La presidencia italiana del G7 ha conseguido que se retire del documento final de la cumbre una referencia a proteger el derecho “al aborto seguro y legal” y los “cuidados post-aborto”, pese a la oposición clara de algunas delegaciones. La ministra de Sanidad española, Mónica García, ha condenado lo que considera “un nuevo ataque” al derecho a interrumpir el embarazo.
Se trata de la primera reacción del Ejecutivo español ante lo ocurrido en el G7. “Ya no es a nivel nacional, cuando Meloni permitió que entraran los ultras a las clínicas, sino internacional. Es una confirmación más de la intención de la internacional del odio de hacernos retroceder a cuando las mujeres teníamos que abortar de manera clandestina”, ha manifestado García este viernes, que ha señalado, a renglón seguido, al Partido Popular por “coquetear con la ultraderecha a diario”.
Por Sofía Pérez Mendoza
El choque ya se hizo visible la semana pasada, pero ha vuelto a suceder. Las comunidades y el Ministerio se preparan para un verano complicado en la sanidad pública. A los problemas que suceden cada año, cuando las vacaciones de los profesionales y los movimientos de la población a zonas turísticas ponen en jaque los servicios, se suma en esta ocasión el retraso en la incorporación de los MIR. Los profesionales terminarán su formación en septiembre, tres meses después de lo habitual por el desajuste del primer año de pandemia, de manera que no pueden ser todavía contratados para cubrir agujeros en la temporada estival.
El asunto no estaba en el orden del día del Consejo Interterritorial de Salud de este viernes pero ha centrado toda la jornada porque las comunidades gobernadas por el Partido Popular han elevado el tono. “Basta ya de cosmética y de envolver y de engañar. Lo que hay que hacer es dar cuenta de sus competencias. La ministra es absolutamente culpable de lo que pueda ocurrir este verano”, ha dicho el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, que actúa como portavoz de los territorios conservadores.
Todas esas comunidades, que son mayoría, han nombrado en la reunión de hoy a Vázquez como vicepresidente del Consejo Interterritorial. Se trata de un cargo que puede ser activado según el reglamento y que asumiría las funciones de la presidenta, la ministra, en caso de ausencia. Aunque no es posible convocar al Consejo sin la presidenta, ha aclarado Mónica García en una rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ha acusado a los consejeros populares de ir a “hacer oposición” a este órgano entre administraciones. “Vamos a solventar los problemas que tenemos dentro del marco de la realidad. Estar todo el rato tirando balones fuera no me parece muy responsable”, ha zanjado.
Escribe Sofía Pérez Mendoza
Pasado el mediodía, la dirección de la federación local de ERC ha emitido un comunicado en el que ha pedido disculpas a los militantes por haber cancelado el congreso en el que debían votar si entran en el gobierno municipal de Jaume Collboni, pero no ha fijado una nueva fecha para celebrar el congreso. En la carta, publicada por Eva Baró, concejal y presidenta de la sección barcelonesa del partido, explican que decidirán la jornada del cónclave en función de la ronda de consultas que el presidente del Parlament, Josep Rull, tiene previsto hacer la próxima semana.
Baró también se ha referido a las criticas que han aflorado por el anuncio del preacuerdo y el momento escogido. “Somos conscientes de que el momento era complejo y podía llegar a generar discrepancias sobre la idoneidad en los tiempos”, manifiesta en el comunicado. “El debate en clave barcelonesa se realizará buscando la fecha más adecuada teniendo en cuenta la ronda de consultas”, añade, para acabar reafirmando su compromiso sobre dejar votar a la militancia sobre el pacto.
Informa Pau Rodríguez
La presidencia italiana del G7 ha conseguido que se retire del documento final de la cumbre una referencia a proteger el derecho “al aborto seguro y legal” y los “cuidados post-aborto”, pese a la oposición clara de algunas delegaciones. La ministra de Sanidad española, Mónica García, ha condenado lo que considera “un nuevo ataque” al derecho a interrumpir el embarazo.
Se trata de la primera reacción del Ejecutivo español ante lo ocurrido en el G7. “Ya no es a nivel nacional, cuando Meloni permitió que entraran los ultras a las clínicas, sino internacional. Es una confirmación más de la intención de la internacional del odio de hacernos retroceder a cuando las mujeres teníamos que abortar de manera clandestina”, ha manifestado García este viernes, que ha señalado, a renglón seguido, al Partido Popular por “coquetear con la ultraderecha a diario”.
Por Sofía Pérez Mendoza
La Mesa de la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' —la supuesta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante lo peor de la pandemia— ha establecido el calendario de comparecencias para las próximas semanas. Según informan fuentes del PP, entre los citados destaca Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que comparecerá el jueves 27 de junio. Su participación se debe a su papel durante la pandemia como consejera del Gobierno de Navarra bajo la dirección de María Chivite.
También hablarán Germán Rodríguez, exjefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, durante la primera ola de la pandemia; Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud y la exconsejera canaria de Sanidad durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, Teresa Cruz.
Miguel Tellado, portavoz parlamentario del Partido Popular, ha calificado de “escandalosa” la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha pedido que deje el cargo después de que este haya instado este viernes a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía en todos los delitos. Tellado cuestiona la integridad del órgano de la Fiscalía y la relaciona con el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Sánchez está nervioso porque la legislatura se le escapa y el Fiscal General del Estado ejecuta. La palabra escándalo se queda muy corta, y apelar a la dignidad del cargo, en su caso, es imposible”, ha expresado en un mensaje en la red social X. “Tiene que irse”, ha insistido.
El Ministerio Público enfrenta un choque entre el fiscal general y los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, quienes sostienen que el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1-O debe quedar fuera de la ley y que no deben levantarse las medidas cautelares.
La juez que ha procesado a una treintena de exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios por los preparativos del 1-O, acusados entre otros de delitos de malversación, ha dejado en manos de la Audiencia de Barcelona la decisión de amnistiarlos. Así lo ha acordado la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Lima, en una providencia en la que remite el caso a la sección 21 de la Audiencia de Barcelona para que sea la que se pronuncie sobre si debe amnistiar al “sottogoverno” de Puigdemont por los preparativos del 1-O.
La juez argumenta que, al tratarse de un procedimiento ordinario de sumario es la Audiencia y no la instructora la que debe decidir si se aplica la amnistía a los procesados. Se trata de la primera causa judicial que se abrió, hace siete años, para evitar el 1-O y por la que el primer juez que llevó el caso —ya fallecido—, ordenó el registro de la sede de la consellería de Economía —liderada entonces por Oriol Junqueras—, días antes del referéndum.
Miles de independentistas se concentraron el 20 de septiembre de 2017 frente a la consellería de Economía contra el registro de la Guardia Civil, en una protesta que duró horas y que sirvió de base al Supremo para condenar a los líderes del procés por un delito de sedición. Por esta causa, la Audiencia de Barcelona confirmó en abril de 2021 el procesamiento de una treintena de empresarios y cargos del Govern por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, por los preparativos y la logística del 1-O, desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral. Entre los procesados que esperaban juicio figuran la entonces presidenta de la CCMA, Núria Llorach; los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, por desobediencia; o el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj —malversación y prevaricació—.
Información de EFE
La jueza del Tribunal Supremo que investiga a Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por terrorismo en la causa Tsunami Democràtic ha suspendido temporalmente las citaciones de ambos mientras los magistrados debaten sobre la incidencia de la ley de amnistía en las diligencias abiertas contra ellos. Los dos habían sido llamados a declarar de forma telemática a lo largo del mes de junio.
Susana Polo deja en suspenso tanto la solicitud de asistencia judicial remitida a Suiza como la Orden de Investigación Europea. En el caso de Puigdemont, sigue vigente la orden nacional de detención que implicaría su arresto si vuelve a España, tal y como estableció el juez Llarena hace unos días.
Informa Alberto Pozas
El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha pedido este viernes “no ser utilizado” políticamente tras su propuesta para cambiar el sistema de nombramientos en los tribunales y para la renovación de este órgano, pendiente desde hace más de cinco años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandó este miércoles un ultimátum al Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces, y aseguró que si no había acuerdo entre ambos partidos para antes del 30 de noviembre, el Ejecutivo impulsará su propia reforma. Poco después, Guilarte enviaba su propuesta, en la que propone dejar en manos de los magistrados la elección de cargos en la cúpula judicial. “Por eso salí ayer un poco al paso, para que a mí no se me utilice”, ha explicado en una entrevista en Onda Cero. El presidente del CGPJ ve “difícil” que PSOE y PP lleguen este mes a un acuerdo porque están más preocupados de “sacar rédito político” que de la propia renovación.
Sobre qué cree que motiva el ultimátum del presidente del Gobierno, ha señalado que quiere pensar que “le preocupa esta situación de degradación institucional muy grave” de que el CGPJ lleve cinco años y medio sin ser renovado “y que no hay segundas intencionalidades”. Y ha recalcado que “quitarle las competencias de nombramientos al CGPJ sería dramático pues según la Constitución le corresponden” y ha aclarado que se ha malinterpretado que su propuesta diera pie a ello. “Yo no doy pie a eso, se lo están inventando, no me utilicen, no puede haber ninguna injerencia gubernamental o del poder ejecutivo en las designaciones”, ha recalcado Guilarte.
Con información de EFE