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Una vocal del Poder Judicial pide “medidas disciplinarias” contra el presidente del TSJ de Castilla y León por sus palabras sobre Iglesias

Elena Herrera

17 de febrero de 2021 13:51 h

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Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Izquierda Unida, ha remitido un escrito a su presidente, Carlos Lesmes, en el que solicita que el órgano de gobierno de los jueces adopte “medidas gubernativas y disciplinarias” contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León, José Luis Concepción.

Este magistrado aseguró en una entrevista que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”, en referencia a que el PCE forma parte de IU, integrante de Unidas Podemos, socio del Gobierno. Hizo esta afirmación tras ser preguntado si era adecuado que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pusiera “en solfa” la calidad democrática de España.

Sáez considera “injustificable” el comportamiento del magistrado y entiende que la “gravedad y trascendencia” de sus manifestaciones debe generar una “inmediata” respuesta por parte del CGPJ en el sentido de mostrar “su absoluto y total rechazo” a las mismas. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces afirman que, por el momento, no se ha planteado ninguna medida contra Concepción, aunque es muy posible que el tema sea objeto de debate en la Comisión Permanente prevista para este jueves. Concepción es presidente del TSJ de Castilla y León desde julio de 2005. En enero de 2016 el actual CGPJ renovó por segunda vez su mandato por 15 votos frente a cinco.

En su escrito, la vocal recuerda que no es la primera vez que Concepción se “extralimita” en sus deberes y funciones con opiniones que “comprometen seriamente la imagen y el prestigio democráticos del Consejo y de quien lo preside”. Según la vocal, en esas otras ocasiones no hubo una “reacción institucional ajustada” algo que, a su juicio, “no puede ni debe repetirse en esta ocasión”.

El pasado mayo, en medio de la primera ola de la pandemia, Concepción acusó al Ejecutivo de suspender derechos fundamentales: “El Gobierno está usando esta crisis para otros asuntos de su interés”, aseguró. Entonces, Lesmes reaccionó enviándole una carta en la que le pidió “prudencia, mesura y responsabilidad institucional” en sus declaraciones. Pero no hubo reprobación pública y tampoco se abrió ningún expediente informativo como él mismo se encargó de recordar en otra entrevista. 

En su escrito, Sáez recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial califica de falta grave que un magistrado, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición, dirija a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos. 

También durante la pandemia, Concepción acusó al ejecutivo de “ocultar” la cifra de muertos. Y, previamente, en octubre de 2019, cuando se produjo la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, defendió que ese hecho convertía, en “rencor” la “concordia” de 1978. En una entrevista con el Norte de Castilla, Concepción definió la ley de memoria histórica como “perversa” y aseguró que trataba de convertir en “vencedor” de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939. En esta ocasión, la reacción del CGPJ se limitó a una declaración pública de su presidente, que en una entrevista en Onda Cero defendió la legalidad de la exhumación de Franco. 

Podemos pide su dimisión 

Este martes el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, compartió en sus redes sociales el fragmento del vídeo de Concepción, entrecomillando sus palabras, aunque sin más mensaje que su nombre y cargo: “José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 16 de febrero de 2021”. Más allá ha ido el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que ha exigido el cese o la dimisión del magistrado, ya que sus palabras son “una vergüenza y una ignominia”. IU y el PCE de Castilla y León también han considerado que debe ser sancionado y apartado de la carrera judicial por poner en duda su presumible independencia e imparcialidad, informa Europa Press.