El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el grueso de la ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que fue recurrida por el Gobierno del PP, al estimar que invade competencias del Poder Judicial.
Fuentes del Constitucional han confirmado a Efe la sentencia del tribunal, adelantada por El Mundo y que ha sido aprobada con los votos particulares de cuatro magistrados.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, reconocer y reparar a las víctimas no merece reproche constitucional alguno, pero la ley persigue, en general, “fijar la verdad de lo sucedido”.
La creación para ello de una comisión para investigar y verificar posibles delitos “al margen, por entero, del Poder Judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal” es, según la sentencia, “contraria a la Constitución”.
“No son posibles en nuestro Estado de Derecho actuaciones del poder público directa y específicamente dirigidas a la investigación criminal si no se realizan bajo la dirección o el control inmediato del Poder Judicial”, integrado por jueces, magistrados y fiscales, se destaca en la sentencia.
La comisión creada por Navarra “invade” funciones exclusivas del Ministerio Fiscal, añade.
El fallo cuenta con los votos particulares de Juan Antonio Xiol Ríos, Antonio Narváez Rodríguez, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer Callejón.
En varios de ellos se cuestiona que la norma pretenda suplantar al poder judicial y se defiende el derecho de las administraciones públicas a resarcir a las víctimas fuera del proceso penal, como se hace con las víctimas del terrorismo.
La ley foral, impulsada por Izquierda-Ezkerra y aprobada en 2015 con la oposición de UPN y el PP, fue suspendida cautelarmente a principios de 2016 al admitirse a trámite el recurso del Ejecutivo, que consideraba que vulneraba, entre otras exigencias constitucionales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
En opinión del Gobierno, la “Comisión de reconocimiento y reparación” que creaba iba a tener funciones relacionadas con la investigación de atentados, agresiones, torturas u otras vulneraciones de derechos humanos que la Constitución reserva a los jueces y tribunales, ejerciendo “una especie de justicia paralela”.
El Gobierno de Mariano Rajoy también llevó en 2017 ante el Constitucional la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999, varios de cuyos artículos quedaron suspendidos temporalmente con la admisión a trámite del escrito.
Como en el caso navarro, el Ejecutivo esgrimió que la comisión de valoración creada por esa norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no podía entrar a valorar casos de violencia policial porque es una labor que compete a los jueces.
Pero en la comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco celebrada la semana pasada en Madrid se acordó la retirada del recurso antes de las vacaciones de verano a cambio de introducir unos “cambios puntuales y muy concretos” en la norma.
Según apuntó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, esos “pequeños retoques” servirían para “dejar aún más claro” que la norma busca únicamente reconocer y reparar a estas víctimas y no identificar a los autores de las vulneraciones de derechos humanos y exigirles responsabilidades penales.