El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá este miércoles a las 10.30 horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para declarar en calidad de investigado por un presunto delito de desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos.
Torra fue citado en una providencia del magistrado instructor de la causa, Carlos Ramos, el 6 de mayo, después de que el 2 de abril el alto tribunal catalán admitiera a trámite la querella presentada contra él por la Fiscalía Superior de Catalunya por presunta desobediencia.
Previamente a su comparecencia, a las 10 horas, el jefe del Ejecutivo catalán hará un recorrido a pie desde Arc de Triomf hasta la escalinata de acceso al Palau de Justícia, sede del TSJC, acompañado del presidente del Parlament, Roger Torrent; el resto de miembros del Govern; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y los presidentes de la AMI y la ACM, Josep Maria Cervera y David Saldoni, respectivamente.
Al salir del tribunal, donde está citado en la sala de declaraciones de la Sala Civil y Penal, Torra hará una comparecencia ante los medios de comunicación desde el Palau de la Generalitat.
Asimismo, a las 9.30 horas, la ANC, Òmnium, AMI y ACM han convocado una movilización de apoyo a Torra que contará con la presencia de alcaldes y de representantes de la sociedad civil y de la cultura catalana, según han informado las entidades, y posteriormente atenderán a los medios los representantes de estas organizaciones.
DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El presidente catalán ya explicó, al recibir la citación, que ante el juez defenderá la “libertad de expresión” y asumirá las consecuencias en su declaración, y valoró que, a su juicio, la Junta Electoral ha demostrado parcialidad y arbitrariedad en sus decisiones.
En su querella, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, atribuyó a Torra un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la “autoridad superior”, cometido por una autoridad o funcionario público.
Según el Ministerio Público, el presidente incumplió “consciente y deliberadamente” lo decidido por la JEC en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo, en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat, en base al deber de imparcialidad y de actuar al margen de cualquier posición ideológica.
La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el “flagrante incumplimiento” de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.
El fiscal consideró que el mandato de la JEC, como máxima autoridad administrativa en materia de control de los procesos electorales, ha sido reiteradamente desatendido, según él “circunstancia de especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la ciudadanía”.
Para él, esta negativa “no puede quedar enmascarada ni por una supuesta voluntad de acudir a otros órganos informantes, que carecen de cualquier competencia”, en alusión al Síndic de Greuges, ni por la sustitución de los símbolos por otros que según él pretendían significar lo mismo.