El Tribunal Superior de Madrid rechaza la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido rechazar la querella que Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, presentó contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación. Los jueces rechazan que exista un “torticero alejamiento de la norma” por parte del juez, como afirmaba Gómez en su querella, y explica que ni siquiera ha recurrido por la vía ordinaria muchas de las decisiones de Peinado que considera prevaricadoras.

Todas las acusaciones de Begoña Gómez contra el juez Peinado, afirma el TSJM en su auto, son “una suposición, una opinión” de la esposa del Presidente del Gobierno contra el magistrado que dirige desde hace meses una investigación contra ella a instancias del pseudosindicato ultra Manos Limpias.

La decisión del Tribunal Superior madrileño implica el rechazo a las tres querellas que fueron interpuestas contra Peinado por su gestión de la causa en la que investiga a Begoña Gómez desde el pasado mes de abril. La primera en fracasar fue la interpuesta por el periodista Máximo Pradera por revelación de secretos al entender que había informado públicamente de la causa a pesar de estar bajo secreto de sumario, acusación rechazada por el TSJM.

En ese caso, los jueces entendieron que diversos comunicados emitidos por el TSJ de la capital en torno a la apertura de la causa no se saltaron el secreto de la causa. “La publicación de determinadas diligencias sin revelar su resultado no infringe el secreto de las actuaciones, moviéndonos en el ámbito de lo público y lo publicable”, dijeron entonces los magistrados. Ahora repiten esos argumentos para rechazar las acusaciones de revelación de secretos que también hacía la querella de Gómez.

Poco después llegó la inadmisión de la segunda querella, presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez y acusando al juez Peinado de prevaricar en la citación como testigo del Presidente del Gobierno. Un auto en el que los jueces del TSJ cargaron con dureza contra la querella y la Abogacía del Estado, con uno de ellos incluso planteando la posibilidad de que el Presidente del Gobierno fuera multado con miles de euros por actuar con temeridad.

Esta tercera querella, presentada por el abogado y exministro Antonio Camacho en representación de Gómez, acaba de ser rechazada. El tribunal madrileño explica que las quejas de la empresaria van dirigidas contra decisiones que o bien no son competencia del juez o que ni siquiera han sido recurridas. Que algunas resoluciones del juez, por ejemplo las relativas al secreto de sumario que fueron afeadas por la Audiencia Provincial, no son necesariamente prevaricadores por el hecho de haber sido revocadas.

No fueron decisiones “insostenibles”

“Solo las resoluciones insostenibles deben ser consideradas prevaricadoras”, explica el TSJM. Tampoco ven delito en la gestión que el juez ha hecho de la personación de acusaciones populares vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias, Vox, HazteOir o el abogado Aitor Guisasola, entre otros.

Los jueces reconocen que, en algunos casos ya detectados y subsanados por la Audiencia Provincial en mayo y octubre, las decisiones de Juan Carlos Peinado “no fueron ajustadas a las exigencias de la norma procesal”. Pero no prevaricadoras. La imprecisión del juzgado 41 de la Plaza de Castilla, no son un “flagrante apartamiento de la norma” como exige el delito de prevaricación.

La decisión del TSJ de Madrid implica que las tres acciones penales interpuestas contra el juez Peinado por prevaricación quedan desestimadas y que el magistrado, después de las últimas resoluciones de la Audiencia Provincial, tiene vía libre para seguir adelante con una parte importante de su investigación. Descartadas las sospechas en torno a su posible participación en el rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa, el magistrado ha centrado sus pesquisas en las adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés y en el trabajo de Gómez en la Universidad Complutense.

Por ahora todos los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descartado las sospechas que partieron de una denuncia de Manos Limpias creada a partir de media docena de recortes de prensa, entre ellas un bulo. Tanto Barrabés como el rector de la Complutense han negado cualquier trato de favor a la empresaria o que su matrimonio con el Presidente del Gobierno le haya supuesto un beneficio empresarial.