“Levantar las alfombras tiene un alto precio”, proclamó Cristina Cifuentes, a través de un plasma, a los cinco días de que eldiario.es desvelara que consiguió un máster con notas falsificadas. Un mes y medio después, la proclamada a sí misma luchadora contra la corrupción está imputada en un juzgado de Madrid por falsedad en documento público y cohecho impropio, éste último un delito de corrupción que es imposible deslindar del cargo que ostenta quien lo comete.
El papel de víctima que se arrogó Cifuentes en la primera parte del escándalo fue derivando, a la luz de las pruebas, en un intento de atribuir la responsabilidad de las irregularidades en la confesión del máster a la Universidad Rey Juan Carlos. Fue la estrategia que desplegó Génova y que la propia Cifuentes plasmó por escrito en una carta enviada al rector de la URJC, Javier Ramos, el 17 de abril, en la que aseguraba que las posibles irregularidades son “totalmente ajenas” a ella.
Con la decisión adoptada este viernes por la jueza Carmen Rodríguez-Medel de citar como investigada a Cifuentes, ese papel de víctima torna en el de presunta autora del delito. La magistrada considera que hay indicios de que Cifuentes se aprovechó de su cargo y que en razón de él recibió trato de favor. Y no solo eso, también de que participó en la trampa, de ahí la imputación por falsedad documental.
El artículo 422 del Código Penal recoge que hay cohecho impropio cuando “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años”. Esta fue la acusación que condujo a Francisco Camps hasta el banquillo de los acusados y de la que fue absuelto en el denominado caso de los trajes.
La rapidez con la que la magistrada Rodríguez-Medel ha imputado a Cifuentes da cuenta de la claridad de los indicios que aprecia ya contra ella. Antes de que dimitiera y renunciara a su escaño, la jueza de instrucción no era competente para investigarla debido al aforamiento del que gozaba Cifuentes.
La magistrada recibió, por reparto, la denuncia de una catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, el 17 de abril, después de las informaciones de eldiario.es le permitieran descubrir que su firma había sido falsficada en la convalidación de tres asignaturas.
Cinco días después, la magistrada admitió a trámite la denuncia y citó a los primeros testigos e imputados. Este jueves abrió la ronda de declaraciones, que se alargaron durante nueve horas. Con la información recabada y la que le había remitido la Fiscalía, ha decidido llamar de inmediato a Cifuentes como imputada.
La actuación de la jueza contrasta con las diligencias de la Fiscalía. Los primeros en llevar a la justicia el máster de Cifuentes fueron las asociaciones universitarias, el 22 de marzo. Con la denuncia estudiantil, la Fiscalía no abrió diligencias hasta el 5 de abril, el mismo día que la URJC le anunció que enviaría documentación del máster. Arrancó entonces una investigación de la que solo ha trascendido la toma de declaración a Alicia López de los Mozos, una de las supuestas examinadoras cuya firma fue falsificada. Esta denunció coacciones del director del instituto del máster, Enrique Álvarez Conde, pero no hubo más citaciones por parte de Fiscalía.
Cuando la jueza admitió a trámite la denuncia de la catedrática de Salamanca, el 22 de abril, la Fiscalía, como es preceptivo, archivó sus diligencias y dio traslado a la instructora. Ni siquiera la principal investigada hasta ahora, la profesora Cecilia Rosado, presunta autora material de las falsificaciones de las firmas del tribunal, había declarado ante la fiscal jefe de Móstoles, Margarita Rossignoli. El tercer miembro de ese tribunal, Clara Souto, alegó una baja por enfermedad. Este jueves, ninguna pudo escapar de la citación judicial.
Queda el interrogante de si Cecilia Rosado hubiera aportado la misma información que ha desgranado ante la jueza ante la Fiscalía, en el caso de que el Ministerio Público la hubiera citado cuando Cifuentes era todavía presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante las dos horas que estuvo el jueves ante la jueza Rodríguez-Medel, Rosado señaló directamente al entorno más próximo a Cifuentes como el origen de las amenazas para crear una coartada que salvara a la expresidenta.
Como ha adelantado eldiario.es, Rosado ha declarado ante la magistrada Rodríguez-Medel que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, ha asegurado Rosado que le trasladó Feito.