Ulibarri negó al juez que mantuviese “ninguna charla con alcaldes” sin saber que había escuchas con horas de grabaciones

Cuando el presunto cabecilla de la trama Enredadera –una red de amaños de contratos públicos desmantelada por la policía con detenciones en varios ayuntamientos- José Luis Ulibarri pasó a disposición judicial el pasado 4 de julio, desconocía hasta qué punto había llegado la investigación y el alcance de los pinchazos telefónicos sobre los que se apoya todo el caso.

Con la causa bajo secreto de sumario, el empresario de la construcción y los medios de comunicación, negó en los interrogatorios datos que hoy son evidentes para los investigadores del caso. A Ulibarri, como sucede en este tipo de operaciones, sólo se le informó de los delitos por los que había sido detenido dos días antes en su vivienda de Madrid: una lista que pasaba por la prevaricación, el cohecho y el tráfico de influencias, entre una larga lista que lo mantuvo en prisión los últimos meses hasta que salió en libertad a mediados de septiembre.

En el acta de esa primera declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez le preguntó lo que la policía había deducido de sus llamadas intervenidas durante los meses anteriores: si acostumbra a ponerse en contacto con políticos cuando sus empresas tienen problemas o intereses. “No lo sé, si tengo contratos es porque me tocan”, contestó antes de añadir que su hija Adriana, cuyas conversaciones de tono político también registra la UDEF, “vende vino” y “no está en las empresas” para aclarar después que ella se ha centrado los medios de comunicación.

Ulibarri intentó desmentir que use sus cabeceras de prensa y televisiones para un fin determinado, a pesar de que varias conversaciones con sus directivos demuestran cómo presiona y pide ‘vueltas de tuerca’ sobre ciertos políticos.

El empresario renegó ante el juez de su socio, Ángel Luis García, que, según el sumario, le tenía al tanto de cada transacción y reunión. “Yo no he tenido nada que ver ni soy socio [se salió de una empresa en común cuando la investigación ya estaba en marcha], ha utilizado mi nombre en falso”, declaró sin saber que los investigadores tenían horas y horas de audios con conversaciones entre ambos que habían sido constantes.

Durante el interrogatorio, el constructor y editor de prensa en Castilla y León dijo al juez: “No hay ninguna conversación mía con alcaldes”. La Udef refleja en sus informes varias charlas con los alcaldes y alcaldesas de León (PP), Ponferrada (PP), Hospital de Órbigo (PSOE), Villarejo de Órbigo (PSOE) y San Andrés del Rabanedo (PSOE). Esas charlas revelan cómo al empresario se le iba informando acerca de concursos públicos.

Entre las más conversaciones más escandalosas está la que mantuvo con el alcalde de León y miembro de la ejecutiva de Pablo Casado, Antonio Silván, que le informó en directo de las votaciones de una mesa de contratación. Ulibarri iba perdiendo y ordenó a Silván que lo arreglasen.

En el caso del alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, que participó en esa mesa de contratación, la llamada se produjo al día siguiente para declarar a Ulibarri que estaba a su servicio: “Yo no le he fallado […] yo cuando doy mi palabra y doy mi cuerpo, lo doy entero”, le llega a decir el regidor al empresario.

Ante el juez, Ulibarri, cuyas sociedades tienen intereses en la obra pública, la prestación de servicios y los medios de comunicación, manifestó que él no firma nada y que desde 2010 está fuera de la primera línea y sólo supervisa sus negocios. El empresario obvió ante el juez las razones de esa teórica desvinculación: un “problema” que tuvo en 2009. El el año en que fue imputado en una de las piezas de Gürtel cuyo juicio está todavía pendiente de fecha.

Otra de las evidencias que Ulibarri negó fue su relación directa con uno de los directivos de Gespol, Roberto Legazpi. A preguntas del juez descartó que las conversaciones grabadas sean suyas. En este punto la declaración fue haciéndose más confusa y contradictoria. Tiene su explicación. La alianza con Gespol en la que Ulibarri presuntamente ejerció de conseguidor de contratos está en el centro de la operación Enredadera.

Gespol, una empresa de gestión de software de multas absorbida por Valoriza, viene de la mano de su socio Ángel Luis García, que lleva tanto a Legazpi como a otro de los imputados, Alberto Bueno, a su despacho de Valladolid.

Ellos, según Ulibarri, le sugirieron que se reuniese con el responsable de Valoriza. Así, en un segundo encuentro acuerdan formar una Ute (Unión Temporal de Empresas) en la que ellos se encargaban de las instalaciones semafóricas y él de la gestión de cobros para la que Ulibarri tenía “infraestructura”. Según su versión, Ángel Luis quería presidir la empresa pero él desconfiaba y pretendía controlar los pactos. Para la UTE, crearon Utebo y los socios le indicaron que diese de alta otra mercantil más, Anento. Según Ulibarri esta última está inactiva y la primera tampoco ha tenido funcionamiento, más allá del acuerdo con Gespol.

El magnate de Castilla y León aseguró que desconocía cualquier gestión en Villaquilambre (León) uno de los concursos que la Fiscalía destaca como importante en la presunta red delictiva. Utebo, dijo Ulibarri, sigue teniendo los 100.000 euros de capital social.

El juez le preguntó por qué el resto de los integrantes de la trama se referían a él como “Dios2 o ”El Jefe“. ”No lo sé, supongo que he dicho 'no' a muchas propuestas que me han hecho“, respondió. Descartó que quisiera comprar Valoriza, aunque sí recordó una conversación con uno de sus directivos, también imputado, que le dijo que se iba a ir de la empresa. En la sede del conglomerado de Ulibarri, le recordó el juez, se encontraron folios con el membrete de Valoriza.

Ulibarri también respondió a preguntas sobre su mano derecha en las empresas y presidente de Radio Televisión Castilla y León, Manuel Manovel, también investigado en este caso. De él dice que es una persona “de confianza” con una función “económica” y de supervisión, que supone que no redacta contratos [algunas conversaciones pinchadas indican lo contrario] y que no le manda hacer gestiones y que desconoce si habla de los pliegos.

En el interrogatorio Ulibarri descartó haber dado órdenes cambiar algo en un pliego de contratación de un concurso público y también negó haberse reunido con alcaldesas aunque conversaciones conversaciones interceptadas por la policía demuestran que sí se citaron. El juez también mostró interés por saber de “Florencio”, que aparece en los pinchazos, la persona que le informó de que la alcaldesa [que la Udef identifica erróneamente como regidora de La Cistérniga aunque en informes posteriores se refiere a la de La Bañeza] le había mandado un mensaje porque estaba a punto de sacar los pliegos para construir una residencia. “Florencio [Carrera] es el director de la tele de Valladolid, no conozco a ningún otro Florencio”, declaró.

Cuando el juez volvió a preguntar por la relación con su socio, Ángel Luis Garcia, Ulibarri dijo que no hay que hacerle mucho caso, que no ha ganado ningún contrato con él, que los últimos meses solo habían hablado dos o tres meses y que no ha querido comer con él. Así, se desvinculó por completo de negociaciones en Asturias aunque los investigadores tienen abundante documentación para probar que García informaba a su jefe con detalle de todo.

Aunque en un primer momento Ulibarri lamentó no haber conseguido contratos con Gespol, después reconoció una subrogación de contrato en Arroyomolinos (Madrid)-donde el alcalde, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, está imputado-. “Yo no he cobrado ninguna comisión y hace años que lo las pago”, llegó a decir al juez.

Durante la declaración, se le preguntó por qué en una de las conversaciones pinchadas cortó a Ángel Luis y le dijo que por teléfono no le contase nada. “Yo sólo tengo un teléfono y otro que me regalaron y lo usé por dos llamadas y no lo he vuelto a utilizar, hablo por el fijo”, asevera Ulibarri al juez que sospechaba ya en ese momento de un soplo que puso al empresario al tanto de la investigación. Los audios acumulados por la Udef demuestran lo contrario.

Su declaración no convenció al fiscal, que apuntó a la presunta comisión de delitos de inducción a la prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, inducción a la revelación de información privilegiada, inducción a la malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, cooperación a la falsedad documental por funcionario público, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

La colaboración de José Luis Ulibarri y su socio Ángel Luis García en la ejecución delictiva de Gespol es “capital” para los investigadores. Según el sumario son “los dos pilares fundamentales con quienes cuenta Gespol al objeto de lograr influenciar a funcionarios y autoridades municipales”. “Su relevancia social como empresarios y propietarios de medios les abre las puertas de concejalías y alcaldías” de múltiples ayuntamientos, apuntan los informes policiales.

Recuerda además, que las conversaciones revelaron el “uso torticero” que hacían de los medios. Además de señalar la asombrosa capacidad de influencia de José Luis Ulibarri, subraya que las adjudicaciones en Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo (León) habrían avanzado por su directa intervención sobre las autoridades. Ulibarri estuvo en prisión hasta el pasado 14 de septiembre, cuando el juez entendió que no había riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y le dejó en libertad sin fianza.