Unidos Podemos y ERC no cejan en su empeño de que el Congreso de los Diputados abra una investigación sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón. Ambos grupos han remitido una carta a la Mesa de la Cámara para pedir una reconsideración a la decisión de impedir que se debata, y vote, en Pleno la creación de una comisión parlamentaria que fiscalice los negocios y posibles irregularidades del rey emérito desde que abdicó, en junio de 2014.
El grupo confederal y el catalán aseguran en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, que el veto que aprobaron PP, PSOE y Ciudadanos en el organismo que preside Ana Pastor fue “inconstitucional”.
La carta recuerda que la petición de investigación se circunscribía a los “actos cometidos por Juan Carlos de Borbón después de su abdicación como Jefe del Estado” y que en ningún caso se refieren al actual rey.
“E ste Parlamento ha de determinar las responsabilidades politicas y éticas que se pueden derivar de lo que podría ser una actividad ilícita llevada a cabo por parte de Juan Carlos de Borbón, a partir de su abdicación efectiva el 19 de junio del año 2014, cuando deja de ser una figura inviolable”, apuntan los grupos parlamentarios en la carta.
La Mesa del Congreso ha vetado sistemáticamente cualquier iniciativa parlamentaria referida a Juan Carlos de Borbón. El motivo: la inviolabilidad que la Constitución le otorga en su artículo 56.
Sin embargo, la última solicitud de creación de comisión de investigación se ceñía expresamente al momento en el que el exrey abdicó de la Jefatura del Estado y, por tanto, dejó de estar bajo el paraguas de dicho artículo ya que “hace expresa referencia a la persona del Rey (en singular) como Jefe del Estado, y no a figuras que alguna vez hayan ostentado este cargo”.
“Ha abandonado voluntariamente su posición de Rey de España”, apunta el escrito, que dice desconocer también “los motivos que llevan a la Mesa a descartar por completo la posibilidad de que Juan Carlos de Borbón, a pesar de los indicios hoy públicos, haya incurrido en alguna irregularidad desde junio de 2014”.
Tanto Unidos Podemos como ERC consideran que “determinar el alcance de estos indicios desde entonces, conocer la verdad, dilucidar las responsabilidades políticas y éticas, así como proponer medidas efectivas para que esto no vuelva a suceder, están y han de estar entre las funciones nucleares de un parlamento”.
Y concluyen que rechazar esta misión “ahonda en el desprestigio de la institución, facilitando que se extienda la opinión de que el poder legislativo bloquea la investigación de hechos y extralimitadas conductas del anterior Jefe del Estado, incluso cuando ya no lo es”.