Los trabajadores de los albergues de Madrid denuncian el cierre prematuro de la campaña de frío: “400 personas quedan en total desprotección”

“Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”, escribía Eduardo Galeano en su conocido poema. Así es como se sienten los usuarios de los centros de acogida Pinar de San José, en Carabanchel, el Centro Alternativo Villa de Vallecas y de diversas habitaciones en pensiones de Madrid. Pese a que el estado de alarma —y el toque de queda a las once de la noche— acaban en principio el 9 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid decidió poner fin el pasado 31 de marzo al dispositivo que refuerza durante los meses del invierno la atención a las personas sin hogar que viven en la ciudad, la llamada campaña del frío.

Durante 2020, la emergencia sanitaria originada por la crisis de la COVID-19 hizo que los albergues no cerrasen sus puertas durante el confinamiento. El Consistorio prorrogó la estancia y llegó a enlazarse con la campaña de frío de este año. Hasta hace unos meses, este dispositivo era gestionado por la ONG Accem, pero en febrero fue adjudicado a Grupo 5, la empresa que gestiona la plantilla del Samur Social. Los trabajadores aseguran que en un principio desde Grupo 5 se les informó de que la campaña se prorrogaría hasta mayo, pero “de un momento a otro” les avisaron “verbalmente” de que la fecha iba a cambiar. “El problema es que dejan en la calle a muchísima gente, una gran cantidad de ellos muy enfermos, con bombonas de oxígeno, en sillas de ruedas o con enfermedades infecciosas”, lamenta una trabajadora de Samur Social que prefiere mantener su anonimato.

Un portavoz del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid —responsable de la supervisión de la campaña del frío— asegura al elDiario.es que el dispositivo termina como de costumbre el 31 de marzo y que esa es la fecha establecida en el contrato. No obstante, afirma que se hace con la “garantía” de que “la red estable podrá atender a todas las personas sin hogar que lo demanden”. En el Ayuntamiento insisten en que se sigue trabajando para “abrir más plazas estables” en una red que consideran “ya muy amplia” e inciden en que la campaña del frío ha llegado este año al “máximo histórico de plazas y de duración”, dado el contexto pandémico.

Los trabajadores, sin embargo, afirman que la reubicación de las personas está siendo “muy lenta y desescalada”. En un escrito presentado al Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso elDiario.es, califican estos hechos de “negligencia” y alertan de que “400 personas quedarán en situación de calle y de total desprotección”. “Dicen priorizar [para ser relajados en la red estable] a las mujeres y grupos vulnerables, pero sabemos de gente enferma que dejaron en la calle y ahora están hospitalizados”, explica un trabajador del Centro Alternativo Villa de Vallecas.

“400 personas quedarán en situación de calle y de total desprotección”, indican los trabajadores en un escrito enviado al Defensor del Pueblo.

“La deshumanización que estamos viviendo me indigna como persona y como trabajadora, yo no quiero ser responsable de esto”, indica la trabajadora del Samur Social. En los centros es también donde los usuarios pueden conseguir mascarillas nuevas, se les toma la temperatura y se les aísla e informa a los servicios sanitarios en caso de un positivo en coronavirus.

Uno de los usuarios del centro de Pinar de San José con una enfermedad en una pierna augura un futuro lleno de incertidumbre y teme la “posible” presión policial. “No sabemos dónde vamos a acabar, somos muchos y no sé que va a pasar con el toque de queda. Te tratan como si fueras basura, no nos dejan alternativas para vivir”, afirma.

Ante esta situación, unas treinta personas entre trabajadores de los centros y usuarios, se concentraron la mañana del 1 de abril frente a la sede del Samur Social. “Dejan desamparados a cientos de personas, exigimos una solución inmediata para estas personas”, demanda Carlota Ginzo, quien acudió de forma solidaria y también visibilizó la situación de Alberto, vecino de Arganzuela que se gana la vida como puede a través de sus dibujos. Carlota también les ha comprado a las personas sin recursos concentradas unos móviles para poder ponerse en contacto con ella para seguir denunciando su situación.

Condiciones “inhumanas” en los centros

En las últimas semanas, los usuarios de los albergues gestionados por Grupo 5 también han denunciado irregularidades en el servicio, según adelantó El Salto Diario, y los trabajadores también afirman que el cambio en la adjudicataria “se notó drásticamente en la comida repartida”. Les han llegado a dar apenas dos rebanadas de pan de molde, dos quesitos, una pieza de membrillo y una compota de fruta o yogur a elegir entre ambas. “Hay que tener en cuenta que esto es lo único que comen en todo el día algunas de estas personas”, lamenta el trabajador del centro de Vallecas.

Las fuentes consultadas afirman que en ocasiones tampoco se ha cumplido la normativa sobre alimentos, pues la comida muchas veces iba sin etiquetar y sin información de alérgenos. De hecho, una trabajadora comenta que una usuaria le enseñó como le dieron un bocadillo con moho y en estado de composición todavída sin abrir. “Al repartir la comida así te cae la cara de vergüenza”, confiesa.

Aun así, gracias a los “ruegos durante dos meses”, hubo una inspección sanitaria. “Sorprendentemente, ese día había bocadillos etiquetados y en perfecto estado”, indican los trabajadores. “El Ayuntamiento de Madrid, como último responsable, debe responder para salvaguardar el bienestar de estas personas”, reprochan. Preguntado por esta cuestión, un portavoz del Consistorio asegura que “se ha intensificado el contacto con el Grupo 5 para determinar qué ha sucedido y qué aspectos tenían que mejorarse”.

Además de la escasa comida, también denuncian la falta de calefacción en el centro de Carabanchel durante los meses de invierno,  la ausencia de servicios de limpieza durante varias semanas en el centro de Vallecas y el mal estado de sus cañerías. Critican también que, tras la baja de la enfermera contratada en Vallecas, no hubo una suplencia de garantías. “Todos los sustitutos aguantaban dos o tres días”, afirma la trabajadora del Samur Social. Hasta el cierre, hubo una auxiliar de enfermería, pero dada su formación no podía poner inyecciones o realizar tests de antígenos, sólo administrar medicamentos. Ante la escasez de personal sanitario, “hubo en un momento que unos sanitarios intentaron enseñarnos ciertas actividades sanitarias, en las que nunca hemos estado formados, fue surrealista”, deplora la trabajadora del Samur Social.

Un portavoz de Grupo 5, que declina hacer comentario alguno sobre las deficiencias en la comida que denuncian trabajadores y usuarios, reconoce la “dificultad” para encontrar un perfil de profesional de enfermería ante la crisis de la COVID-19, si bien asegura que en la actualidad sí hay personal sanitario en los centros y la empresa tiene abiertas ofertas de empleo continuas para cubrir las posibles vacantes que puedan surgir.

Trabajadores y usuarios creen que en el origen de estas deficiencias en el servicio está el “fin de lucro” de la nueva adjudicataria. “En el capitalismo manda el dinero, pero de la pobreza humana no se puede pretender sacar provecho”, Ramón Prol, un usuario del centro que no percibe ningún tipo de ayuda y que padece problemas en la vejiga. “La sociedad hace que nos sintamos como basura, mentalmente estoy fatal. Nadie quiere dormir en un parque, pero las situaciones de la vida te llevan a esta situación”, se queja otro usuario. “Más que ayudarles se les está hundiendo en la miseria”, acota la trabajadora del Samur Social.

En su escrito al Defensor del Pueblo, los trabajadores también denuncian la “pésima gestión del grupo 5” y aseguran que el hecho de que este “servicio de mínimos” esté “bajo mínimos” ha dado lugar a situaciones de extrema complejidad, como brotes psicóticos, intentos autolíticos, sobredosis e incluso muertes. En consecuencia, reclaman que “el 100% del dinero destinado a recursos públicos sea para este fin y no para generar beneficios a estas subcontratas en detrimento de usuarios y personal trabajador”.

Por la “pésima gestión del grupo 5”, los trabajadores reclaman la gestión pública del Ayuntamiento de los servicios sociales de la ciudad de Madrid

Precariedad laboral

Además de la situación que viven los usuarios, los trabajadores también denuncian su precaria situación laboral, con escaso personal en los centros. “No damos a basto para satisfacer todas las necesidades de los usuarios”, afirma una trabajadora. Además, uno de los empleados denuncia que se le ha abierto un expediente sancionador que vincula a una aparición en prensa denunciando la situación. En concreto, le han suspendido “de empleo y sueldo” durante 15 días una vez deba reincorporarse a su puesto de trabajo en el marco de la siguiente campaña del frío. En la empresa lo niegan y declaran que los expedientes que se emiten por faltas en el incumplimiento de las funciones profesionales que vienen recogidos en el Convenio de Intervención Social y hablar con prensa no es ninguno de ellos.

Según la trabajadora del Samur Social también hay irregularidades en las retribuciones: muchos trabajadores aún no han podido acceder a consultar su nómina y “hay salarios que no cuadran siendo el mismo puesto y horario”. Además, desde la empresa se les ha informado de que van a cobrar el salario en dos apartados: “uno el salario base —ya cobrado— y otro en concepto de complementos y vacaciones no disfrutadas, pero no se sabe ni cuándo ni de qué manera”, censura.