El PP apoya gravar a las energéticas en Europa mientras lo rechaza en España

“No está bien recibir beneficios de la guerra y que paguen el pato los consumidores”. La frase no es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No es una defensa del impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas, cuya tramitación parlamentaria comenzó ayer pese al rechazo de PP y Vox. Es una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al anunciar el gravamen especial impulsado por la UE y que recaudará 140.000 millones. Y es, además, otro revés para la estrategia de Alberto Núñez Feijóo en materia energética, que ha tenido que cambiar el paso una vez más: de rechazar lo que se plantea en España a aplaudir los planes de Bruselas.

La tasa a los beneficios extraordinarios que están amasando los sectores financiero y energético se ha convertido en el último ejemplo de la falta de sintonía entre el PP español y la partitura que se toca en Bruselas. Y eso que Von der Leyen es una destacada dirigente del Partido Popular Europeo. Pero se repite la historia que ocurrió tantas veces con los fondos europeos: las denuncias de la derecha española son silenciadas por la realidad de la UE.

La presidenta de la Comisión planteó durante el debate sobre el estado de la Unión celebrado este miércoles en Estrasburgo que “los beneficios” generados por la crisis en Ucrania “deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”. El discurso de la presidenta del Ejecutivo europeo confirmó que los Veintisiete van en serio en dos aspectos: gravar los ingresos extraordinarios de los operadores energéticos y modificar el sistema que actualmente fija los precios. 

La idea de Bruselas, que todavía debe ser aprobada por una mayoría cualificada de los países de la UE, seguramente el próximo 30 de septiembre, pasa por implementar un impuesto extraordinario y temporal, de mínimo un año de duración, del 33% para los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Además contempla un tope al precio mayorista de las electricidad generada por fuentes que se benefician de forma artificial del alto precio del gas, como son la nuclear, el lignito o las renovables (denominadas “inframarginales”). El mecanismo para poner a nivel europeo un tope al gas como el que funciona en España y Portugal está todavía en estudio.

Ese dinero servirá para que los Estados lo gasten. ¿En qué? La autonomía es bastante amplia. “Estos ingresos se pueden utilizar para proporcionar apoyo a los ingresos, reembolsos, inversiones en energías renovables, eficiencia energética o tecnologías de descarbonización”, dice Bruselas.

De esta lista, el PP se queda solo con una parte, la que le interesa, para pivotar desde ahí su giro y defender el miércoles lo que el martes le parecía “irracional y tramposa”. El responsable parlamentario para estos asuntos, Mario Garcés, designado por Feijóo, dijo para justificar el rechazo que la medida era fruto de la “irracionalidad fiscal”. “El único beneficio caído del cielo son los 22.000 millones de euros que le han tocado a ustedes”, añadió, en referencia al incremento de la recaudación fiscal provocado por la inflación.

El PP votó no a la medida. Pero no a su aprobación definitiva, sino a la toma en consideración. Es decir, a asumir una propuesta firmada por el PSOE y Unidas Podemos y debatirla en una comisión parlamentaria, lo que da pie a modificar su contenido. Algo que es probable que tenga que ocurrir porque, técnicamente, el impuesto anunciado por Bruselas y el planteado en España tienen diferencias que habrá que pulir. Por ejemplo, la proposición votada el martes habla de gravar los “ingresos”, cuando Bruselas plantea que se calcule sobre “beneficios”.

Desde el Gobierno de coalición se muestran muy satisfechos con la propuesta de la Comisión y restan importancia a estas diferencias y explican que en la tramitación parlamentaria se introducirán vía enmiendas los cambios pertinentes para adaptarlo a lo que marca Bruselas, informa Irene Castro. 

Apenas unas horas después del anuncio de Von der Leyen, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, explicaba en los pasillos del Congreso por qué su partido aplaude la idea de Bruselas mientras rechaza la de los socios del Gobierno de coalición en un vídeo en el que intentaba diferenciar, sin mucho éxito, entre “tasa” e “impuesto”.

“Una cosa es la tasa que plantea Europa, enfocada a bajar los recibos. Mientras que el impuesto va a subir la recaudación”, dijo la también portavoz parlamentaria. “España no tiene un problema de recaudación. Todo lo que sea bajar impuestos y bajar facturas, de entrada el PP dice sí. Todo lo que sea subir impuestos para recaudar más, de salida es no”, zanjó.

Fuentes del PP reiteran que “lo que se recaude con la tasa UE tiene la finalidad de rebajar la factura a los consumidores; los impuestos no son finalistas, así que de momento, serían para incrementar la recaudación pero no sabemos a qué lo dedicarán”.

140.000 millones de recaudación

Pero la propia Von der Leyen ha cifrado la “recaudación” en 140.000 millones. Y no es cierto que ese dinero se vaya a destinar “a bajar recibos” únicamente. De hecho, la parte fundamental de ese dinero vendrá del mecanismo que pondrá un máximo de 180 euros el megavatio hora generado con tecnologías inframarginalistas. Y entre las prioridades también está la de bajar el consumo de luz, con una obligación para todos los Estados: un ahorro del 5% en hora punta.

Esta propuesta, pendiente de ratificación, está pensada para reducir la dependencia del gas cuando la demanda eléctrica es mayor y entran en funcionamiento las plantas que usan esta fuente de energía. Y choca frontalmente con el plan de Feijóo, que ha defendido reiteradamente que los empresarios saben perfectamente “cuándo apagar sus escaparates” y ha rechazado la imposición de ahorro aprobada el pasado mes de agosto en un real decreto ley.

En el documento que Feijóo remitió al Gobierno se hacen “recomendaciones” al sector privado. Y obligaciones, esta vez sí, para el sector público, aunque difícilmente se podrá lograr así este ahorro del 5% que pretende Bruselas en horas punta, y del 10% de promedio por país.

En lo que sí coinciden el PP y Bruselas es, precisamente, en “topar el precio de nuclear, renovable e hidráulica”, tal y como expresó Feijóo el martes por la noche en un acto de partido en Salamanca. A renglón seguido, el líder del PP arremetió contra el Gobierno: “Lo que no andamos es con el tope del no sé qué, con el tope del gas de no sé qué, que al final lo que hemos conseguido son tres cosas: romper relaciones con el primer suministrador, comprar más gas licuado a Rusia que ningún otro país y regalar 1.000 millones a los franceses a los que subvencionamos el gas”.

El PP sigue sin explicar cómo calcula esos “1.000 millones” regalados a Francia, ni qué mecanismo es el que hace que los españoles subvencionen el consumo del país vecino. De hecho, España se ha convertido en exportadora neta de electricidad a Francia por los graves problemas que tienen con sus centrales nucleares. En lo que va de año, el saldo neto es de 2.798 gigavatios hora, según Red Eléctrica.

En todo caso, tras tres meses de tope al gas la electricidad es un 36% más barata que en Francia y el ahorro ronda los 2.300 millones.

Y sí es cierto que España ha aumentado su importación de gas licuado desde Rusia hasta convertirse en el primer comprador de esta materia al país que preside Vladímir Putin, con Francia en segunda posición. Pero Feijóo obvia que hay países que compran mucho más gas natural a Rusia a través de gasoductos, con Bulgaria y Alemania en puestos destacados, con el doble de gasto que España, según los datos del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Feijóo pide levantar las reglas de transición ecológica

Pero el líder del PP no solo arremetió contra la política energética del Gobierno de coalición, sino que elevó el tiro y se vio con fuerzas para poner deberes a la propia Unión Europea. A ambos les reclamó desde la Junta Directiva del PP de Salamanca detener las normas que buscan reducir el impacto medioambiental de los países miembros.

“Pedimos una transición energética real que se ajuste a las necesidades de la industria y de los hogares”, dijo Feijóo, para concluir, obviando que la cláusula de escape fue activada por Bruselas al principio de la pandemia, dos años antes de la invasión rusa de Ucrania: “Europa ha suspendido todas las reglas fiscales porque estamos en guerra, Europa debe de tomar razón, y el Gobierno de España debe de tomar razón, que mientras estemos en guerra y tengamos una crisis energética como la que tenemos, tenemos que modificar nuestra política energética para una vez finalizada la guerra proseguir con nuestros objetivos, después de mantener los empleos y la industria”.

Después aterrizó la idea para insistir en una propuesta que ya ha planteado varias veces: aprovechar todas las fuentes energéticas. Una forma de reclamar que se pongan a funcionar al tope de su capacidad todas las centrales, ya sean poco o muy contaminantes. Y eso que España es exportadora neta de electricidad por primera vez en la historia.

Pero otra vez Ursula Von der Leyen ha echado por tierra el relato del PP. En su discurso ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión apostó por afianzar ahora la transición energética. “Este mercado [el eléctrico] no está funcionando. Ha dejado de funcionar. Además, la crisis climática tiene un precio en nuestras facturas, la sequía ha afectado a las plantas hidroeléctricas y es diez veces más cara la luz. Está generando ansiedad a millones de empresas y familias. Quiero que nuestra Unión tome ejemplo y reduzca la demanda en horas punta para que el suministro dure más”.

Es decir, la motivación de la UE no es solo económica, sino que pretende utilizar un elemento exógeno, la invasión rusa de Ucrania, para afianzar los pasos dados en la transición hacia tecnologías más limpias. Por eso el plan de Bruselas no pasa por reinvertir los 142.000 millones que espera recaudar en reducir los recibos de la luz, que también, sino por invertir “en energías renovables, eficiencia energética o tecnologías de descarbonización”. 

Eso se hará con un tipo específico de al menos el 33% a los beneficios extra de las centrales que usan combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, el carbón y las refinerías. Algo que no casa muy bien con pedir la reapertura de la central térmica de As Pontes, como ha insistido Feijóo en las últimas semanas.

Feijóo dice ahora que las eléctricas deben bajar el recibo

Feijóo concedió en la noche del miércoles una entrevista en La Sexta en la que se mostró partidario de eliminar la llamada excepción ibérica, el tope al gas que la UE autorizó a mediados de junio en España y Portugal para tratar de frenar la escalada de los precios de la luz, al considerar que “la están pagando los consumidores”. Eso sí, defendió poner un tope al precio mayorista de nucleares, hidráulicas y renovables.

Al mismo tiempo dijo que si llega a convertirse en presidente del Gobierno pediría a las compañías eléctricas que hicieran descuentos a sus clientes para rebajar la factura. Una idea que expresó ante las preguntas de Ana Pastor, pero que no figura en las 46 páginas del plan energético que el PP remitió el pasado lunes a Moncloa.

Si el PP gobernara, su propuesta pasaría por tratar de “restablecer relaciones con Argelia, establecer precios máximos de las energías nucleares, renovables e hidráulica y pediríamos a las compañías energéticas que durante un tiempo hicieran un descuento directo a sus clientes”, ha explicado este miércoles Feijóo en una entrevista en el programa El Objetivo, en La Sexta.

Al ser preguntado sobre el impuesto extraordinario a la banca y empresas eléctricas, cuya tramitación avaló este martes e Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, Feijóo aseguró que el objetivo de su partido es “bajar los recibos de la luz a las persona de menor renta”, mientras que, en su opinión, lo que el Gobierno pretende con ese impuesto es “recaudar un dinero para después repartirlo como considere oportuno”.

“Si las empresas contribuyen a bajar los recibos de los clientes diremos sí, daremos nuestro apoyo, pero es que el Gobierno está gravando la facturación de una compañía, no los beneficios”, insistió.