Solo habían pasado cuatro días desde que el Gobierno de España instaurase el estado de alarma y los muertos por coronavirus ya se contaban por centenares, aunque lo peor estaba aún por llegar. Fue en esos días de desconcierto, con toda la población recluida en sus casas y los hospitales bajo amenaza de colapso, cuando dos supuestos empresarios vieron lo que en las escuelas privadas de finanzas llaman una “oportunidad de negocio”. O más bien: la opción de embolsarse varios millones de euros de dinero público gracias a sus contactos y a la necesidad de proveer a sanitarios y policías el material que les evitase contagiarse. Solo necesitaron siete días para hacer un negocio que les reportó seis millones de euros de beneficios, que ahora pide embargar la Fiscalía Anticorrupción.
Uno de los intermediarios es un habitual de la crónica rosa y las revistas de moda, Luis Medina Abascal, hijo del duque de feria y la modelo Nati Abascal. El otro, Alberto Luceño, amigo de Medina Abascal y quien se quiso quedar con la mayor parte del botín. Como tantos otros, aquellos días se percataron de que tenían las conexiones necesarias para que la peor pandemia en un siglo derivase en un negocio millonario y sin apenas esfuerzo. “Toda crisis es también una oportunidad”, advierte en uno de sus consejos de marketing la escuela de negocios que dirigía Luceño, un empresario de reputación dudosa que también hizo carrera en la enseñanza privada.
El Ayuntamiento de Madrid presentaba las características perfectas para ello: había facilitado la contratación levantando controles para esas licitaciones y ofrecía una vía de entrada a través de un familiar del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
El 20 de marzo, Almeida derivó las contrataciones para el material contra el Covid-19 a la Funeraria de Madrid, una empresa municipal que podía adelantar el dinero a los proveedores, algo que no pueden hacer las administraciones. El resto del camino está allanado por el Estado de Alarma aprobado por el congreso que facultaba a los Gobiernos a adjudicar contratos millonarios sin concurso para agilizar la compra de material sanitario que escaseaba en los hospitales y con los mercados internacionales convertidos en zocos que vendían al mejor postor.
Es en esas mismas fechas, según la querella de Anticorrupción, cuando Luceño y Medina ven la oportunidad de obtener “un exagerado e injustificado beneficio económico”: como todas las administraciones, el Ayuntamiento de Madrid buscaba desesperadamente todo tipo de material para proveer a los funcionarios y al personal sanitario, a los policías y a los bomberos, que fueron cuerpos esenciales durante la crisis.
Es Medina quien da el primer paso. Contacta con Carlos Martínez-Almeida, un abogado que trabaja en el sector privado y a la vez primo hermano y amigo del alcalde, al que según la Fiscalía –que destaca también que aprovechó su condición de personaje conocido en la vida pública– le une una “amistad”. El Ayuntamiento de Madrid, que ha ocultado la investigación desde que arrancó hace más de año y medio, lo niega, pero Anticorrupción afirma con claridad en su escrito que Medina se “aprovechó” de ese vínculo con el primo de Almeida para acceder al Consistorio.
Aquí es donde las versiones de la Fiscalía y el Gobierno municipal dejan de encajar. Según Almeida, su primo contacta con la coordinadora general del Ayuntamiento, Matilde García Duarte, que le proporciona un email genérico. El alcalde asegura que Medina envía un primer email el 18 de marzo ofreciendo material, y otro al día siguiente. Justo en esos días España supera el millar de muertos.
La versión de Medina es que obtiene un número de teléfono, el de Elena Collado, la persona que se está encargando de las compras en el Consistorio, y habla directamente con ella en varias ocasiones. Collado, responsable de Transparencia y consejera de la Funeraria, es en ese momento quien centraliza todas las llamadas de proveedores y donantes y asume la organización de los pedidos a través de la empresa pública.
Por lo que se conoce del caso, el papel de Medina acaba ahí. Ha conseguido el teléfono que necesitaba y se lo pasa a su socio en esta oportunidad de negocio, Alberto Luceño. Por ese trabajo se embolsa un millón de euros. “Una comisión habitual”, según él mismo ha contado en una entrevista concedida en El Confidencial.
A partir de ese momento es el otro intermediario, Luceño, el que comanda las negociaciones con Elena Collado, ante la que se presenta como un empresario experto en importación desde Asia, con fábricas en China, y representante exclusivo de la empresa Leno Malaysia. El motivo que esgrime para acercarse al Consistorio es altruismo puro y duro. Asegura que lo hace, según recoge la querella de Anticorrupción, “movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia”.
Hoy se sabe que era todo mentira. Ni experto importador, ni fábricas en China, ni representante de nadie. También eran falsas sus ganas de ayudar en la lucha contra el coronavirus. Luceño hace entonces el movimiento clave: promete mascarillas, guantes y test, pero advierte de los elevados precios que tiene el material en ese momento. Es la mentira más grave: los precios no eran tan altos, pero él los había inflado para cargar comisiones del 60% a las mascarillas, del 81% a los guantes y del 71% a los test.
Pese a todo, logra su objetivo. La Funeraria cierra con Luceño los contratos de mascarillas el 24 de marzo; los de test y guantes el 25, cuando España ya roza los 5.000 muertos. El negocio está cerrado. Son casi 16 millones de dinero público comprometidos en apenas siete días y sin control ninguno, sin que nadie en el Ayuntamiento haya hecho grandes comprobaciones sobre Luceño. Un contacto en el Ayuntamiento, una coartada falsa, un personaje creado ad hoc y una pandemia de fondo para llevarse en un principio 11 millones en comisiones; tres para Medina y ocho para Luceño. La mala calidad del material les obligará a reducir esa cantidad.
El propio Almeida presumió de la compra de ese material el 23 de marzo, cuando anunció que iban a llegar a Madrid mascarillas, test y guantes mientras criticaba que el Gobierno no le enviaba el material que había pedido: “No nos ha llegado el material, y por tanto hemos tomado la decisión, a finales de la semana pasada, de que se adquieran los suministros en el mercado”. El mercado era un amigo de su primo y el socio de éste.
Un material defectuoso
Los pagos se hacen efectivos a través de nueve transferencias que se prolongan desde el 24 de marzo hasta el 6 de abril, cuando se hace el último ingreso. Ese día España ha enterrado ya a 15.000 personas por el coronavirus cuando llega ese último pago; la cifra aumentaba en cientos de muertos cada día.
Paradójicamente, cuando el negocio está cerrado y esas cantidades millonarias, ingresadas en sus cuentas, empiezan los problemas. El 8 de abril llegan los guantes a la funeraria, pero no son los que habían prometido. Tienen peor calidad y distinto tamaño al acordado. La alto cargo que supervisa las compras se encuentra en un supermercado de Madrid guantes del mismo modelo a ocho céntimos. Luceño los había vendido a dos dólares, el par.
Elena Collado intenta contactar con Luceño, que empieza a no contestar al teléfono. Y es entonces cuando recurre al primer intermediario, Luis Medina Abascal, para advertirle de que su amigo (y socio) va a tener un problema si no atiende sus reclamaciones. Luceño fabrica otra mentira para la ocasión. Dice que los responsables de la empresa para la que trabaja aceptan rebajar el precio para compensar ese cambio de calidades en los guantes; no es verdad, lo que hace realmente el empresario es devolver su comisión y la de Medina (cuatro millones de euros en total, la única que no han podido cobrar). Aún así, el precio que pagó el Ayuntamiento de Madrid fue cuatro veces superior a lo que costaba ese material.
Los test que enviaron a través del segundo contrato también estaban mal. Solo servían un tercio de los 250.000 que se habían comprado. Cuando se le afeó a Luceño, cambió de estrategia. Esta vez no estaba dispuesto a renunciar a más dinero, así que prometió la entrega de nuevos reactivos que mejorarían la fiabilidad de los test. “No consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”, dice Anticorrupción.
A pesar de estos engaños, no hay constancia de que el Ayuntamiento de Madrid reclamase a Luceño la devolución del dinero por este encargo, ni que hiciese una auditoría interna para determinar qué había ocurrido. Tampoco lo denunció ante un juzgado o la Fiscalía.
Mentiras para garantizarse los millones
Las pesquisas de Anticorrupción evidencian cómo Luceño no estaba dispuesto a renunciar a más dinero. Había tenido que devolver tres millones de euros por los guantes defectuosos y no pensaba perder un euro más. Para garantizarse el resto de pagos por parte de la empresa de Malasia, le comunicó a sus directivos que Medina no cobraría su parte. Fue una decisión unilateral que buscaba asegurar las transferencias restantes a sus cuentas.
En realidad, el engaño a su socio habían comenzado mucho antes. Ambos habían quedado en repartirse a medias el botín. Por ejemplo, para los test habían pactado una comisión de 950.000 dólares para cada uno. Pero para Luceño era poco, así que acordó por su cuenta que a eso iba a sumar 1,2 millones más, de los que no informó a Medina.
Lo mismo ocurrió con las mascarillas. Pactaron un millón para cada uno, pero luego Luceño acordó con la empresa de Malasia que él se llevaría dos millones más.
Al final, con el contratiempo de los guantes, los dos comisionistas se embolsaron seis millones de euros de dinero público. Uno para Medina, cinco para Luceño. Con el dinero ya en las cuentas hubo que seguir con el engaño. Sus respectivos bancos les pidieron explicaciones por esos ingresos millonarios, y ellos respondieron con documentos que, según la Fiscalía, eran falsos. Luceño los fabricó y puso fechas y firmas falsas para hacer creer a los bancos que trabajaba desde hace años para la empresa de Malasia.
A partir de ahí solo quedaba disfrutar. Ese verano, Luceño se fue seis días a un hotel de Málaga que le costó 10.000 euros por noche. Compró coches de lujo, uno de ellos por 355.000 euros, varios rolex y una casa en Pozuelo. Medina, con una parte del pastel más pequeña, adquirió bonos de empresas y se dio solo un capricho: un yate Leonardo Eagle 44, un velero de 13 metros de eslora, cubierta de madera y casco azul. Le puso de nombre ‘Feria’, como el ducado que se ha heredado en su familia desde hace más de 450 años y que lleva aparejada la Grandeza de España.