Los testigos desmontan en el juicio la versión de Cifuentes sobre su falso máster

El juicio a Cristina Cifuentes sigue sin arrojar una sola prueba consistente de que realizara el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Llegados al ecuador de la vista no hay constancia de que realizara un solo trabajo, no aflora una explicación de por qué pagó la tasa final cuatro meses después de concluir el máster, ni hay rastro de su presencia en la universidad el 2 de julio de 2012 para defender el trabajo final. La falsificación del documento acreditando esa supuesta defensa presencial es la que tiene sentada en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se arriesga a cuatro años de cárcel por esa maniobra para intentar salvar su carrera política.

Además de apuntar a la URJC como responsable de la falsificación, la expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no ha podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que ha tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Estas condiciones tan ventajosas las pactó con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público que ofertaba su posgrado, y al que todos los miembros de la Universidad, testigos y acusados, han ubicado en el epicentro de la trama. Entre ellas, las tres profesoras que constan en el acta falsificada, que relataron ante el tribunal la relación de “jerarquía muy marcada” que tenían con él, una persona de carácter “difícil” y al que era muy complicado decirle que no. También el rector apuntó al catedrático, que en un primer momento le dijo que Cifuentes había hecho su máster “con normalidad” a pesar de las “inconsistencias” y “errores administrativos graves” que la URJC encontró después.

Álvarez Conde era también el único interlocutor de Cifuentes en el máster, según afirmó la expresidenta. A él le enviaba físicamente los trabajos a través de personas de su gabinete o mensajeros porque no le gustaba comunicarse por email. La profesora Clara Souto, que intervino después de la expresidenta, negó sin embargo que Álvarez Conde tuviera problemas con que los trabajos le fueran enviados a través de correo electrónico.

La manera en que Cifuentes obtuvo el título no era habitual en la URJC, según declararon varias docentes que comparecieron como testigos. Souto también desmintió que la defensa del TFM fuese un acto breve. Según declaró, se reservaba un aula, se conformaba un tribunal y se avisaba con “cierto tiempo” a los alumnos, que tenían unos diez o quince minutos para su exposición inicial y luego se sometían a las preguntas de los profesores. Lo normal es que el trámite se alargase hasta una hora. Nada que ver, por tanto, con la breve exposición de la que habló Cifuentes. 

Souto es una de las profesoras del máster que aparece como componente del supuesto tribunal que estuvo en su defensa de TFM junto a Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. Esta última, también acusada, afirmó haber falsificado el acta que acreditaría esa defensa por presiones de Álvarez Conde y de Maite Feito, que entonces era asesora en su Gobierno. En su interrogatorio declaró que había fijado el 2 de julio como fecha en la que habría tenido lugar esa lectura por orden del catedrático. Ante el tribunal, las tres profesoras han negado que estuvieran presentes el día que la expresidenta afirma que entregó y defendió brevemente ese trabajo. De hecho, no hay hasta el momento ninguna evidencia de que Cifuentes acudiera con ese propósito a la Universidad el 2 de julio de 2012.

Hasta ahora solo la copia de la agenda electrónica que Cifuentes incorporó en la primera jornada de la vista habla de su presencia ese día allí. La fiscal, Pilar Santos, quiso preguntar a la expresidenta cómo es posible que no incorporara esa prueba antes y lo haga tres años después de que salte el escándalo, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, no lo permitió alegando que la ley permite al acusado incorporar elementos en su descargo en cualquier momento del proceso y que ya valorará el tribunal su relevancia. La pericial de parte señala además que la cita se introdujo con tan solo 24 horas de antelación, el 1 de julio.

En estos tres años tampoco ha aparecido ninguna de las personas ante las que Cifuentes dice que expuso las “líneas generales” de su trabajo y entre las que se encontraba un hombre, según declaró en fase de instrucción. Cuando se le ha preguntado a la acusada si no le extrañó que ningún hombre firmara el acta de defensa de TFM que esgrimió, Cifuentes ha respondido que pensaba que unas personas la escucharon y que el tribunal que evaluaba era otro.

La expresidenta tampoco supo explicar otras irregularidades, como el pago de las tasas del TFM cuatro meses después de, supuestamente, haberlo entregado y defendido. Arrojó luz sobre esta cuestión la profesora Pilar Trinidad, jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre el caso. En su declaración como testigo afirmó que no se exigen tasas universitarias a quien ya ha presentado su TFM. “Para qué se va a demandar el pago de un trabajo que ya está entregado y calificado”, aseveró. 

Previamente, durante su interrogatorio, Cifuentes no había sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando supuestamente ya lo había defendido meses antes, en julio. La expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que le llegó el requerimiento para que pagase y así lo hizo, sin preguntarse a qué se debía. Como era una cantidad tan pequeña, afirmó, no le dio más importancia. La profesora Souto también afirmó después que las tasas se pagan siempre antes de presentar el TFM.

El beneficio de la falsificación

La inducción a la falsificación de la que acusa la Fiscalía se ha topado con la declaración de la asesora de la Consejería de Educación en aquel momento, María Teresa Feito, que se defiende asegurando que su interés en los hechos el 21 de marzo en la Universidad era únicamente “personal” y no instruida ni aleccionada por el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ni por la propia Cifuentes.

El testimonio del rector, Javier Ramos, ha abierto otro agujero en la declaración de Feito al explicar que la tesis que defendió el mismo día 21 en rueda de prensa de que no había irregularidades fue inducida por Enrique Álvarez Conde y por la propia Feito, que se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana, según ha contado.

Los indicios de que las presiones con el acta procedían de la Comunidad de Madrid han crecido cuando Ramos dijo que el propio consejero Van Grieken le había pedido “reiteradamente” el acta el día 21 por la tarde, si bien lo hizo después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía.

Cifuentes, sin embargo, había afirmado por la mañana que no había dado instrucciones a ninguno de sus colaboradores de que solicitaran el acta porque ni siquiera sabía que había un documento específico que recogiera la defensa del Trabajo de Fin de Máster y que fueron otros los que solicitaron a sus colaboradores que “recabaran”.

La falta por ahora de pruebas acerca de que Cifuentes diera instrucciones para la falsificación del acta no afecta a que pueda ser condenada por inducción o falsificación de documento. Como recogía la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, en su auto de pase a procedimiento abreviado, basta con que se beneficiara de esa falsificación para que pueda ser condenada por ella. “Desde el punto de vista de la prueba de acción se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos la autoría o la inducción para la ejecución de la falsedad”, escribió Rodríguez-Medel de acuerdo a una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo.