El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dará por el momento la batalla en Europa contra la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones, una situación en la que está desde diciembre de 2018 y que le hace mantener una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.
Tras cinco horas de intenso debate, el pleno tumbó este jueves la propuesta de cinco vocales del sector conservador de pedir a la Red Europea de Consejos de Justicia —un organismo en el que están representados los Consejos del Poder Judicial o instituciones similares de los Estados miembros de la UE— que examinara y se pronunciara sobre esta reforma legal, impulsada por PSOE y Unidas Podemos como respuesta al bloqueo del PP para renovar un órgano que lleva más de dos años con el mandato caducado. La reforma de PSOE y UP ha recibido el visto bueno de Bruselas esta misma semana.
La propuesta de los cinco vocales —Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya— no contó en esta ocasión con el respaldo de otros miembros del CGPJ que, en los últimos meses, sí avalaron posicionamientos muy duros contra esta reforma durante su tramitación parlamentaria.
El pasado enero, con el voto a favor de 16 de sus 21 miembros, el CGPJ acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés, pues la reforma fue tramitada por procedimiento de urgencia y con una modalidad legislativa que permite hacerlo sin recabar la opinión de los órganos consultivos. Ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar, lo que elevó la tensión entre ambos poderes del Estado.
Pero, en esta ocasión, el sector del CGPJ más crítico con esta reforma no logró conseguir el respaldo suficiente como para dar la batalla a escala europea. Además de los cinco proponentes, sólo votaron a favor de trasladar el debate sobre esa ley a la Red Europea de Consejos de Justicia los vocales del ala conservadora Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Wenceslao Olea.
Y, además de este rechazo, ni siquiera se llegó a votar su otra propuesta, que consistía en “adelantar” la respuesta al informe sobre el Estado de Derecho que realiza a final de cada año el CGPJ con el cuestionario que le remite la Comisión Europea incluyendo en ese documento algún tipo de posicionamiento que descalificara la reforma. Finalmente se acordó que una vocal elaborara una propuesta más concreta al respecto para analizarla próximamente.
El recurso al TC
Según las fuentes consultadas, a día de hoy también son minoría las voces que apuestan por llevar la ley al Constitucional, una posibilidad que previsiblemente se debatirá de manera más extensa en un pleno extraordinario que se celebrará la semana que viene después de que más de cinco vocales anunciaran este jueves que lo solicitarán.
La opción de acudir al tribunal de garantías la rechaza frontalmente el propio presidente del CGPJ, quien durante la sesión de este jueves dejó claro que no está a favor de optar por esta vía. Otros vocales, sin embargo, plantearon la necesidad de valorar mecanismos de “defensa de la independencia judicial” ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente“ al CGPJ.
Entre el sector conservador se extiende la idea de que hay que hacer “algo” para evidenciar su rechazo a una norma que algunos entienden que va en “dirección contraria” al sentido marcado por la UE en materia de independencia judicial y “socava los cimientos del Estado de derecho”, pero no hay un acuerdo ni mucho menos unánime sobre qué hacer.
La impugnación ante el Constitucional se realizaría, en todo caso, por la vía del conflicto de atribuciones, pues el CGPJ no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el CGPJ puede hacer uso de este procedimiento si estima que el Gobierno, el Congreso o el Senado han adoptado “decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren” al órgano de gobierno de los jueces. Es decir, si considera que ha invadido sus competencias en alguna materia. Para ello, se necesita el voto favorable de once vocales. Además, ese hipotético conflicto de competencias se debería presentar, como tarde, el 30 de abril, pues debe hacerse, como máximo, un mes después de la entrada en vigor de la ley impugnada.
Sin embargo, ni siquiera existe unanimidad entre los vocales sobre si en la actual situación de interinidad el CGPJ está legitimado para acudir al Constitucional. Los letrados del CGPJ sí dejaron abierta esta posibilidad en el informe sobre el alcance de la reforma que limita sus competencias en funciones encargado por Lesmes.
A este respecto, el informe sostiene que esta es “una atribución consustancial al sistema de división de poderes” y que la decisión sobre su admisión o inadmisión ha de venir determinada exclusivamente por lo que disponga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de modo que corresponde a este decidir acerca de su admisibilidad, comenzando por el examen de la legitimación del proponente.
Entre tanto, la reforma —que salió adelante en Las Cortes con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos— ha obtenido esta semana el aval de la Comisión Europea. “Tomo nota de las garantías dadas de que la reciente reforma para limitar los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en funciones refleja los requisitos relativos a los principios del Estado de Derecho y los equilibrios de poderes en España”, dijo este lunes la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que, no obstante, avisó al Gobierno de esa reforma “hace aún más imperiosa la renovación de sus miembros”.
Además, el Ejecutivo anunció el pasado martes que renunciaba definitivamente a la reforma que preveía un cambio en las mayorías necesarias para elegir a los vocales y que generó un amplio rechazo. Esa modificación legislativa estaba congelada desde el pasado octubre, cuando Pedro Sánchez anunció públicamente la paralización de su tramitación parlamentaria para facilitar un acuerdo de renovación con el PP que todavía no se ha producido.