El PSOE ha abierto expediente sancionador a la ex vicepresidenta Carmen Calvo por romper la disciplina del Grupo Socialista en el Congreso y abstenerse en la votación de conjunto de la Ley Trans, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas. La instrucción puede durar semanas y la diputada se expone a una multa de 600 euros, que es la máxima que prevé el reglamento interno.
La dirección del Grupo Socialista que encabeza Patxi López designará a un instructor para estudiar el caso, valorando el contexto político, la trascendencia de la votación y su actitud, y en curso del expediente también escucharás las explicaciones de la propia diputada. Al final propondrá la sanción, que a tenor de los antecedentes podría ser la máxima de 600 euros, la última palabra la tendrá la dirección del grupo parlamentario.
Calvo fue vicepresidenta del Gobierno y presidenta del partido, y actualmente preside la Comisión de Igualdad del Congreso. Este jueves a la salida de la votación de la mencionada ley en el Congreso, afirmó que “siempre” asume las consecuencias de sus actos, al ser preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido, que votó a favor de la norma.
Así, reconoció que se trataba de una día difícil y que se había decidido por la “opción más compleja”. “Es lo que hay que hacer en los días complejos”, aseguró. Explicó el sentido de su voto afirmando que está “de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley” y que tampoco coincide “con el 'no' de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos”.
¡Buenas noches!
Os dejamos un breve resumen de las noticias que han marcado la actualidad de este viernes:
La Fiscalía exculpa a Interior de las muertes en Melilla y pide expedientar a los agentes que apedrearon a migrantes. El Ministerio Público archiva la investigación sobre los 23 migrantes que fallecieron el pasado mes de junio cuando trataban de cruzar la frontera, si bien comunica a la Guardia Civil que varios agentes apedrearon a personas que intentaban acceder a territorio español.
Caos en las Cortes de Castilla y León: PP y Vox se equivocan al votar y dejan en el aire su rebaja de impuestos y cumplir los Presupuestos. Ambos partidos han acabado votando en contra de su propia Ley de Medidas Tributarias, única opción para que su error no aprobase la planificación fiscal socialista.
Muere un bebé de 9 meses en un centro de urgencias de Madrid donde no había médico. El Gobierno de Ayuso ha indicado que el padre se presentó con la bebé en el centro sanitario y el enfermero “constató ya la falta de signos vitales”, al tiempo que ha defendido que “sí había médico” pero que en ese momento “se encontraba de baja”.
Activistas climáticas de Futuro Vegetal se pegan durante casi una hora al asfalto de la M30 en plena operación salida. La acción del colectivo, que reivindica el “fin de las subvenciones” a la industria cárnica, ha tenido lugar sobre las 16.30 horas a la altura del kilómetro 1 de la autopista que rodea el centro de la ciudad, dirección norte, antes de la salida de Valencia. La Policía Nacional ha detenido a siete de los activistas de este grupo.
Esto es todo por hoy. Te deseamos una feliz Navidad.
Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha rechazado ser directivo de Patrimonio Nacional por “otras ofertas profesionales”, según han confirmado fuentes conocedoras a elDiario.es.
Manrique de Lara había sido elegido para ser nuevo coordinador de estrategia comercial y marketing de la empresa pública, que preside la antigua secretario de Estado de Economía, Ana de la Cueva, tras un proceso de selección abierto en el que hubo ocho candidatos.
El fichaje de Manrique de Lara desató duras críticas en la oposición, mientras que el Gobierno defendió su incorporación. Calviño, por su parte, se remitió a las explicaciones de la institución. Patrimonio Nacional defendió el proceso de contratación de Manrique de Lara asegurando que obtuvo la “máxima puntuación” en los criterios evaluados para el cargo.
El PSOE ha abierto expediente sancionador a la ex vicepresidenta Carmen Calvo por romper la disciplina del Grupo Socialista en el Congreso y abstenerse en la votación de conjunto de la Ley Trans, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas. La instrucción puede durar semanas y la diputada se expone a una multa de 600 euros, que es la máxima que prevé el reglamento interno.
La dirección del Grupo Socialista que encabeza Patxi López designará a un instructor para estudiar el caso, valorando el contexto político, la trascendencia de la votación y su actitud, y en curso del expediente también escucharás las explicaciones de la propia diputada. Al final propondrá la sanción, que a tenor de los antecedentes podría ser la máxima de 600 euros, la última palabra la tendrá la dirección del grupo parlamentario.
Calvo fue vicepresidenta del Gobierno y presidenta del partido, y actualmente preside la Comisión de Igualdad del Congreso. Este jueves a la salida de la votación de la mencionada ley en el Congreso, afirmó que “siempre” asume las consecuencias de sus actos, al ser preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido, que votó a favor de la norma.
Así, reconoció que se trataba de una día difícil y que se había decidido por la “opción más compleja”. “Es lo que hay que hacer en los días complejos”, aseguró. Explicó el sentido de su voto afirmando que está “de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley” y que tampoco coincide “con el 'no' de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos”.
Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia han fijado el 24 de enero de 2023 como el día en el que dará comienzo una huelga indefinida en ese cuerpo ante la actitud de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que, en su opinión, “no ha hecho el más mínimo esfuerzo” por solucionar el conflicto.
Las tres asociaciones convocantes -el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)- indican en un comunicado que dado el “abrumador” seguimiento de las jornadas de huelga convocadas en noviembre y diciembre, y que desde Justicia no se ha solicitado reunión con el comité de huelga para hablar del “incumplimiento de los compromisos acordados con el colectivo”, han decidido continuar con esa convocatoria.
Con las diferentes huelgas realizadas y los actos de protesta, los letrados buscan que se materialice una reforma de los decretos de retribución para “revertir la discriminación” que padecen respecto de otros cuerpos igualmente dependientes del Ministerio de Justicia. Apuntan que esa reforma sólo supondría 27 millones al erario público, que se quedarían en 13 millones por un decreto de sustituciones que sigue en vigor.
Asimismo, critican que Justicia les niegue la cláusula de enganche a las retribuciones de los jueces, “comprometida y asumida públicamente por el ministerio”. “Lo más grave es que ni siquiera reclamamos una negociación, ésta fue aceptada en un principio por Pilar Llop y simplemente cuando llegamos a acuerdos, se negó a cumplirlos”, explicaban en anteriores comunicaciones.
Con información de Europa Press.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha manifestado su rechazo ante la decisión de la fiscalía de archivar la investigación por la muerte de al menos 23 migrantes en la valla fronteriza de Melilla el pasado mes de junio.
Además, el también dirigente de IU ha alertado de “contradicciones serias y carencias” en el informe que sustenta el cierre de las pesquisas, al asegurar que no parece adecuado “simplemente” aludir al “intercambio de piedras entre la Guardia Civil y las personas que intentaban entrar en España”.
Santiago, que es portavoz en la comisión de Interior del grupo confederal, ha criticado el dictamen del Ministerio Público sobre los 23 fallecimientos, que no aprecia indicios delictivos en la actuación de las Fuerzas de Seguridad en el salto a la valla fronteriza.
“Hay un problema de serias contradicciones entre el informe oficial de los hechos y las imágenes que hemos visto. Está claro que la Fiscalía tiene que indagar sobre quién movió los cuerpos de las personas fallecidas y heridas (de un lado a otro del edificio fronterizo del Barrio Chino)”, ha subrayado. Asimismo considera que las informaciones disponibles apuntan a la posibilidad de que pudiera ser por integrantes de los cuerpos de seguridad de Marruecos.
Además, ha remarcado que es necesario aclarar lo ocurrido y determinar quienes son los fallecidos, o esclarecer el destino de los heridos o en qué situación se encuentran. De esta forma, Santiago ha argumentado que la Fiscalía tiene la obligación de “proteger y velar por las víctimas de este tipo de sucesos”.
Con información de Europa Press.
Judith Arnal Martínez, la jefa de Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha decidido dejar el cargo en el Ministerio de Asuntos Económicos, según ha adelantado el diario El Mundo.
Arnal, que es técnico comercial, economista del Estado (2012) y doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, llegó al gabinete de la ministra en junio de 2021.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos aseguran que se trata de “una decisión acordada conjuntamente antes de empezar el año que viene, que va a ser particularmente intenso con la presidencia del Consejo Europeo”.
Informa elDiario.es.
Paramos un momento en la narración de la actualidad política de este viernes para traerte algunas noticias que está dejando la jornada:
La Fiscalía exculpa a Interior de las muertes en Melilla y pide expedientar a los agentes que apedrearon a migrantes. El decreto del Ministerio Público no especifica si alguna de las muertes tuvo lugar en territorio español, afirma que “los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí” y que “el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos”.
Caos en las Cortes de Castilla y León: PP y Vox se equivocan al votar y dejan en el aire su rebaja de impuestos y cumplir los Presupuestos. Ambos partidos han apoyado las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas que acompaña al Proyecto de Presupuestos de la región. Con 66 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones, se han aprobado las enmiendas socialistas, que han recibido el resultado con aplausos y silbidos ante la sorpresa del gobierno de coalición.
El sector conservador del Constitucional bloquea su renovación en contra de la Fiscalía y los letrados del tribunal. Por el momento, entre las partes del pleito reina el desconcierto: el Constitucional no ha comunicado sus argumentos y algunos no saben, ni siquiera, lo que tienen que recurrir.
Escrivá avisa de que la reforma de pensiones tiene que incluir la ampliación del periodo de cómputo. El Ministerio de Seguridad Social insiste en mantener los 28 años para calcular la pensión, que defiende como una mejora de la “equidad” del sistema que “beneficia” a las pensiones más bajas, frente a las reticencias de Unidas Podemos y los sindicatos.
¡Seguimos!
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado de 12 a 10 años de prisión la condena a un hombre por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años en Almería al aplicar la nueva ley, según han informado en un comunicado. Los hechos sucedieron el año pasado, cuando el hombre convenció a la joven para que se subiera en su coche para llevarla a casa. La chica, que en un principio se negó, finalmente fue porque le conocía de la localidad. Una vez en marcha, el agresor fue a un descampado, donde la violó.
La pena que le impusieron entonces la Audiencia Provincial de Almería y el Tribunal Superior de Justicia de Almería fue de 12 años de prisión por un delito de violación, la mínima contemplada en la anterior ley. Según explica el Supremo, con la nueva ley los hechos se castigan con una pena de entre 10 y 15 años y añade que, según ha explicado el fiscal en el traslado que se le ha dado, la pena de 12 años es ahora imponible.
Según explica la Sala en el comunicado, “la disminución en el límite mínimo por el que en su momento se decantaron, no solo la acusación, sino también el tribunal sin objetar razones, determinan, como ha solicitado la parte recurrente, la aplicación retroactiva de la nueva norma fijando ahora la pena en 10 años de prisión”.
El PP no ceja en su empeño de impedir la renovación de importantes órganos como el Consejo General del Poder Judicial, que ha provocado ya el bloqueo incluso del Tribunal Constitucional. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que intentará volver a impedir los cambios legislativos impulsados por el Gobierno de coalición para esquivar las maniobras de la derecha política y judicial para impedir que se designen cuatro nuevos magistrados del Constitucional, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio.
Feijóo se ha felicitado por conseguir que el Constitucional interviniera por primera vez la autonomía del Poder Legislativo e impidiera tramitar dos enmiendas a la reforma del Código Penal dirigidas a cambiar el sistema de designación de sus propios magistrados.
Una decisión basada en un problema formal, no en el fondo de las enmiendas. Así que el Gobierno ya ha puesto en marcha su respuesta: en vez de hacerlo a través de enmiendas, se registrará una proposición de ley por los grupos parlamentarios. Algo que, según el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, no es un problema. Así al menos lo dijo el jueves en una intervención en la Cámara Alta, donde apuntó que la reforma que pretendía el Gobierno “no es ilegal”, solo la fórmula elegida para hacerlo.
Pero este viernes Feijóo ha enmendado a su portavoz. “Esperaremos al texto” antes de decidir, ha dicho en una entrevista este viernes en Antena 3. Y ha añadido: “Si el texto es exactamente igual que las enmiendas volvemos a un supuesto de inconstitucionalidad”. El motivo esgrimido por el líder del PP ya no es formal, sino de fondo. Algo que no entró a valorar el Constitucional.
Para el PP, la norma que plantea el Gobierno “roba a los jueces [en referencia al CGPJ] la competencia para nombrar a dos jueces” en el Constitucional “y le roba las competencias al Constitucional para establecer la idoneidad” de los candidatos.12:15
Informa Aitor Riveiro.
Siete vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han registrado en la mañana de este viernes la candidatura del magistrado del Supremo José Manuel Bandrés para su designación como miembro del Tribunal Constitucional en el pleno extraordinario del próximo martes, ha informado el órgano de gobierno de los jueces. Este movimiento ratifica la candidatura de Bandrés ante el intento del bloque conservadores de imponer a sus dos candidatos en esta nueva reunión extraordinaria: el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano.
Pero la propuesta va firmada por siete de los ocho miembros del grupo progresista. Todos menos Enrique Lucas, designado en su día a propuesta del PNV, quien no participó en las votaciones internas en las que salió elegido Bandrés por su relación de parentesco con el otro candidato, el también juez del Supremo Pablo Lucas, que es su hermano.
Los nombramientos del Constitucional, que acumulan más de tres meses de retraso por el bloqueo de los vocales elegidos a propuesta del PP, requieren el respaldo de 11 de los miembros del pleno, formado ahora por diez conservadores y ocho progresistas. Es decir, los conservadores solo necesitan un voto del grupo contrario para imponer a sus candidatos.
Información de Elena Herrera.