Nada cambia con la apertura del año judicial. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, repartió culpas por igual entre PSOE y PP por la anomalía de presidir una institución que debería haberse renovado hace más de dos año y medio y a partir de ahí vuelta a la rutina. Ni Lesmes ni los vocales contemplan la opción de dimitir y forzar así la renovación del órgano constitucional, que ha rebasado los mil días en funciones y camina ahora hacia su tercer año de bloqueo.
Miembros de los sectores conservador y progresista consultados por elDiario.es afirman que su renuncia en bloque no está sobre la mesa como vía para facilitar la renovación de la institución, sometida a una situación de parálisis institucional. Tampoco se plantea abandonar su presidente, Carlos Lesmes, que no aludió en su discurso en el acto de Apertura del Año Judicial a esta posibilidad y descargó toda la responsabilidad en los dos principales partidos, a los que pidió un ejercicio de “patriotismo constitucional” y “generosidad”.
La situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se remonta a diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años que consagra la Constitución. El bloqueo se ha mantenido desde entonces por la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular, que salió de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura, y ha desplegado para ello una batería de condiciones cambiantes.
El rechazo de los vocales a presentar su dimisión en bloque aleja toda posibilidad de forzar desde dentro un proceso de renovación que está en vía muerta. El Gobierno rechazó de nuevo este martes el cambio de ley que exige el partido de Pablo Casado para pactar una nueva composición del CGPJ. “Se acabaron las excusas”, dijo en rueda de prensa la portavoz, Isabel Rodríguez, horas después de que el líder de los conservadores insistiera en esta modificación legal como condición para la renovación. Es un punto de partida que los socialistas rechazan, pues consideran que debe ser el Parlamento —y no los jueces— el que tiene que designar a su órgano de gobierno, como recoge la ley actual desde hace tres décadas.
El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Aunque durante el actual mandato los miembros de ambos sectores sí han confrontado en cuestiones clave como los nombramientos en la cúpula judicial —ahora paralizados tras una reforma que entró en vigor la pasada primavera— el rechazo a la posibilidad de renunciar como vía para forzar la renovación concilia casi al completo a conservadores y progresistas.
En las dos alas recuerdan que, aunque tiene vedada su función esencial de hacer designaciones en los principales tribunales, el CGPJ sí mantiene sus competencias en otras cuestiones relevantes como el régimen disciplinario, la provisión de destinos y ascensos reglados o la realización de informes sobre proyectos legislativos y afirman que no se pueden desatender esas responsabilidades. “Hay mucho trabajo por hacer y tenemos que seguir desempeñándolo”, sostiene una vocal progresista. “No se puede dejar abandonada a la institución”, dice otro vocal del sector conservador.
Una “gravísima irresponsabilidad”
Los conservadores, en todo caso, usan palabras más gruesas para referirse a la propuesta de renuncia que han deslizado por sectores de la judicatura. Entre ellos, la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, que en varias ocasiones ha pedido a los vocales un ejercicio de “coherencia y responsabilidad” que pueda facilitar la renovación de la institución.
“Es una propuesta salvaje que posiblemente no sirva para nada. Nada garantiza que una dimisión vaya a resolver la situación. La incapacidad de llegar a un acuerdo político no puede transformarse en un problema de la institución”, sostiene un vocal elegido en su día a propuesta del PP, que califica de “gravísima irresponsabilidad” dejar “abandonado” al órgano de gobierno de los jueces. “Es una tontería, una irresponsabilidad”, sostiene otro conservador que insiste en que la dimisión en bloque “no está sobre la mesa”.
La dimisión tampoco está en el ánimo de los vocales del minoritario sector progresista, donde están convencidos de que los conservadores nunca les seguirían en esta iniciativa y, con su renuncia, perderían la posibilidad de ejercer de “contrapeso” ante sus “tropelías”.
“Todo este último año los conservadores han sido muy desleales con la institución y, si se quedaran solos, lo harían incluso con mayor impunidad”, dice un vocal de este sector, que insiste en que su retirada, además, no tendría efectos prácticos en la resolución del bloqueo porque serían relevados por los suplentes elegidos por el Congreso y el Senado en el proceso de renovación de 2013. Otros vocales de este sector consultados por elDiario.es coinciden en este diagnóstico e insisten en que su dimisión no es una posibilidad que esté sobre la mesa a día de hoy.
La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado el pasado diciembre, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado.
“Este CGPJ (...) no va a consentir que se le convierta en chivo expiatorio o moneda de cambio de la incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición. Quien bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial debe perder toda esperanza de sacar rédito político de su irresponsable conducta”, decía el texto presentado por el vocal propuesto por el PSOE. Esa iniciativa, sin embargo, sólo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.
Los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces se mantienen por tanto otro curso más en sus puestos aunque, por ley, deben limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de la institución pero que no impliquen una “injerencia” en las atribuciones del mandato entrante.