Los testigos de la intervención policial durante el estado de alarma en un piso de la calle Lagasca, en el barrio Salamanca de Madrid, en la que seis agentes accedieron a la fuerza con un ariete para disolver una fiesta ilegal, han declarado ante la juez sustituta del caso que nadie quiso abrir la puerta y que los policías iban buscando droga, en contra de la versión de los agentes.
La juez sustituta de Jaime Serret, al frente del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, ha interrogado a casi una decena de testigos de los hechos ocurridos a las cinco de la madrugada del 21 de marzo en una vivienda ubicada en el número 18 de la calle Lagasca. El operativo policial se hizo viral a través de un vídeo en el que se veía a los agentes derribando la puerta con un ariete.
Tras acceder a la vivienda, las 15 personas que estaban en el interior fueron identificadas y nueve de ellas fueron detenidas por un delito de desobediencia grave a la autoridad, aunque esa denuncia no prosperó. La investigación penal se inició, en cambio, contra los seis agentes, imputados por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada a instancias de una querella del inquilino de la vivienda y por orden de la Audiencia Provincial de Madrid ante el uso “desproporcionado” de la fuerza.
El pasado 14 de octubre, el juez instructor acordó archivar la causa respecto a cinco de los seis agentes, manteniendo solo la acusación sobre el subinspector al mano del operativo. El inquilino, a través de su abogado Juan Gonzalo Ospina, impugnó el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid, que se tiene que pronunciar al respecto.
Ante la juez y la fiscal, esta mañana han desfilado varios testigos, entre ellos el casero de la vivienda. El propietario ha ratificado que no se trataba de un piso turístico, sino que había un contrato de alquiler de larga duración, en contra de lo que mantiene la fiscal para tratar de dar legitimidad a la intervención policial, según la acusación. También han comparecido las personas que esa madrugada se encontraban en el interior de la vivienda en cuestión. En su declaración, los agentes manifestaron que varios de ellos quisieron abrir la puerta pero que otros les frenaron.
Esa versión choca con la ofrecida por los comparecientes, quienes han denunciado haber sufrido presuntas coacciones a manos de los agentes que incluso les llegaron a cachear buscando droga.
“La policía tiró la puerta. Nos dijeron que si decíamos que queríamos abrir, nos dejarían marchar. Nos dijeron que si decíamos que no queríamos abrir, nos llevarían detenidos por un delito desobediencia a la autoridad. Ellos iban buscando drogas. Nos cachearon revisaron el bolso, fue muy denigrante”, ha manifestado una de las jóvenes que vivió el episodio.
Los testigos han manifestado que les emplazaron a entrar con una orden judicial. Sin embargo, los agentes golpearon la puerta durante casi 30 minutos y al final accedieron a la fuerza. “Nos interrogaron uno por uno. A mí hubiera gustado abrir la puerta. No lo hice porque no me quería ir detenida. Nadie quería abrir la puerta antes de que la tirasen”, ha relatado otra joven.
El letrado del inquilino se ha quejado de que la fiscal centre su interrogatorio en acreditar que la vivienda era un piso turístico, un extremo que no es así como corrobora “la prueba documental aportada, los contratos de alquiler, los pagos de la renta y la propias testificales del propietario del inmueble que acreditan que el piso era un piso de larga duración”.
“Aun así, si fuera un piso turístico, la jurisprudencia avalaría que es una morada. Da mucha pena que ante hechos tan graves, la Fiscalía, en lugar de buscar la cualificación de los agentes y su conocimiento en derecho penal con el fin de buscar si la entrada se hizo a sabiendas de su ilegalidad sigue empeñada en buscar la exculpación para los agentes denunciados, algo inédito en una Fiscalía que mantiene la acusación en la mayoría de sus casos”, ha aseverado.
El propietario del piso ha explicado que alquilaron el inmueble al inquilino en búsqueda de un alquiler de un año. Por lo ocurrido el día 21 de marzo perdieron el inquilino. El inquilino se tuvo que marchar a los pocos meses por el acoso mediático. Tuvieron daños en la vivienda, daños en la puerta, y perdieron el alquiler.
Por ahora solo se investiga al subinspector de la Policía Nacional al mando del operativo desarrollado esa madrugada. La causa se enjuiciará por el procedimiento de Jurado Popular. En una audiencia celebrada el pasado 8 de octubre para la solicitud de pruebas, las partes solicitaron una batería de diligencias a practicar.