El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de 3.400 profesores ayudantes doctor a las universidades españolas. En un gesto inédito –las competencias pertenecen a las comunidades autónomas– el Gobierno financiará estas plazas durante los seis años que duran estos contratos, con la idea de que a partir de ahí lo hagan los Ejecutivos regionales. Este martes se ha aprobado una primera partida de 46 millones para sufragar las nóminas desde septiembre hasta diciembre. El paquete económico deberá ir aprobándose año a año. El programa debería complementarse con la contratación de otros 800 docentes por parte de las comunidades, aunque este extremo no está garantizado.
La medida pretende ayudar a las universidades a cumplir la nueva ley (Losu), que establece una reducción en la temporalidad y la precariedad de buena parte del profesorado universitario. La norma exige a los centros bajar hasta el 8% la temporalidad en los campus, que actualmente roza el 50%, según ha explicado la ministra Diana Morant.
Universidades y comunidades autónomas habían protestado por la imposibilidad de cumplir esta exigencia de la Losu por falta de fondos, lo que llevó al Gobierno a decidir financiar las plazas en primera instancia. Pero luego tendrán que ser las comunidades las que den continuidad a este programa, lo que a su vez ya ha generado más quejas. Desde el Gobierno indican que las comunidades recibirán el dinero para financiar la incorporación de los profesores si existe un compromiso por ambas partes en convenios y acuerdos. El Ministerio de Universidades ha chocado con los ejecutivos regionales por esta cuestión, especialmente con los del PP, choque que se prevé se repetirá este miércoles cuando todos se sienten en la mesa de la Conferencia General de Política Universitaria, que también debe dar su visto bueno al programa.
Informa Daniel Sánchez Caballero
La bancada de Sumar ha aprovechado un momento del Pleno de esta tarde en el Congreso para mostrar una fotografía de Aurora Picornell, fusilada por el franquismo. Lo han hecho como respuesta al gesto del presidente del parlamento Balear, Gabriel Le Senne, que este martes ha roto esa misma fotografía mientras presidía la sesión.
La imagen se había producido mientras los diputados baleares debatían la moción con la que Vox y el PP buscaban derogar la ley de memoria democrática de esa comunidad autónoma. Le Senne ha arrancado y destrozado en pleno debate un retrato de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca fusilada por el franquismo, después de ordenar la retirada de las fotografías de otras víctimas del fascismo que los diputados del PSIB-PSOE y los ecosoberanistas de Més habían colocado en sus mesas. Como respuesta, cada uno de los parlamentarios de Sumar han mostrado este jueves una imagen de Picornell.
Informa Alberto Ortiz.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha respondido al gesto de president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), que este martes ha roto en pleno debate un retrato de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca fusilada por el franquismo. Armengol ha cambiado su imagen de perfil por la de la líder comunista y sindical como muestra de rechazo al comportamiento de Le Senne. La expresidenta balear no ha sido la única en responder en redes a Le Senne, ya que muchos de sus compañeros de partido han compartido las imágenes.
En el Parlament se estaba debatiendo la Proposición con la que Vox, con el apoyo del PP, pretende derogar la Ley de memoria democrática balear y Le Senne había exigido la retirada de los retratos expuestos de represaliadas del franquismo antes de lanzarse a arrancarlas violentamente.
“Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de reparación de mujeres asesinadas por verdugos falangistas”, ha reivindicado la vicepresidenta segunda y la secretaria segunda de la Mesa, Mercedes Garrido. “Me hubiera gustado comportarme de otra manera, pero no me han dejado alternativa”, ha respondido el president.
“Donde hay cultura hay diversidad y donde hay diversidad hay cultura”, ha afirmado Ernest Urtasun este martes en el Senado. El ministro de Cultura ha asegurado que esta es la máxima que guía las “actuaciones” de la cartera que lidera, entre las que ha enumerado “visibilizar las aportaciones creativas y la participación de la comunidad LGTBI en la cultura española” a través de la Dirección General de Derechos Culturales en cuya creación están trabajando.
También ha indicado que va a ocupar “un lugar muy importante” dentro del nuevo Archivo Histórico de Movimientos Sociales (AHMS), para que “la sociedad española sepa y pueda saber la importantísima labor de los movimientos LGTBI para lograr la democracia”. Además, el ICAA está colaborando con el Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales para elaborar un informe sobre la “diversidad y perspectiva LGTBI” en el audiovisual; y están preparando un programa para “llevar la cultura y los creadores LGTBI a los espacios museísticos”.
Urtasun ha rechazado las “censuras” y “ataques a leyes” perpetrados por “muchos gobiernos autonómicos” liderados por “la derecha y la ultraderecha”; ante los que el Ministerio va a defender siempre los derechos del colectivo LGTBI. “No son los derechos de un colectivo, sino derechos colectivos de todos los españoles. El Orgullo es nuestra cultura”, ha concluido.
Informa Laura García Higueras
El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha vuelto a lanzar insultos racistas contra el secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. Durante un debate sobre funcionarios de prisiones, el dirigente de la formación de extrema derecha ha llamado al parlamentario de Sumar: “Montonero tucumano”. “Es como si tuviéramos que escuchar hablar de las cárceles, pues por ejemplo, al montonero tucumano que tengo aquí a mi derecha, que bien saben lo que hacían los montoneros con los pobres secuestrados en mi querida Argentina”, le ha dicho.
Pisarello, natural de la provincia argentina de Tucumán, una de las más pobres del país austral, le ha reprochado esos insultos racistas, en los que Ortega Smith lo ha vinculado con la organización guerrillera peronista Montoneros, a pesar de que dejó de funcionar en 1983, cuando el diputado tenía 13 años. Los diputados de Vox ya le lanzaron insultos racistas a Pisarello durante el debate de la amnistía la semana pasada, cuando lo llamaron de nuevo “tucumano” y “sudaca”.
El diputado de los comuns ha registrado este martes una batería de preguntas al Gobierno sobre este asunto. “¿Considera elGobierno que los insultos racistas son un problema para la convivencia ciudadana que debe ser perseguido por las instituciones?”, pregunta. Le pide al Gobierno que contabilice las infracciones administrativas registradas por este tipo de insultos y cuántas han acabado en sanción así como por las actuaciones que ha realizado la Fiscalía en materia de delitos de odio en el último año. “¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno de España contra la proliferación de lo insultos racistas”, cuestiona también.
Por Alberto Ortiz
El senador del PP Luis Santamaría ha asegurado que estamos viviendo un “tardosanchismo” para que el Gobierno socialista evite ser “juzgado”. Al enumerar sus críticas, Santamaría se ha confundido y ha hablado de “tardofranquismo”, lo que ha desatado las protestas de la bancada socialista. El presidente del Senado ha pedido orden y Santamaría ha continuado: “El tardosanchismo y el tardofranquismo son muy, muy semejantes”.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, le ha replicado que “si el populismo, la demagogia y la exageración fuesen un líquido pegajoso”, algunos de los senadores del PP, “no podían levantarse de la silla en años”. A renglón seguido, el socialista ha añadido que “no existe” reglamento o directiva europea que establezca “un modelo concreto para los consejos generales del Poder Judicial”. Pero, ha seguido Bolaños, “España existe una ley” que, según el ministro socialista, el PP “incumple”.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha hecho un repaso en el Senado del listado de instituciones en las que estuvieron dirigentes del PP después de que el senador Antonio Silván nombrara al fiscal general del Estado o el presidente de Renfe. “Lo quieren colonizar todo”, le reprochó Silván. El ministro socialista, en su respuesta, comentó irónico: “Asumo que cuando estaba el PP no era gente de derechas los que estaban en las instituciones”.
Así, Bolaños ha comenzado a enumerar la lista de dirigentes del PP que tuvieron puestos en las instituciones, como el presidente del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas o de la Embajada en Londres, cuyo presidente era el exministro del PP Federico Trillo, antes de que dimitiera por el escándalo por el informe del Yak-42. “Señor Silván, muchas gracias por la pregunta”, ha concluido Bolaños.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado este martes “las formas” del Ministerio de Trabajo en torno a la negociación para la reducción de la jornada laboral. “Llamarle diálogo social a una decisión ya tomada tiene su gracia”, ha ironizado el líder de la patronal. “Te sientas en una mesa a dialogar cuando el partido ya está cerrado y cuando el resultado ya te lo han dado”, se ha quejado, para avanzar que “el día que cambie el Gobierno” pedirán que “se cambie” la norma.
El ministerio anunció este lunes que impulsaría la mesa del diálogo social tras constatar que la negociación bipartita entre sindicatos y patronal había encallado, ante el “superlativo interés” de Trabajo en cerrar el acuerdo “cuanto antes”. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, avanzó que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales debía traducirse en una reducción “verdadera” y bien controlada, con una “mejor sustancial” del registro horario, y que, en ningún caso, intercambiaría la jornada ordinaria por horas extraordinarias.
Garamendia ha lamentado que, pese a que los empresarios habían pedido “hablar de cierta flexibilidad” para aplicar la medida, “parece que no hay intención”. “Va a afectar especialmente a los pequeñitos”, ha dicho, en relación a las pequeñas empresas y los autónomos. “Siempre se ha habla de la parte más débil, pero posiblemente las partes más débiles de la sociedad son esas empresas familiares”.
Con información de Europa Press.
El Gobierno ha arremetido este martes contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por “adelantar decisiones judiciales en Twitter”. La portavoz del Ejecutivo ha hecho referencia a las actuaciones emprendidas por el juez Peinado respecto a la investigación a la pareja del presidente del Gobierno, y ha señalado que resulta “difícil explicar la separación de poderes” cuando Rodríguez es capaz de anticiparse al pronunciamiento de un juzgado de instrucción.
Pilar Alegría ha acusado además a la mano derecha de Ayuso de “esparcir bulos” y ha defendido la figura del Fiscal General del Estado. “Está haciendo un magnífico trabajo y el Gobierno tiene plena confianza en su profesionalidad”, ha dicho la portavoz en referencia a las acusaciones que pesan sobre él por revelar presuntamente datos personales de la pareja de Ayuso para rebatir una información falsa de la propia Comunidad de Madrid sobre sus problemas con Hacienda.
Escribe José Enrique Monrosi
El Gobierno insiste en que su plan para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica pasa por compatibilizar una negociación multilateral con el conjunto de Comunidades Autónomas con un tratamiento “singular” a Catalunya. Aunque descarta la aspiración de máximos del independentismo de un sistema parecido al vasco. “Este Gobierno nunca ha hablado de concierto”, ha dicho Pilar Alegría en rueda de prensa.
La portavoz del Ejecutivo ha tachado además de “irresponsable” la actitud de las Comunidades gobernadas por el PP “lideradas una vez más por la presidenta Ayuso”. Alegría ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aumentado la financiación del conjunto de autonomías 250.000 millones de euros respecto a la etapa de Mariano Rajoy.
Por José Enrique Monrosi
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de 3.400 profesores ayudantes doctor a las universidades españolas. En un gesto inédito –las competencias pertenecen a las comunidades autónomas– el Gobierno financiará estas plazas durante los seis años que duran estos contratos, con la idea de que a partir de ahí lo hagan los Ejecutivos regionales. Este martes se ha aprobado una primera partida de 46 millones para sufragar las nóminas desde septiembre hasta diciembre. El paquete económico deberá ir aprobándose año a año. El programa debería complementarse con la contratación de otros 800 docentes por parte de las comunidades, aunque este extremo no está garantizado.
La medida pretende ayudar a las universidades a cumplir la nueva ley (Losu), que establece una reducción en la temporalidad y la precariedad de buena parte del profesorado universitario. La norma exige a los centros bajar hasta el 8% la temporalidad en los campus, que actualmente roza el 50%, según ha explicado la ministra Diana Morant.
Universidades y comunidades autónomas habían protestado por la imposibilidad de cumplir esta exigencia de la Losu por falta de fondos, lo que llevó al Gobierno a decidir financiar las plazas en primera instancia. Pero luego tendrán que ser las comunidades las que den continuidad a este programa, lo que a su vez ya ha generado más quejas. Desde el Gobierno indican que las comunidades recibirán el dinero para financiar la incorporación de los profesores si existe un compromiso por ambas partes en convenios y acuerdos. El Ministerio de Universidades ha chocado con los ejecutivos regionales por esta cuestión, especialmente con los del PP, choque que se prevé se repetirá este miércoles cuando todos se sienten en la mesa de la Conferencia General de Política Universitaria, que también debe dar su visto bueno al programa.
Informa Daniel Sánchez Caballero