Unidos Podemos-En Comú-En Marea vuelve a la carga con una de sus propuestas recurrentes: hacer más justo el sistema hipotecario español. El Gobierno defenderá este jueves en el Congreso la admisión a trámite del proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, una norma emanada de Europa que llega un año tarde y cuyo retraso cuesta a los españoles algo más de 100.000 euros al día hasta que se apruebe. El grupo confederal ha presentado una enmienda a la totalidad que revierte “la carga de la prueba” del hipotecado al prestamista, según ha explicado el diputado Rafael Mayoral en la presentación de la iniciativa.
Mayoral, que ha llevado el timón de la redacción del a enmienda, ha expuesto las líneas generales de la propuesta acompañado del presidente del grupo, Pablo Iglesias, del líder de IU, Alberto Garzón, y de las diputadas de En Comú Lucía Martín y de En Marea, Yolanda Díaz.
Entre las medidas anunciadas Unidos Podemos está una suerte de carné por puntos para las entidades financieras. La idea general de la enmienda es que el Estado “tome partido” por la parte más débil del contrato, en este caso el hipotecado. Es el principio pro consumatore. Y, en opinión de los confederados, el proyecto del Gobierno no lo cumple.
“Es el último servicio de Guindos a las entidades financieras antes de irse al BCE”, ha apuntado Mayoral en referencia al ministro de Economía, propuesto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para ocupar un asiento en el regulador europeo. “Ellos han tomado partido por las entidades. Nosotros planteamos un texto que sirva al debate y tenga como eje central la defensa de los consumidores frente a las entidades”, ha expuesto Mayoral.
“Existe desigualdad y el Estado tiene deber de defender a la parte débil”, ha insistido el diputado, que antes de entrar al Congreso formaba parte de la PAH en Madrid y defendía en los tribunales, como abogado, a personas desahuciadas.
Entre las medidas adoptadas los ponentes han destacado que deben ser las entidades financieras las que se hagan responsables de los parámetros de solvencia de los tomadores del crédito. Es decir, que los bancos midan “la capacidad que tengan de poder asumir la carga a futuro”, según ha explicado la diputada Yolanda Díaz.
Si los bancos no cumplieran este precepto y se emitiera un contrato sin cumplirlo, se podría declarar “la nulidad” del contrato. “Y se podrá sancionar” a la entidad. ¿Y si la entidad financiera insiste en los incumplimientos? Mayoral ha recordado que cuando un ciudadano comete de forma reiterada infracciones de tráfico puede perder el carné de conducir. “Si alguien plantea cláusulas abusivas de forma reiterada, debe perder el derecho a conceder créditos hipotecarios”, ha zanjado.
La “leyenda urbana” de los desahucios
El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la necesidad de esta enmienda para responder a quienes dicen que es “una leyenda urbana” que haya desahucios en España, en referencia al directivo de La Caixa que hizo esta afirmación y que luego rectificó.
Iglesias ha señalado que “si hay una leyenda urbana es que las medidas del Gobierno sirven para parar los desahucios”. Y ha apostado por “limitar al bien hipotecado la responsabilidad para impedir deudas impagables que son una cadena perpetua”. La “dación en pago” que se convirtió en lema durante la crisis y que este miércoles ha vuelto a defender la diputada catalana Lucía Martín, que llegó al Congreso también directa de la PAH, aunque esta vez de Barcelona.
Martín ha lamentado que el PP ponga “parches” y no solucione el problema. “Su concepción es que la vivienda es un bien, no un derecho a garantizar”, ha dicho. Y ha recordado que el Gobierno ha llevado al Constitucional leyes de Catalunya, Andalucía o Navarra que legislaban en este sentido“.
El coordinador de IU, Alberto Garzón, ha planteado que Unidos Podemos es el único grupo que ha preparado un texto alternativo al del Gobierno con la intención de “beneficiar a las familias trabajadoras de este país”.
La intención, ha dicho, es “introducir mejoras de calado en una ley del PP”, aunque no ha parecido muy convencido de recibir el apoyo de la Cámara este jueves. Según han explicado los ponentes, el PNV ya ha dicho que apoyará la propuesta del Gobierno. El PSOE y Ciudadanos de momento no se han pronunciado. Solo ERC se ha mostrado de acuerdo con la enmienda de Unidos Podemos.
“Tarde o temprano este tipo de leyes se aprobarán en este país porque lo hacen más justo”, ha concluido Garzón.