Cuando se constituyeron las Cortes y tomó posesión de su cargo, el pasado 19 de julio, Ana Pastor dijo sentirse “muy honrada” y “agradecida” por que Mariano Rajoy la hubiera propuesto para presidenta del Congreso y la elevara así a tercera institución del Estado. La sustituta de Patxi López aseguró que su papel era el de contribuir al consenso y al diálogo desde su puesto. Algunas de las decisiones que ha anunciado en el escaso tiempo que lleva en al frente de la Cámara Baja desmienten ese propósito.
Mantener congelada la actividad del Parlamento desde las elecciones del 26 de junio ha sido el primer motivo que ha conseguido enfadar a todos los grupos parlamentarios menos el del PP. Durante los 40 días de su mandato, el Congreso se ha limitado a decidir, este jueves, el acuerdo para distribuir los escaños que ocuparán los diputados en el próximo pleno. Las comisiones permanentes siguen sin constituirse y ni siquiera hay todavía plazo para ello.
Tampoco se da curso a las iniciativas parlamentarias, que se acumulan en el registro sin que pueda avanzarse más. Ya son casi 3.000 las iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios que llevan el sello de entrada, pero que no se sabe cuándo echarán a andar después de que la Mesa les dé el visto bueno.
El anuncio de la fecha de investidura ha sido el momento en que ha podido comprobarse con más claridad cómo se han antepuesto las siglas de su partido a los deberes del cargo. La elección del día es una potestad suya y, aunque todos los candidatos lo pactan con la presidencia del Congreso, en esta ocasión ha sido más evidente que nunca.
Rajoy dio largas durante días a Albert Rivera con su compromiso de fijar una fecha para someterse a la investidura después de haber jugado al despiste y dejar en el aire otra posible declinación del encargo del rey. Finalmente, el candidato del PP anunció que estaba dispuesto a someterse al Parlamento aun sabiendo que no tendrá los apoyos necesarios como para salvar el trámite con éxito.
Si el candidato del PP mareó hasta el último momento y desveló sus intenciones el pasado 18 de agosto. La fórmula para justificar que finalmente se había decidido fue críptica: “A una sesión de investidura no se puede ir sin la certeza absoluta de que uno puede ser investido y por eso voy”. Rajoy se escudó en el respeto a las formas para no desvelar la fecha ya que “es potestad de la presidenta de la Cámara”. Su papel, como recordó, es manifestarle su disposición a someterse al debate.
El caso es que Rivera había reconocido en público poco antes que él ya sabía la fecha porque se la había comunicado el presidente. Y hubo que esperar a la tarde para que Pastor la hiciera pública.
Imitar el formato del debate que se utilizó para la investidura de Pedro Sánchez no supondría una polémica si no fuera por cómo reaccionaron los conservadores a la decisión de Patxi López de que solamente el candidato pudiera pronunciar su discurso en la primera jornada del debate. El grupo de Rafael Hernando habló de “cacicada”, acusó a López de saltarse el reglamento y pervertir las leyes, por lo que amenazó con todo tipo de recursos.
Lo curioso es que el entorno de Pastor había y la propia presidenta habían indicado la preferencia por el formato de los debates sobre el estado de la nación. Es decir, que hubiera un primer discurso a las 12 y se interrumpiera después la sesión hasta las 16 horas, cuando habla el líder de la oposición y el resto de portavoces. Este miércoles, en cambio, anunciaba lo contrario. De esta forma, el discurso que Rajoy pronuncie durante el martes tendrá eco en los informativos hasta el día siguiente a primera hora, cuando será el turno de Sánchez. El 4 de marzo fue al revés.