“La tolerancia a la corrupción y a la tortura son señas de identidad de este país”

Lorena Ruiz-Huerta no deja indiferente. Es joven, inteligente y con grandes dotes comunicativas.

“No es habitual que haya mujeres jóvenes en lugares visibles de la política, incluso en la izquierda hay hábitos aún muy machistas, y por eso, aunque estoy cansada y mi mandato presidencial en la asociación se termina en junio, mis amistades me animan a continuar en las batallas”, confiesa.

Su asociación es pequeña y apenas cuenta con respaldo económico –“nos hemos gastado 3.500 euros en la campaña electoral, frente a las grandes sumas de otros candidatos”– pero ha gozado de visibilidad en algunos medios de comunicación debido, entre otras razones, a sus grandes vínculos con el movimiento 15M.

“No es ningún secreto. Tenemos vínculos muy sólidos. Algunos de nuestros asociados son integrantes de la Comisión Legal Sol-15M y también contamos con algunos abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como Rafael Mayoral, que está en lista de nuestra candidatura. Apoyamos plenamente estos movimientos sociales, pero por supuesto mantenemos nuestra independencia como asociación y un absoluto respeto por la independencia de estos colectivos sociales”, cuenta.

Además, ALA ha sido acusación popular en los casos Scilingo, Guantánamo, los vuelos de la CIA o la querella contra Aznar por la guerra de Irak, entre otros.

Nos citamos en el centro de Madrid para compartir una hora de conversación. Empezamos hablando de la nueva ley de tasas judiciales.

Tasas judiciales

“Esta ley es un ataque al derecho de la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, mucha gente de las clases medias y trabajadoras no podrán resolver sus problemas en los tribunales porque no tendrán dinero para pagarlo. Además no se hace distinción por la capacidad de renta, pagará lo mismo una empresa como Inditex que una persona trabajadora”, denuncia Ruiz-Huerta.

“Si alguien se quiere divorciar, por ejemplo, le costará unos 300 euros. Si tiene que litigar pasando por tres instancias, se puede elevar a más de 10.000 euros. Por tanto mucha gente se verá obligada a renunciar a los tribunales, y esto afectará además a los pequeños y medianos despachos, que somos la mayoría, porque muchos de nuestros clientes dejarán de litigar”. Y añade:

“Quiero subrayar que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado este año en una sentencia 190/2012 diciendo que las tasas son un impuesto legítimo pero que en el momento en que por su elevada cuantía impiden el acceso a la justicia de los ciudadanos, son inconstitucionales, contrarios al artículo 24 de la Constitución. El Gobierno solo se ha basado en la primera frase para aprobar esta ley. Eso es una manipulación absoluta de la sentencia y estoy convencida de que la ley de tasas será declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, el problema es cuándo”.

Criminalización de las protestas

“Estamos viviendo un ataque sin precedentes contra nuestros derechos fundamentales. La criminalización de las protestas es la consecuencia lógica del gobierno que tenemos”, denuncia Lorena. Y expone un reclamo:

“En este momento, más que nunca, es imprescindible que los jueces saquen a relucir su independencia para condenar estas prácticas policiales y para enfrentarse al poder político, cosa que hasta ahora está lejos de producirse”.

“Si alguien sangra, hay que investigarlo”

“Ha habido una actuación valiente por parte del juez Pedraz, pero no por parte de los jueces de Plaza Castilla. No puede seguir sucediendo que, con las imágenes que hemos visto todos en Internet y en televisión de las agresiones policiales, cuando las personas detenidas ensangrentadas pasan a disposición judicial la Fiscalía no haga ni una sola pregunta sobre cuál es la causa de esta agresión”, prosigue.

“Cuando una persona está con sangre en la cara, con lesiones o partes de lesiones médicos es un escándalo y una vergüenza que la fiscalía no investigue esos maltratos policiales y torturas. Cuando no investigan, se convierten en cómplices. Quiero lanzar un mensaje de súplica a la judicatura para que hagan gala de ser un poder independiente de otros poderes. Este país cambiará cuando se condenen e investiguen los casos de tortura y por supuesto cuando se ponga fin a los indultos por parte del Gobierno.”

Pregunta: Diversas organizaciones internacionales denuncian casos de tortura en España. ¿Hay falta de cultura de derechos humanos en este país? ¿Cómo se puede constribuir a su creación?

Los abogados podemos contribuir denunciando los casos de maltrato y tortura y animando a todas las personas que no están en ninguna asociación a que denuncien también, porque si no, nos convertimos en cómplices. En el momento en que nuestros clientes nos cuentan que han sido víctimas de maltrato y tortura (ya hay algunos que no lo cuentan porque no se fían), hay que denunciarlo, aunque sepamos que hay pocas posibilidades, hay que denunciarlo.

Esto tiene que ser un clamor profesional por nuestra parte, porque es importantísimo crear esa cultura, y además es una tarea de todos: la nuestra, denunciar, la de los medios de comunicación, dar altavoz a esas denuncias, porque hay que ir poco a poco creando conciencia democrática entre la ciudadanía.

Hay dos cosas que para mí son una seña de identidad de la falta de cultura democrática de este país, y son la tolerancia a la tortura y a la corrupción. En la expresión “me han tratado como un delincuente” se hace una distinción de trato policial en dos categorías: a los delincuentes se les trata mal.

Esto es algo que creo que está socialmente muy aceptado y que no puede ser, de la misma manera que está muy aceptada la corrupción. La única manera para enfrentarse a esto es hacer actuaciones valientes de denuncia, aunque sepamos que este es un camino largo.

P: ¿Cómo valora esta situación en la que se registran desahucios todas las semanas?

Los desahucios sin alternativa habitacional son inconstitucionales, porque vulneran el derecho constitucional a la vivienda. En este país, del que una relatora de Naciones Unidas ha cifrado el volumen de vivienda vacía en más de tres millones de casas, el gobierno está haciendo una absoluta dejación de su mandato constitucional de velar por este derecho.

Además España está siendo condenada por organizaciones de derechos humanos, por el Comité de Derechos Económicos y Sociales, estamos violando el derecho internacional. El procedimiento de ejecución deja indefensa a la ciudadanía, porque no se informa a la gente de su derecho a ser asistidos por un abogado de oficio.

Hasta que no entró en funcionamiento la PAH se estaban produciendo cientos de desahucios sin asistencia letrada. Es un escándalo. La PAH no puede acceder a tantos casos como hay y además el propio procedimiento no contempla garantías de defensa: La gente no puede alegar cosas tan evidentes como “me he quedado en el paro, las claúsulas pactadas con el banco eran abusivas”, etc. No está permitido por ley presentar esos motivos como causa de oposición al desahucio.

P: ¿Cuál es el caso que ha llevado como abogada en el que se ha sentido más involucrada?

Siempre he trabajado con la exclusión social, con el derecho penal y penitenciario, así que tengo muchos ejemplos. Vivo muy de cerca la represión atroz de este sistema completamente cruel, injusto e inhumano, porque trabajo en la cárcel, he trabajado muchos años en el poblado de las Barranquillas, y porque trabajo de turno de oficio.

Quiero denunciar lo difícil que nos lo ponen los jueces a los abogados que simplemente tratamos de ejercer el derecho de defensa de la gente. El derecho de defensa brilla por su ausencia en los tribunales. La desigualdad de arma entre el ministerio fiscal y la abogacía es total en los tribunales y la complicidad de los jueces con esto es muy grande. Muchas veces es una proeza poder hacer las cosas que están en la ley y que nosotros o que yo como abogada considero que tengo que hacer para defender a la gente.

Cuando tus clientes son pobres, van mal vestidos y vienen esposados al tribunal, tienen una presunción absoluta de culpabilidad. De verdad que es dificilísimo. Y más, siendo mujer y siendo joven, me gustaría que recojas esto.

Es muy difícil simplemente ejercer el derecho de defensa y exigir que se cumplan las garantías que están previstas en la ley. He sufrido faltas de respeto simplemente por tratar de reivindicar que mi cliente tenga las garantías que la ley recoge y que son fruto de 200 años de evolución del derecho penal y procesal.

P: ¿Recuerda algún caso concreto que le haya marcado?

Sin duda. El caso de David, un chico al que conocí en el turno de oficio, que ha estado muchos años en el mundo de la droga, treinta y tantos años de prisión. Cuando ha salido, después de tantos años y a base de muchos programas, dejó la droga y dejó de cometer delitos pero no tiene dónde vivir porque su familia no le quiere y tiene q vivir en la calle.

Y la policía le persigue, le han pegado muchísimas veces, le han abierto la cabeza, le han roto una vértebra de la espalda, le han pegado unas palizas en las detenciones y en la prisión tremendas. Hemos ido denunciado cada uno de estos casos y por supuesto en todos siempre sale condenado él y siempre absuelta la policia. Pero lo que fue clamoroso y espeluznante es que le imputaron hace un año la comisión de una serie de robos con alunizaje en unas tiendas de juguetes y una serie de farmacias. Se cometieron una serie de irregularidades tremendas durante la instrucción y el juez le metió en prisión provisional. Estuvo 8 meses en prisión provisional y él no había cometido ninguno de los delitos que se le imputaban y finalmente salió absuelto.

Todo, por el estigma de ser una persona que había estado tanto tiempo en prisión y porque todo se sabe, la policía sabe la cantidad de veces que hemos denunciado las palizas que le han dado. Él es simplemente un desgraciado, una persona que vive en la calle. Estas cosas causan un dolor y una impotencia espantosa.

P: ¿Cómo afronta estas situaciones?

Pues afortunadamente me sigo indignando, cada día con la misma fuerza, como el primer día. Me sigue escandalizando la falta de justicia que veo, la falta de respeto absoluta por el procedimiento por parte de la fiscalia, la desigualdad tan atroz, el racismo contra la gente pobre. Esa indignación la transformo en energía para poder continuar, pero a veces es difícil. Tengo la suerte de haber encontrado a compañeros que entienden la profesión como yo, aunque seamos una minoria. Estar juntos y formar parte de una asociación y poder compartir las experiencias es lo que te da al fuerza para continuar.

P: ¿Qué se juega el Colegio de Abogados de Madrid en estas elecciones a la Junta de su gobierno?

Mucho. El Colegio de Madrid es el más importante de todo el Estado porque es el que aglutina más abogados -más de 65.000- y porque aquí es donde están buena parte de las instancias judiciales, es donde hay mayor volumen de negocios y donde la abogacía adquiere una relevancia más especial, en el sentido de la relevancia económica e incluso política.

La Junta de gobierno del Colegio siempre llega al poder de la mano de los diferentes grandes despachos de abogados, que hacen un desembarco en el Palacio de Congresos, que es donde se celebran las elecciones, con autocares con abogados de Garrigues, Uría, de las consultoras como Deloitte, Ernst and Young, y frente al abstencionismo elevado de los colegiados de los despachos pequeños y medianos, ellos ganan.

Ahora hay gente que se está dando cuenta de que el Colegio tiene mucha importancia porque es el que tiene que luchar para hacer frente a la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia, para dar la cara por los intereses de los abogados y de la ciudadanía. Es una institución con capacidad para presionar a la Comunidad de Madrid, pero está completamente desaprovechada porque el actual decano ha convertido en una obsesión casi personal que no haya ningún tipo de conflicto institucional, lo que llega a convertirse en connivencia con la posición del gobierno regional y nacional.

Existe una “ósmosis” entre grandes empresas multinacionales, grandes despachos y cargos de la Junta de Gobierno que puede traducirse en falta de independencia del Colegio, colusión de intereses económicos y confusión de intereses colegiales y económicos, corporativos y personales, consiguiéndose así una perpetuación del statu quo imperante y afectando gravemente al principio de libre competencia en perjuicio de los medianos y pequeños despachos.

Se corre el riesgo de que estos grupos económicos o profesionales obtengan, por la vía del triunfo de las candidaturas que apoyan, el control de una entidad de derecho público como el Colegio de Abogados, sugiriendo, modulando, las declaraciones o decisiones que efectúen los responsables del Colegio.

P: ¿Puede ponerme algún ejemplo de esos amiguismos?

La Junta de gobierno del Colegio lleva treinta años -porque son siempre las mismas personas- ocupándose exclusivamente de los que afecta a los grandes despachos, vela por los intereses de los grandes despachos.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de contratar al despacho de Luis Rodríguez Ramos, que es el número dos de la actual Junta de gobierno para defenderles del caso Arena cuando el Ayuntamiento de Madrid tiene un cuerpo de letrados funcionarios entre los que hay especialistas en derecho penal. A mí esto me parece un escándalo. Este es el tráfico de influencias del que hablamos.

P: ¿Qué previsiones tiene del resultado electoral?

Es difícil frente a los grandes, pero aún así hemos tenido una visibilidad y recibido una atención mediática importante, porque tenemos un discurso y objetivos claros, porque estamos en contacto con la realidad, y eso ya es un triunfo.

Lo que me llama la atención es que otras candidaturas alardeen de independencia... Cuando a ti te apoyan las grandes multinacionales de las telecomunicaciones, los grandes despachos, las consultoras, las editoriales jurídicas, un Instituto de Master de Alto Nivel como es el Isde, que maneja un gran volumen de negocio, no alardees de independencia.

Mucho tendrían que cambiar las cosas para que, sin contar con apoyos económicos, de pronto ganara una opción verdaderamente alternativa y progresista como la nuestra. Esta es una profesión conservadora. La judicatura es el instrumento posiblemente más conservador que hay en este país y también la abogacía cercana a los grandes negocios, que es quizá la más cercana al Colegio. Por eso los abogados pequeños y medianos sienten el Colegio como algo lejano.

P: ¿Cómo valora la situación de la judicatura?

Creo que la judicatura es un estamento conservador muy alejado de la sociedad. Yo no sé en virtud de qué tantos jueces se colocan tan por encima de la gente y tienen una incapacidad absoluta de empatía.

Muchos jueces están alejados de la realidad, son incapaces de empatizar. El sistema penal es terriblemente violento y represor. La gente pasa mucha angustia en las declaraciones ante un juez que no mira a la cara de la gente, que no escucha, que no permite a la gente explicarse, cuando tú vas a una declaración la gente necesita explicarse y a veces necesita remontarse al día anterior, no puede contestar solo sí o no a la pregunta concreta, es que las cosas tienen explicaciones y sus porqués.

P: ¿Qué opina de las medidas adoptadas presuntamente para limitar la litigiosidad?

Con la ley de enjuciamiento criminal que creó los juicios rápidos y las últimas tipificaciones de delitos en materia de seguridad vial y la violencia de género, ha aumentado un 40% las designaciones del turno de oficio en materia penal, más todo lo que se lleva por la vía privada. Se quiere aprobar la cadena perpetua revisable. Todo esto aumenta el gasto. La gente no sabe lo que cuesta una persona al año en prisión, es todo un dinero que además se invierte en seguridad pero no en reinserción. Los que claman a favor del endurecimiento de las penas, si supieran lo que eso cuesta, a lo mejor cambiaban el discurso.

El Gobierno está enloquecido, quiere limitar la litigiosidad pero aumenta los tipos penales. Somos el país de Europa que más presos tiene por detrás de Reino Unido y a la vez el país de Europa que menor índice de delincuencia tiene. ¿Por qué? Porque cada vez más conductas que antes eran sancionadas con órdenes jurisdiccionales menos lesivos para los derechos de las personas, como el derecho administrativo por ejemplo, ahora lo son por derecho penal. Con eso los políticos han descubierto la gallina de los huevos de oro, el famoso populismo punitivo.

Se emplean cuatro casos verdaderamente graves y que causan mucha alarma social y que todos conocemos por nombre y apellidos –Marta del Castillo, Sandra Palo, las niñas de Alcasser– porque son pocos los que hay, son usados con la connivencia de los medios de comunicación para crear una sensación de inseguridad que se emplea para decir que en España las leyes son muy blandas, que hay que endurecer la ley penal, la gente lo aplaude y a continuación se cambia el Código Penal, algo que tiene un rédito electoral tremendo.

Y quienes pagan son los que están en la cárcel, que en un 98% son gente pobre procedente del mundo de la exclusión social, que sufren una ley penal cada vez más dura. Además está demostrado científicamente que a partir de un determinado número de años en prisión los daños en la psique de la persona son irreversibles. Esto es totalmente contrario al espíritu de la Constitucion que habla de la reinserción social como fin último de las penas.