El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este viernes a la Junta Electoral Provincial que suspenda su cese como diputado del Parlament, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre las medidas cautelares que solicitó para que no se le aplique el veto.
Torra ha presentado ahora un escrito ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, al que ha tenido acceso Efe, minutos después de que el Tribunal Supremo haya rechazado suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le retiró el acta de diputado autonómico por estar condenado por desobediencia.
Tras descartar adoptar medidas cautelarísimas de urgencia, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha acordado hoy tramitar como medidas cautelares la petición de Torra de que se suspenda el acuerdo de la JEC, por lo que tomará una nueva decisión en los próximos días sobre el asunto una vez las partes presenten sus alegaciones.
En su escrito, el presidente catalán pide a la Junta Electoral Provincial que suspenda la ejecución del acuerdo de la Junta Electoral Central que retiró su acta de diputado, hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre ese incidente de medidas cautelares, con el fin de no vulnerar su “derecho a la tutela judicial efectiva”.
En opinión de Torra, ejecutar ahora el acuerdo podría ocasionarle “perjuicios de imposible reparación, incluido la vulneración de derechos fundamentales” que invoca en su recurso, “más todavía cuando el Tribunal Supremo ha resuelto dar audiencia a la representación de la Junta Electoral Central y el Ministerio Fiscal”.
Al descartar las medidas cautelarísimas solicitadas por Torra, el Supremo mantiene por el momento la vigencia del veto a Torra como diputado autonómico, que fue adoptado por la Junta Electoral con una gran división interna y que dejaba en manos del Parlament la decisión de si abandona también la presidencia de la Generalitat.
La JEC le aplicó el principio de “inelegibilidad sobrevenida”, en base a la ley electoral, por haber sido condenado por un delito de desobediencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral, aunque su sentencia no es firme.