ha insistido de nuevo en que este le gustaría que fuera el “último paso” y que se produjera una rectificación. Si no es así, volverá a decidir “con firmeza y proporcionalidad”, aunque no ha querido avanzar el siguiente movimiento. 

El jefe del Ejecutivo ha precisado que impedir las decisiones contrarias a la Constitución y al Estatut no supone paralizar la actividad legislativa del Parlament porque “en el ámbito de sus competencias puede aprobar las leyes que considere”. Así, ha recordado que el recurso busca dejar sin efecto cualquier decisión 

Recurso de la Abogacía del Estado

A las puertas del tribunal de garantías, Silva ha señalado que la impugnación contiene una petición expresa al TC para que “se notifique personalmente” la resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; al secretario general de la cámara, Pere Sol i Ordis, y a los miembros del Consejo de Gobierno y para que se les aperciba de que “pueden incurrir en un delito de desobediencia y ser suspendidos en sus funciones en el caso de que no cumplan la suspensión si esta es decretada”.

La impugnación de la declaración independentista, que fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP, fue acordada esta misma mañana por el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria tras obtener el aval del Consejo de Estado, cuyo informe declara la existencia de “fundamentos jurídicos suficientes” para el recurso.

A juicio del Consejo de Estado, y en consonancia con los argumentos de la propuesta presentada por el Gobierno a este órgano consultivo, la resolución del Parlamento Catalán implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española“ y ”su declarada insumisión a las instituciones del Estado“, por lo que vulnera varios artículos de la Constitución.

Pleno del TC esta tarde

El Pleno del TC se reúne esta misma tarde y todo hace esperar que la reunión será breve ya que los once magistrados no deberán discutir sobre el fondo del recurso, sino simplemente valorar si el escrito cumple con los requisitos formales para ser admitido a trámite. No obstante, el debate puede alargarse debido a que es previsible que el Gobierno solicite al tribunal de garantías la inclusión en la providencia de determinadas medidas de advertencia y bloqueo de cualquier acto dirigido a poner en marcha las medidas secesionistas. La adopción o no de dichas medidas y los términos en los que se acuerden podría generar debate en el seno del tribunal de garantías.

En todo caso, y al tratarse de un recurso del Gobierno la suspensión de la declaración por al menos cinco meses vendrá obligada por la mera admisión del escrito, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.