Unidas Podemos ha registrado este viernes la solicitud para crear una comisión de investigación parlamentaria “sobre las tarjetas black del rey emérito”. Así lo ha anunciado su portavoz, Pablo Echenique, quien ha señalado que se trata de “hechos ocurridos tras su abdicación”, por lo que “no se aplica la inviolabilidad del artículo 56.3” de la Constitución. “La Mesa del Congreso no tiene excusa posible para bloquearla”, ha concluido en un mensaje en Twitter. Fuentes de Unidas Podemos señalan que su grupo parlamentario ha avisado al PSOE de que se iba a presentar la iniciativa.
En el escrito registrado por el grupo confederal se expone que “a través de los medios de comunicación” han conocido que “la Fiscalía Anticorrupción está investigando, desde finales de 2019, al Rey Emérito Juan Carlos de Borbón y a Sofía de Grecia, por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuraría como titulares”. Unas tarjetas con las que “se habrían pagado abundante cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la familia real” entre los que estarían dos de los nietos del exjefe del Estado.
El escrito hace hincapié en que “los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, todos ellos posteriores a la abdicación del Rey Emérito en junio de 2014”. El dato no es baladí. Hasta ahora la Mesa del Congreso ha rechazado sistemáticamente cualquier intento de fiscalizar a Juan Carlos de Borbón. El PP y el PSOE, ahora con el apoyo de Vox y antes con el de Ciudadanos, han planteado un cordón sanitario alrededor de la Monarquía basándose en los informes de los letrados del Congreso, que indican que la inviolabilidad que la Constitución da al rey imposibilita una investigación parlamentaria.
Por eso el escrito hace referencia al momento temporal en el que ocurrieron los hechos: tras la abdicación de Juan Carlos de Borbón. En este caso ya no aplicaría la inviolabilidad, aunque sí el aforamiento del exrey ante el Tribunal Supremo. Con todo, en anteriores ocasiones en las que Unidas Podemos, solo o con otros grupos parlamentarios, han planteado investigar en el Congreso aspectos relacionados con Juan Carlos de Borbón posteriores a su abdicación los letrados también lo han rechazado al considerar que los hechos partían de su periodo como rey.
La petición de comisión parlamentaria indica que la regularización fiscal anunciada por el abogado del exmonarca “supondría la admisión de al menos una parte del fraude investigado por el Ministerio Público, y por ende, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal”. Y continúa: “La sola implicación de personas de notoria relevancia pública, como lo es el exjefe del Estado, en la presunta comisión de un delito fiscal y un delito de blanqueo de capitales, es una cuestión de interés público que justifica una investigación parlamentaria como la que aquí se plantea. Lo mismo ocurre con la decisión del Rey Emérito de solicitar la regularización tributaria prevista por el artículo 305.4 del Código Penal, ya que implicaría la aceptación de muchas de las irregularidades que se le atribuían”.
Las reacciones socialistas han llegado a lo largo de la mañana. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que la iniciativa no tiene “mucha viabilidad política” ya que Unidas Podemos es “el cuarto grupo en la Cámara” y su posición es diferente a “los otros grupos mucho más mayoritarios”, en referencia a su partido, el PSOE, al PP y a Vox.
ERC y el Grupo Plural piden investigar la relación con Arabia Saudí
También este viernes se ha registrado otra petición de comisión de investigación relacionada con Juan Carlos de Borbón y su supuesta intervención en la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad que une La Meca y Medina, en Arabia Saudí, a cambio del pago de hasta 100 millones de dólares en comisiones.
La petición parte de ERC y del Grupo Plural (Junts per Catalunya, Más País, Compromís y BNG), así como de la CUP y solicita crear una comisión de investigación sobre las presuntas “ilegalidades e irregularidades” cometidas por miembros de la Casa Real, en particular las del rey emérito, y determinar qué sabía de las mismas su hijo Felipe VI, así como si se benefició de ellas.
Los grupos firmantes quieren investigar, además de estas presuntas irregularidades, quiénes son “sus cómplices”; el origen y destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros de uso de las llamadas tarjetas black y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial de España con Arabia Saudí, informa Europa Press.
Su intención es que se abran pesquisas sobre la “existencia de estructuras opacas, con la participación del ex jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales”, sobre el presunto “blanqueo de capitales” por parte del Rey emérito, si actuó como comisionista, quién conocía sus actividades, quiénes eran sus cómplices “y las consecuencias y responsabilidades derivadas de las mismas”.