Es miércoles previo al puente de la Constitución, pero la actualidad política no da tregua. Dejando al margen la caótica y tensa situación que vive en las últimas horas Corea del Sur y, a menor escala, Francia, en España estamos pendientes de varios asuntos, entre ellos la causa abierta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos. Ayer el juez del Supremo Ángel Hurtado decidió citar como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en esta causa que no investiga el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Ayuso, sino la filtración de información sobre este caso.
Mientras tanto, Ayuso se ceba con la universidad pública. Hoy te contamos cómo la presidenta madrileña culmina con la universidad cinco años de políticas contra la educación pública. Y vamos con más temas:
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- Mazón mintió en Les Corts: datos oficiales revelan que no existió ningún atasco que retrasara su llegada a la reunión de emergencia por la DANA
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El equipo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado “rotundamente” las “graves acusaciones” vertidas por el presunto comisionista del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, en un escrito ante el Tribunal Supremo, donde sostiene que facilitó inmuebles, entre ellos un piso en la calle Atocha de Madrid, para “encuentros de diversa naturaleza” en los que presuntamente participaban varias personas y entre las que ha mencionado al entonces presidente de Canarias.
Fuentes del equipo del ministro consultadas por Europa Press han señalado además que Torres ampliará las acciones legales “que sean oportunas” ante “las graves injurias y calumnias vertidas sin pruebas” por Aldama. En este sentido, han condenado “enérgicamente las difamaciones sin fundamento” de las que ha sido “víctima” el ministro de Política Territorial, y sobre las que no se han aportado “prueba alguna ni detalles concretos”.
“Las mentiras, las insidias, los bulos y las campañas de desprestigio personal basadas en la más absoluta nada y sin aportar prueba alguna ni dar detalles concretos, no pueden salir gratis en un Estado de derecho”, han defendido las fuentes consultadas.
Con información de Europa Press
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que “para que la justicia salga de la vida política, primero tiene que salir de la política quienes cometen presuntos delitos”. Así se ha pronunciado en la inauguración de un acto sobre la Constitución que organiza el PP en el Congreso en el que ha acusado al Gobierno y al PSOE de “atacar a los jueces” a la vez que se ha desarrollado “un calendario judicial infernal para su lodazal de corrupción”. “No creo que sea casualidad”, ha sostenido.
“Como los jueces son la única institución que no ha podido controlar, han elegido desacreditarlos preventivamente”, ha dicho. “Es el mismo modus operandi que los independentistas, se denuncia una falsa persecución judicial que solo busca la impunidad política”, ha sostenido. “Son los mismos que denuncian la judicialización de la política”, ha añadido, para concluir: “Lo que ocurre en sede judicial es más relevante de lo que ocurre en sede parlamentaria. Es responsabilidad del Gobierno”.
Feijóo reclama así para los demás lo que no aplica su propio partido a sus militantes. Los estatutos del PP son claros al respecto y solo la apertura de juicio oral o la sentencia firme, según el caso, son motivos para dimitir de cargos públicos.
Informa Aitor Riveiro
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este miércoles de forma indirecta al órdago lanzado por Vox, quien ha suspendido las negociaciones para los presupuestos de 2025 de las comunidades autónomas donde el PP gobierna en minoría. En un acto sobre la Constitución, Feijóo ha dicho: “El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro”.
El PP se reunirá este jueves con el Gobierno central y los gobiernos de Canarias, Ceuta y Melilla, para intentar pactar una reforma de la ley de extranjería en lo referente al acogimiento de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas. Ante esta reunión, Vox ha anunciado la suspensión de las negociaciones con los gobiernos autonómicos.
Esta mañana, el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, había rechazado el ultimátum de Vox: “Nuestra posición no va a cambiar. Es una posición de solidaridad y de trabajo conjunto para intentar ayudar al territorio de Canarias, Ceuta y Melilla”.
Escribe Aitor Riveiro
El sindicato CCOO ha desconvocado la jornada de huelga de los conductores de autobuses prevista para mañana jueves 5 de diciembre, pero mantiene el resto del calendario anunciado, con paros previstos para el 9 de diciembre e indefinida a partir del día 23. UGT, en cambio, se desligó de los paros y llegó a un acuerdo con las empresas, ligado a la mejora de las condiciones para adelantar la jubilación.
CCOO asegura que “considera necesario reorganizar la movilización con una convocatoria más ajustada a la realidad, sostenible en el tiempo y viable para quienes compartan la necesidad de un acuerdo real y efectivo para solicitar el adelanto de la edad de jubilación” de los conductores, por la peligrosidad de la profesión. El sindicato señala el “inmovilismo” de la patronal Confebus a la hora de negociar un acuerdo.
Informa Cristina G. Bolinches
La senadora del PP Teresa Belmonte, que este martes comparó el cese de las conselleras Salomé Pradas y Nuria Montes en el Gobierno de Carlos Mazón con la muerte de 222 personas en Valencia por la DANA, considera que “la intención” de sus palabras “se ha sacado un poco de contexto”.
“Por supuesto, como valenciana no puedo en ningún momento pensar [eso]; quien quiera poner esas palabras en mi boca se equivoca”, ha dicho este miércoles Belmonte en declaraciones a medios. “Si alguien se ha sentido ofendido, le pido disculpas. En ningún momento puedo comparar el dolor de una familia que ha perdido un ser querido con una cuestión de responsabilidades políticas”, ha reiterado.
Acto seguido, la senadora y alcaldesa de Bigastro ha pedido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asuma también “responsabilidades políticas” por “una actitud que no tenía razón de ser”, refiriéndose a una discusión con unos vecinos en un garaje de Valencia hace unas semanas.
Belmonte ha reconocido, por otro lado, que no llevaba escrita su comparecencia de ayer en el Senado. Literalmente, Belmonte dijo, dirigiéndose a Margarita Robles: “Haga usted como las conselleras Salomé Pradas y Nuria Montes, dos magníficas conselleras que han perdido la Comunidad Valenciana. Una pérdida más que se suma a la vida de los 222 valencianos que han fallecido como a las decenas de miles de millones de euros del patrimonio valenciano perdido de sus agricultores, de sus industriales, de sus comerciantes”.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha dado por buenas las explicaciones de la senadora valenciana: “Fue un error. Ayer pidió perdón y disculpas. Y hoy ha dado explicaciones”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional dará más ayudas para que los restaurantes y los bares de los municipios más pequeños, los de 1.000 habitantes, no cierren entre semana o “al menos no lo hagan todos los días”.
“Hay veces que el servicio puede ser deficitario porque faltan clientes que normalmente llegan los fines de semana, pero es mucho lo que les da a ese pequeño pueblo”, ha defendido en el acto de entrega de la I edición de los Premios Lito de Hostelería Madrid, que distinguen “la excelencia en sala” de los bares, tabernas, cafeterías y restaurantes de la región.
Ayuso ha insistido en que los locales “no son una cuestión de alcohol, sino de comunidad, de sentirse acompañados, de saber cómo se encuentran los demás, de tener a alguien con quien estar un rato hablando”. “Creo que eso también es salud para el corazón y, por tanto, para todo”, ha subrayado.
Informa Europa Press
El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha rechazado este miércoles el órdago de Vox a cuenta de las negociaciones con el Gobierno central y el canario para modificar la ley de extranjería y sistematizar la acogida de los menores migrantes que llegan a España. El grupo de Santiago Abascal ha anunciado que no negociará los presupuestos autonómicos si el PP pacta con Pedro Sánchez la política migratoria.
“Nuestra posición no va a cambiar. Es una posición de solidaridad y de trabajo conjunto para intentar ayudar al territorio de Canarias, Ceuta y Melilla”, ha dicho Bravo en una rueda de prensa en el Senado para presentar las enmiendas al paquete fiscal aprobado por el Congreso hace dos semanas. Sobre Vox, Bravo ha dicho: “Los que no quieran apoyarnos tendrán que dar la explicación”.
Bravo ha abierto además la puerta a recibir el apoyo de otros grupos en los parlamentos autonómicos si Vox cumple con su amenaza. “Nuestra vocación es intentar sacar presupuestos”, ha dicho. “Cuando llegue el momento de la votación tendrán que decidir los diferentes partidos políticos, no solamente nosotros, sino el resto, el PSOE, Podemos, Sumar, etcétera”. En todo caso, Bravo ha asumido que sus comunidades pueden continuar gobernando sin presupuestos de 2025, aunque será “una mayor dificultad”.
Informa Aitor Riveiro
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general ha rechazado, al menos por el momento, llamar a declarar como imputada a Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa que cruzó mensajes con Juan Lobato el pasado 14 de marzo sobre los correos de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Mensajes en los que ella enviaba ese documento a Lobato media hora antes de que fuera publicado por los medios de comunicación.
El magistrado no cierra la puerta a su declaración, como han pedido varias acusaciones, pero sí explica que es mejor esperar a que la Guardia Civil termine de analizar los mensajes que aportó Lobato en su testifical. “Me parece más prudente esperar al resultado de dicha pericia, para, en función del mismo, acordar lo que corresponda”, dice el magistrado.
Informa Alberto Pozas
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, “acudirá con normalidad” a declarar al Tribunal Supremo, donde el juez que investiga las filtraciones de los correos de Alberto González Amador le ha llamado a declarar como testigo el próximo mes de enero. Además, ha asegurado que a la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso no se le imputa “ningún tipo de responsabilidad” y solo se le cita como testigo.
García Martín sostiene que esta causa “evidencia la utilización de los medios del Estado, no solo de la Fiscalía, del propio Palacio de la Moncloa, de distintos ministerios, para tratar de desgastar a un adversario político, en este caso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Una actuación que, según el portavoz del Ejecutivo madrileño, es “más propia de un régimen totalitario que de una democracia consolidada, como la española”.
Informa Laura Galaup
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, “tendrá que decir la verdad y no podrá amenazar ni insultar a sus interlocutores” en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una situación que ha considerado “un terreno desconocido” para Rodríguez.
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos, ha citado como testigo a Rodríguez, director de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el próximo 8 de enero.
De visita a Barcelona para presentar nuevos juzgados, Bolaños ha recordado que Rodríguez es un “testigo fundamental” del caso porque, ha recordado, “fue el primero que filtró el correo” en el que la pareja de Ayuso reconoció haber cometido dos delitos fiscales tras su negocio con las mascarillas. Rodríguez, ha agregado Bolaños, filtró el correo pero “omitió otros para dar lugar a confusión”, lo que provocó que se tuviera que “contar la verdad”, ha dicho en referencia a la actuación de la Fiscalía General del Estado para desmentir al jefe de gabinete de Ayuso que ha terminado con la imputación de García Ortiz.
El ministro ha tirado de ironía y ha considerado que Rodríguez “se va a adentrar en terreno desconocido” en su declaración, ya que como testigo estará obligado a decir a la verdad “y no podrá amenazar ni insultar a sus interlocutores”.
Por Oriol Solé