El tribunal que juzga a Fabra rechaza su petición de apartar a la acusación popular
La primera jornada del juicio al expresidente del PP provincial y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha centrado en la lectura de las calificaciones provisionales de las distintas partes y en el planteamiento de las cuestiones previas por parte de las defensas de los acusados. El tribunal ha rechazado la petición de la defensa de Fabra de apartar a la Unión de Consumidores, que representa a la acusación popular. Carlos Fabra, que no ha querido hacer declaraciones a los medios, comenzará a declarar este jueves en la vista oral, que se celebra en la Audiencia provincial de Castellón.
Entre las cuestiones previas planteadas, el abogado de Fabra, Javier Boix, ha solicitado que la Unión de Consumidores -que representa a la acusación popular-, sea apartada del procedimiento, extremo que el tribunal ha rechazado. La defensa considera que la actuación de la organización de consumidores provoca una “acusación sorpresiva”, una petición a la que se han sumado el resto de abogados defensores aunque ha sido desestimada por la sala.
Además, la defensa del exdirigente 'popular' ha exigido la retirada de los delitos fiscales de los que se acusa a Fabra -a excepción del de 1999-, al considerar que están prescritos, y ha pedido que no se admitan las declaraciones de los inspectores de la Agencia Tributaria, al estimar que “no actúan en términos de imparcialidad objetiva”.
“Afecta a mi defendido y a sus derechos”, ha argumentado el letrado, quien considera que, de admitirse las declaraciones de estos peritos, “España sería el único país de Europa en el que se permita la doble condición de personas como denunciantes y peritos”. Sin embargo, la sala ha anunciado que resolverá sobre este extremo en la sentencia.
Además, el letrado de Montserrat Vives ha solicitado que se admita como prueba un pen drive que contiene la grabación del juicio que tuvo lugar el pasado mes de mayo y en el que se condenó al empresario Vicente Vilar y a su exesposa, Montserrat Vives, por falsificar documentación ante el Ministerio de Agricultura para obtener los permisos necesarios para comercializar productos fitosanitarios en el llamado caso Naranjax.
Esta cuestión ha sido, en cambio, estimada por el sala, que ha ordenado que se haga entrega de una copia de la grabación a cada una de las partes, con el objetivo de que puedan estudiar su contenido.
Fabra declarará este jueves
Tras esta primera sesión, este jueves comenzarán las declaraciones de los acusados, empezando por el propio Carlos Fabra, que ha llegado este miércoles a la Audiencia Provincial rodeado de una gran expectación, pero sin el apoyo de miembos del PP. Fabra se ha negado, tanto a la entrada como a la salida, a hacer declaraciones a los medios. Posteriormente, llegó su exmujer, Amparo Fernández, acompañada por su hija Claudia, quien ha estado entre el público durante toda la jornada.
Durante la sesión, el exdirigente popular, que ha entrado en la sala con un maletín, ha escuchado atentamente el escrito de calificaciones, con semblante sereno y relajado, y ha llegado a sonreír en algún, y ha conversado en alguna ocasión puntual con su exmujer, Amparo Fernández, quien se encontraba sentada justo a su lado, y quien aparentaba mayor tensión.
El resto de acusados, el empresario Vicente Vilar, su exesposa, Montserrat Vives, y el exenador del PP, Miguel Prim, se han sentado junto a ellos. Vilar ha permanecido durante toda la vista esposado, ya que cumple condena por otra causa.
Varios exministros de Aznar declararán como testigos
La Fiscalía pide 13 años de prisión para Carlos Fabra, que está acusado de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal desde que hace diez años se iniciara una investigación a raíz de dos querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar, que denunció la mediación de Fabra para la aprobación de productos de su empresa a cambio de una contraprestación. Entre otras gestiones, se reunió con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, que también será juzgado por “presionar” a altos funcionarios para este mismo fin. Cuando finalmente se aprobó una de las líneas de producto más importantes de Naranjax, Fabra le requirió a Vilar 150.000 euros por su mediación.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, declarará por escrito como testigo en el caso que juzga al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y confirmará que el Ministerio ha seguido siempre el orden de tramitación de asuntos y sin anticipar “un expediente sobre otro”, según ha avanzado este miércoles el ministro.
