La versión exculpatoria de Rodrigo Rato respecto al cobro de comisiones de empresas adjudicatarias de Bankia se ha topado con varios testimonios de directivos de la época, realizados en agosto ante la Guardia Civil. Sobre todos ellos destaca uno, el de Pilar Trucios, directora general de Comunicación durante la salida a bolsa de la entidad. Trucios se posicionó en contra de adjudicar a Publicis la campaña de publicidad para la Oferta Pública de Valores (OPV) y, ante las presiones de “Presidencia”, llegó a exclamar: “¡Eso, que lo firme Arellano!”, en referencia a la secretaria de Rato, imputada por su presunta participación en la trama delictiva que lideraría el que fuera vicepresidente del Gobierno de Aznar.
Así lo expuso la propia Pilar Trucios durante su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a finales de agosto, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. En las próximas horas, Trucios y otros directivos de Bankia tendrán la oportunidad de ratificar sus declaraciones policiales ante el juez del caso, Antonio Serrano-Arnal, quien los ha citado para este miércoles y el jueves.
De los 16 testigos que pasarán por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, siete aún continúan trabajando en la entidad que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri. No es el caso de Trucios, que fue despedida un año después del encontronazo por la adjudicación a Publicis. Tras el despido, la mayoría de sus atribuciones pasaron a la secretaria de Rato, Teresa Arellano.
Cuando ocurrió el episodio descrito por Trucios, ella era directora general de Comunicación de la poderosa Bankia. Corría finales de 2010 y la entidad preparaba su salida a bolsa, la desastrosa operación puesta en marcha por Rato y sus colaboradores y que desembocaría en el rescate de la entidad por parte del Estado, con la inyección de más de 23.000 millones de euros de dinero público.
Trucios alegó que no era necesario recurrir a los servicios de la multinacional Publicis porque se podrían ahorrar costes contratando a una agencia nacional. La Oferta Pública de Valores (OPV) iba dirigida únicamente a clientes españoles, por lo que no había que promocionarse en el extranjero y era innecesaria la infraestructura exterior de Publicis. Pero la voluntad de Rato se impuso y la agencia fue la agraciada con la campaña. Las órdenes, según coincidieron varios testigos ante la Guardia Civil, vinieron “de arriba”.
Por aquel entonces, María Teresa Arellano ya era la coordinadora de Presidencia, denominación que recibía el cargo de la secretaria de Rato, la mujer al frente del departamento más cercano al hoy imputado. Pero su poder en la entidad creció aún más cuando Rato decidió prescindir de Trucios, en febrero de 2012. Sin dejar de ser coordinadora de Presidencia, de María Teresa Arellano pasaron a depender la mayoría de las áreas que antes estaban bajo la dirección de Trucios, tales como Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa, Marca y Protocolo.
Cuestionado el papel de víctima
Este es uno de los motivos que lleva a los investigadores a sorprenderse del perfil de víctima que se está proyectando de Arellano desde su arresto la semana pasada. Los investigadores consideran a la secretaria de Rato una colaboradora consciente en la comisión de los presuntos delitos que se atribuyen al exvicepresidente del Gobierno. Otras fuentes del caso refuerzan esta tesis aludiendo a las altas retribuciones que la mujer debía cobrar en Bankia. El sueldo de Trucios es público, 300.000 euros anuales y, tras su marcha, la mayoría de sus competencias pasaron a Arellano, exponen.
Las empresas Zenith y Publicis obtuvieron 40 millones de euros por los contratos relacionados con la OPV de Bankia. Al tiempo, Albisa Inversiones y Asesoramiento obtuvo 2 millones de esas firmas por trabajos que Anticorrupción y la Guardia Civil creen que nunca se realizaron. La tesis de los investigadores es que Alberto Portuondo, dueño de Albisa, se quedó con una parte y entregó los 833.000 euros restantes a Rato a través de pagos a una de sus empresas, Kradonara, en pago por las adjudicaciones.
En su declaración ante el juez, Portuondo dijo que Rato cobraba 40.000 euros mensuales por asesorías verbales. Ante el riesgo de destrucción de pruebas y de que huyera -se disponía a viajar a México, donde reside-, el juez dictó prisión provisional contra él. De los nueve imputados en la causa, es el único que a día de hoy está en la cárcel.
Zenith y Publicis lanzaron este martes un comunicado en el que rechazan cualquier irregularidad en las adjudicaciones, tanto en la campaña de lanzamiento de Bankia, como en la de estrategia y plan de compra de espacios publicitarios. Fuentes del caso distinguen, sin embargo, entre una y otra. La compra de espacios publicitarios, que realizó Zenith, se llevó la mayor parte de los 40 millones de euros que salieron de Bankia, pero no con destino a su caja. Con ese dinero se compraba la publicidad en radios, televisiones y periódicos, detrayendo la agencia su comisión legal. Es en la adjudicación a Publicis en la que intervino directamente “la Presidencia”, como declararon los directivos ante la Guardia Civil.
Rodrigo Rato insistió en su inocencia horas después de declarar ante Serrano-Arnal. En declaraciones a la agencia Efe, el exvicepresidente del Gobierno aseguró que ni adjudicó ni influyó en las campañas de publicidad de la entidad financiera. “Estoy convencido de la rectitud de mi actuación y también de que todos los contratos fueron estudiados y adjudicados por comités profesionales, de manera fehaciente y por escrito, comités en los que yo no participé ni influí de ninguna manera”, ha concluido.