Tres trabajadores del servicio audiovisual del Congreso piden amparo a la Mesa tras un despido disciplinario

Tres operadores de cámara del servicio audiovisual del Congreso fueron despedidos el pasado mes de mayo, en plena vorágine de la moción de censura contra Mariano Rajoy. La empresa que presta el servicio para las Cortes Generales, una filial de Mediapro, alegó las mismas causas en los tres casos para sendos despidos disciplinarios basados en la comisión de una falta “muy grave”, según las cartas de despido a las que ha tenido acceso eldiario.es. Ahora, los trabajadores despedidos piden el amparo y la intermediación de la Mesa del Congreso.

Las rescisiones, que dejan sin indemnización a los trabajadores, se produjeron el mismo día, el 29 de mayo. Según las demandas, no existió el previo aviso que exige el convenio colectivo, ni a ellos ni a sus representantes sindicales.

Los motivos alegados por la filial de Mediapro son los recogidos en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores tras la comisión de una “falta muy grave” consistente en “malos tratos de palabra y las faltas de respeto y consideración a los jefes, compañeros, subordinados u otras personas relacionadas con la empresa, de carácter muy grave, así como los malos tratos de obra”.

Según el relato de la empresa, dos de los tres operadores insultaron a una compañera durante la jornada de trabajo y en presencia de otros trabajadores. Uno de ellos llegó a amenazarla con mostrar “fotos y vídeos” de la mujer. El tercero de los despedidos lo fue, siempre según las carta de despido, por “faltar reiteradamente al respeto” en presencia de una compañera a una tercera persona no presente.

Los tres despidos se basan en estos testimonios que, según los demandantes, no son ciertos.

Carta a la Mesa

Las rescisiones llegarán este martes a la Mesa del Congreso que preside Ana Pastor. Los delegados sindicales de CGT de la Cámara han registrado una carta dirigida al máximo órgano de gobierno de la institución solicitando su amparo ante lo que consideran una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores.

En la misiva, a la que ha tenido acceso eldiario.es, se recuerda el conflicto abierto entre la empresa (Mediatem) y parte de la plantilla por el uso de trabajadores de otro centro de trabajo (Senado) para cubrir las bajas causadas por la huelga feminista del pasado 8 de marzo.

Un “esquirolaje”, en opinión de los sindicatos, que fue publicado por eldiario.es y que no era la primera vez que se producía. Al día siguiente, otra información incidía en el mismo sentido: la introducción por parte del Congreso de una 'cláusula antihuelgas' en el contrato para el servicio de su cafetería. La publicación de esta noticia provocó que los servicios de la Cámara retiraran dicha cláusula de los pliegos.

La carta, registrada el pasado miércoles, se recuerda que fueron los servicios de prensa del Congreso los que permitieron el acceso del personal del Senado para sustituir a sus compañeros en sus puestos de trabajo.

Ese día, Ana Pastor presidía un acto en el marco de la huelga feminista que fue emitido por los servicios audiovisuales del Congreso gracia a la presencia de trabajadores del Senado, según denunció CGT.

Negociación de un nuevo convenio

“Los tres despedidos son trabajadores especialmente significativos y conocidos por su actividad sindical y reivindicativa”, señala la carta. “No es ocioso destacar que los operadores de cámara somos trabajadores que, por nuestra función, visibilizamos especialmente cualquier conflicto laboral, como lo es el seguimiento de una huelga legal”, añade.

El sindicato señalan que los despidos se producen en el contexto de una negociación del convenio colectivo. “Entendemos que el Congreso debe asumir su responsabilidad respecto a las condiciones y forma en que se desarrolla trabajo en sus dependencias”, concluye la misiva, que pide una declaración en favor de la “readmisión” de los trabajadores y que se exija a la empresa “estricto cumplimiento” de las leyes.

Fuentes del Congreso de los Diputados señalan a eldiario.es que la Mesa ya se pronunció la semana pasada sobre el asunto cuando sus miembros fueron informados de forma oficiosa. La decisión fue la de inhibirse al no existir “relación laboral directa”, informa Gonzalo Cortizo. 

El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, sin embargo, buscará que la Mesa se pronuncie de nuevo este martes, cuando se reúna, y ya con la carta oficialmente registrada. Fuentes del grupo aseguran a eldiario.es que sí existe “una relación jurídica directa” y que, en cualquier caso, la institución no puede pasar por alto la denuncia de una “vulneración de los derechos fundamentales”.

Las mismas fuentes señalan que se reunirán con los trabajadores en los próximos días. “Vamos a estar pendientes”, aseguran.