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La Guardia Civil había acusado en su primer informe a la Delegación del Gobierno de Madrid de ocultar el rastro de las llamadas que hizo a manifestantes a los que supuestamente había presionado para que anulasen las concentraciones que tenían previstas después del 8M tras autorizar las marchas feministas. Los convocantes ya habían negado esas supuestas presiones y ahora son los trabajadores de la Delegación los que desarman la tesis sobre las llamadas: nunca se registran y nadie les dio orden expresa a los empleados de la Delegación del Gobierno de que no lo hicieran. Los trabajadores niegan también que tuvieran capacidad para evitar esas protestas.
Entre el 10 y el 14 de marzo, algunos trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid llamaron a quienes tenían manifestaciones previstas para informarles de los riesgos de contagio del coronavirus, una vez que la Comunidad computó el 9 de marzo un crecimiento vertiginoso de los casos. Todos –salvo un convocante– decidieron suspender las concentraciones y, como les pidieron desde la Delegación, enviaron un correo para que quedase constancia.
El primer informe que los agentes enviaron a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el 8M era claro en su acusación: “La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la DG (…) hace considerar la posible intencionalidad de la DG en que las mismas no figuren en ningún registro oficial”. A partir de ese entrecomillado, varios medios llegaron a asegurar que la Delegación del Gobierno, dirigida por José Manuel Franco –que sigue imputado por prevaricación por permitir la marcha del 8M– había ocultado pruebas a la jueza.
Las testificales de los trabajadores de la Delegación desmienten esa tesis con la que la Guardia Civil trata de apuntalar la responsabilidad penal de Franco, que tendrá que declarar el próximo 10 de junio. Por ejemplo, Elena García Díaz, del departamento se Seguridad Ciudadana de la Delegación, admitió que se hicieron esas llamadas para sugerir a los convocantes “que suspendieran las reuniones convocadas dada la emergencia sanitaria”, que “lo ideal era que suspendieran” porque no les pueden obligar a desconvocarlas. Dejó claro que las llamadas nunca se registran.
Aseguró que las comunicaciones telefónicas nunca se grababan –aunque cree que debería hacerse– y que la aplicación informática en la que se anotan los expedientes no da la opción de incluir las llamadas. Uno de los agentes le preguntó si había recibido instrucciones expresas de no dejar constancia de esas llamadas y esta trabajadora lo negó.
En el mismo sentido se manifestó José Luis Sánchez, también empleado de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Dijo que las llamadas a los promotores se hicieron “para sugerirles” que “de forma voluntaria” cancelaran las manifestaciones previstas. Solo un convocante, la Asociación de Agricultores de Extremadura (ASAJA), se negó a hacerlo y pidió una prohibición expresa por escrito. Así lo hicieron desde la Delegación. Negó también que habitualmente se registraran esas llamadas, “que no está contemplado así” y que en ningún caso recibió instrucciones para no anotarlas.
María Lourdes Andrés, auxiliar administrativa de esa Unidad de Seguridad, no realizó llamadas, pero también contribuyó con su declaración a desmontar la tesis de la Guardia Civil: “En caso de que se hubiese efectuado una llamada no aparecería reflejada en la aplicación que utiliza la Unidad de Seguridad Ciudadana para elaborar la resolución correspondiente (…) Que es una aplicación como tal y no tiene registro de llamadas”. Añadió que no se le dio orden ninguna de no hacerlo.
“Que lo ideal era que suspendieran las reuniones convocadas”, dijo Ignacio Ortiz, jefe de sección del departamento de Seguridad Ciudadana, sobre el contenido de las llamadas, y añadió que no tenían “un libro de registro” para anotarlas. “No es habitual llamar y tampoco grabarlas”, dijo, antes de negar como sus compañeros que hubiera ordenes expresas de no hacerlo.
Las declaraciones de los trabajadores se incluyen a partir de la página 164 del segundo documento que los investigadores de la Guardia Civil han aportado a la juez del caso. Los agentes hacen al comienzo del informe un breve resumen de esas testificales, en el que mencionan que las llamadas no se registraron. Los guardias civiles no hacen constar en este resumen que nunca se registraban y que los trabajadores habían negado recibir instrucciones para no anotarlas, lo que echa por tierra la tesis de su primer informe. Sí que insisten en que, en opinión de los agentes, esas llamadas deberían haberse anotado, aunque ya desaparece cualquier alusión a la “intencionalidad” de la Delegación por ocultar esas comunicaciones.
No se suele prohibir ninguna manifestación
Los trabajadores también coincidieron en sus declaraciones en que es muy complicado prohibir una manifestación. Todos ellos dijeron a los agentes que lo normal es revisar que la documentación es correcta y que únicamente se deniegan los permisos si hay riesgo de orden publico, se atenta contra derechos fundamentales o las autorizaciones no se solicitan en el plazo correspondiente. “La práctica habitual es que la DG no cancela prácticamente ninguna reunión”, dijo una de las funcionarias.
Los empleados a los que interrogó la Guardia Civil también negaron que hubiera una especial preocupación por el coronavirus en los días previos al 8 de marzo, y todos coinciden en que su temor por la enfermedad empezó a partir del lunes 9, cuando se produjo un importante aumento de los contagios. Ninguno mostró extrañeza porque no se prohibiese la manifestación del día de la mujer. “Entre el 5 y el 14 de marzo no pensaba que se iba a llegar a la situación actual”, dice una de las testigos interrogadas.
En esa misma tesis se sitúan dos responsables del área sanitaria de la Delegación interrogadas por los agentes: María Teresa Azuara y Ana María Sáenz. Ante la pregunta de qué le parece la celebración del 8M, Azuara dijo que “a fecha de hoy lo ve totalmente descabellado a la vista de la información que existe en la actualidad, pero que en fechas próximas al 8 de marzo la información no era la misma y no se podían evaluar los riesgos”. No le resultó extraño que no se cancelase porque “la información no era lo suficientemente amplia”. Por su parte, Sáenz admite que la celebración de esa protesta “no fue lo más oportuno, pero que tampoco se tenían los plenos conocimientos actuales que tenemos de la COVID-19”.
Por último, los agentes también interrogaron como testigos a dos trabajadores del área de prevención de riesgos laborales. Ambos comentaron a los agentes que pensaban que el 8M no debía haberse celebrado y que contribuyeron a aumentar los contagios. Uno aclara que eso “excede de su competencia laboral” y el otro admite que solo se dedican a prevención de riesgos y que su labor no consiste en decidir sobre la viabilidad o no de una manifestación. A pesar de ello y de que se trata de opiniones personales de dos empleados que no son expertas en materia sanitaria, los agentes de la Guardia Civil destacaron esas percepciones en el resumen que se plasma al inicio del informe.