El próximo 1 de enero las pensiones en España volverán a revalorizarse en función del llamado “criterio de estabilidad”, que fija un mínimo del 0,25%, en lugar de hacerlo en función del IPC, tal y como reclaman desde hace años los colectivos de pensionistas. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, prometió en un acto electoral que su Ejecutivo corregiría la situación con un real decreto. Pero los sindicatos tienen dudas de que un Gobierno en funciones tenga la capacidad legal de hacerlo y ha solicitado una ronda de reuniones con los principales partidos para promover una proposición de ley que solvente el problema legal. De momento, solo Unidas Podemos se ha reunido con CCOO y UGT y ha asumido su propuesta.
La reunión ha tenido lugar este martes en las dependencias del Congreso. A la cita han acudido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Al término de la reunión, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha reclamado en declaraciones a los medios un “compromiso” sobre la revalorización de las pensiones según el IPC. “Nosotros pedimos que lo primero que se presente en las nuevas Cortes sea una proposición de ley que cuente con el apoyo de todos los grupos para que en enero se haga la subida sobre el IPC y no como está marcada por ley, al 0,25%”, ha añadido.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma de las pensiones que añadía diversos factores en el cómputo de las prestaciones y que vinculaba las subidas anuales no solo a la evolución del coste de la vida, sino a otros elementos como las previsiones económicas. La norma implicaría que, por ejemplo, en 2019 las pensiones solo hubieran subido un 0,25%. Pero el Congreso convalidó un real decreto ley del Gobierno que imponía una excepción para este año al aumentar las prestaciones en función del IPC.
La situación de bloqueo político ha llevado a una repetición electoral en noviembre que hará muy complicado que antes del 1 de enero haya un Gobierno con plenas funciones. Sánchez, que ha lanzado ya varias promesas en el inicio de la precampaña, asegura que lo arreglará otra vez con un decreto. Pero existen dudas sobre las competencias del Ejecutivo.
Por eso, los sindicatos reclaman una vía más segura: la proposición de ley, que emana del Parlamento y es de obligado cumplimiento para el Gobierno, esté en funciones o no.
Barrera ha recordado “la buena consonancia” que tienen los sindicatos con Unidas Podemos en materia de pensiones. La dirigente de UGT ha asegurado que la garantía de las pensiones pasa por modificar el mercado de trabajo y, específicamente, “por derogar la reforma laboral” porque, ha asegurado, ante la amenaza de una nueva crisis económica, las condiciones con las que la afrontaría la Seguridad Social dicha crisis sería peor que a partir de 2008. Además, ha reclamado una profunda reforma fiscal que aumente los ingresos del Estado, así como de la Seguridad Social.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha abundado en las explicaciones de Barrera. Bravo ha reclamado “una mayoría parlamentaria preestablecida que garantice que los pensionistas no tienen pérdida de poder adquisitivo”.
“El día 1 de enero deja de estar en suspenso la reforma de las pensiones”, ha sostenido Bravo. El dirigente de CCOO ha pedido “acabar” con la inestabilidad que viven los pensionistas “año a año”.
“Esto es lo que no debería dejar dormir a Sánchez”
La diputada de Unidas Podemos-Galicia en Común, Yolanda Díaz, ha reclamado el apoyo de los demás grupos a una medida que ellos asumirán en la próxima legislatura. “Si el Gobierno tuviera que aplicar lo que la ley dice, la revalorización sería del 0,25%”, ha dicho Díaz. “Causa estupor que esto no se hubiera previsto cuando se convocaron las elecciones generales. Estas son las cosas que preocupan a la gente y son las cosas que no deberían dejar de dormir al presidente en funciones”, ha zanjado.
Por su parte, el diputado Rafael Mayoral ha reclamado que la defensa del poder adquisitivo de las pensiones “no debería estar al albur de quién gobierna, sino garantizado” por ley.
El dirigente de Podemos también ha hecho un llamamiento a las demás fuerzas políticas para que se sumen al acuerdo y ha zanjado: “Defender la democracia también es defender el poder adquisitivo de los pensionistas”.