Es difícil oír en el Congreso a una diputada del PP salir en defensa y apoyo de una parlamentaria de Podemos. Pero el pasado 28 de noviembre ocurrió. La jornada, que ya había estado bastante agitada al debatirse ese día, a petición de la extrema derecha, una iniciativa sobre la derogación de la Memoria Democrática, la enturbió definitivamente Pedro Fernández, diputado por Badajoz, de Vox, quien desde su escaño increpó a Martina Velarde, diputada de Podemos, preguntándole si se había “tomado la pastilla”. Cuando le llegó su turno de intervención, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, se llevó la mano al pecho y le dijo: “Martina, mi apoyo, mi consideración, y a todas las mujeres: No vamos a tolerarlo”. Velarde le respondió con un “gracias” desde su escaño.
El comentario machista había sido denunciado por Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que fue uno de los que lo oyó, mientras Podemos exigía de inmediato a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que tomara “cuantas medidas sean de aplicación para reprobar y sancionar estas conductas”. “Este comportamiento, machista y absolutamente inaceptable, es completamente contrario a las previsiones reglamentarias que imponen el decoro parlamentario y son una manifiesta muestra de la violencia política a la que se enfrentan las mujeres que realizan actividades públicas y todas las instituciones del Estado tienen la obligación de desterrarlas del recinto parlamentario”, se quejaron. Armengol tomó nota del recado.
Este episodio no es un hecho aislado sino una muestra más de las formas y maneras que tiene Vox de ejercer la oposición. Desde que empezó la legislatura –y también en la pasada– los parlamentarios de la extrema derecha hacen gala de un estilo descalificativo y ofensivo contra el resto de los diputados, especialmente contra los de los grupos de izquierdas, nacionalistas e independentistas. Sus diatribas no se quedan en meros ataques a la gestión de sus rivales políticos, sino que en muchas ocasiones se adentran en la descalificación personal, traspasando las líneas rojas de la que debería ser el 'decoro' parlamentario.
El propio Santiago Abascal ha marcado la senda y proferido desde la tribuna de oradores graves insultos contra Pedro Sánchez hasta límites hasta ahora infranqueables. El líder de Vox ha llegado a tildar al presidente del Gobierno no solo de “corrupto” y “autócrata” sino de “sádico” y “criminal”. Sus incendiarias intervenciones en los Plenos del Congreso contra el presidente, el Gobierno y sus socios ya no sorprenden a nadie.
Los demás grupos de la Cámara manifiestan su hartazgo por el hecho de que a los parlamentarios de Vox nunca o casi nunca les pase nada y que no haya sanción ni expulsión cuando se niegan a retractarse de sus comentarios hirientes. En el partido están crecidos porque saben además que esta estrategia les está dando frutos y suben en las encuestas. Desde que rompieron con el PP de Feijóo en los gobiernos autonómicos en los que mantenían pactos, tienen en sus manos la aprobación de los presupuestos. La semana pasada ya advirtieron de que si aceptaban el reparto de los menores no acompañados tumbarían las cuentas abocando a algunas comunidades a nuevas elecciones. En Balears ya han cumplido sus amenazas. Y, mientras tanto, el PP se ve impotente para distanciarse de Vox.
Ante la escalada de tensión que se respira en el Congreso la presidente de la Cámara, Francina Armengol, en declaraciones a elDiario.es, asegura que su “obligación” y su “convicción” es “pedir una y otra vez a los representantes de los grupos en la Junta de Portavoces y en el propio Pleno que no recurran al insulto ni a las descalificaciones personales y que guarden el decoro”. “Creo que aporta muy poco al debate público y a la aportación de ideas y soluciones a los problemas de la gente, que es lo que nuestros ciudadanos, a quienes nos debemos y a quienes representamos, nos piden. No me cansaré de decirlo hasta que sean conscientes de esto”, advierte.
A renglón seguido, admite que la reforma del reglamento de la Cámara para castigar con mayor dureza estos comportamientos no le corresponde a ella en solitario. “La reforma depende de los grupos parlamentarios. Yo no puedo entrar en si debe modificarse o no, pero sí en aplicar lo que ahora mismo contempla, que es llamar al orden y retirar según qué expresiones del Diario de Sesiones, si bien ya saben que retirar significa poner en cursiva la intervención y referir que ha sido amonestada, no eliminarlas para que no sean borradas de la historia”.
Pese a las diferentes reformas que ha sufrido ese reglamento a lo largo de todos estos años, en la actualidad no queda muy claro dónde está el límite entre el derecho a la libertad de expresión de los diputados y el agravio y el insulto personal. El artículo 103 establece que “los diputados y los oradores serán llamados al orden cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”.
Si se cae en esta mala praxis y los discursos interfieren en “la buena marcha de las deliberaciones” o cuando “con interrupciones o de cualquier otra forma alteraren el orden de las sesiones”, la potestad para decidir si se expulsa o no al diputado en cuestión, tras amonestarlo previamente, recae en la Presidencia de la Cámara. El artículo 32 del reglamento dicta que “corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”. Algunos diputados creen que Armengol debería ser mucho más “contundente” contra los parlamentarios que ofenden y los grupos que, como Vox, boicotean a veces los debates.
Precedentes de expulsiones
Los únicos precedentes que se recuerdan de expulsiones recientes datan de la anterior legislatura siendo presidenta al Congreso Meritxell Batet. Uno de esos castigos afectó a la diputada de Vox Patricia Rueda por llamar “filoetarras” a los representantes de EH Bildu desde de la tribuna de oradores, después de acusar a los socialistas de “gastarse el dinero de los parados en prostitutas y en cocaína” durante el debate de una de las partidas presupuestarias.
La Presidencia del Congreso, que ejercía en ese momento el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le pidió que retirara el calificativo de “filoetarras'” y le llamó al orden por primera vez. Ante la negativa de la diputada, Gómez de Celis volvió a llamarla al orden mientras desde la bancada de Vox la aplaudían. Tras la tercera amonestación le retiró el uso de la palabra pidiéndole que abandonara la tribuna. La reacción de Vox fue abandonar el salón de Plenos lanzando protestas, ya que alegan que a ellos les han insultado muchas veces llamándoles “fascistas” y “fachas” sin que “pase nada”. Batet exigió luego a todas sus señorías “autorregulación” y “autocontrol” en el uso de la palabra y advirtió de que iba a ser “inflexible” con los que no acataran el reglamento. Su reprimenda no cuajó.
La otra expulsión es anterior a esa. Ocurrió cuando el parlamentario de Vox por Alicante José María Sánchez García llamó “bruja” a la diputada del PSOE Laura Berja, durante el debate de una proposición de ley sobre el derecho al aborto. Batet había sido sustituida en ese momento también por Gómez de Celis, que le ordenó pedir disculpas y retirar sus palabras. Pero Sánchez se negó y después de tres llamadas al orden fue expulsado. Para sorpresa del hemiciclo, el diputado de extrema derecha también se negó a irse y el Pleno tuvo que ser suspendido varios minutos hasta que finalmente accedió a retractarse y dijo con socarronería: “Retiro que le he llamado bruja”. El artículo 101 del reglamento contempla “la suspensión temporal en la condición de Diputado, tras haber sido expulsado del salón de sesiones, se negara a abandonarlo” o cuando “el Diputado persistiere en su actitud”. A Sánchez no se le aplicó ese artículo y eso que tenía antecedentes.
De hecho, el mismo diputado de Vox ya había insultado anteriormente a la representante del PP por Ourense, Ana Belén Vázquez, a la que se refirió como “la chillona gallega”, cuando esta ni siquiera estaba presente en el salón de Plenos.
También es reincidente su compañero de grupo Pedro Fernández. Hace cuatro años, cuando era concejal de Madrid y brazo derecho de Javier Ortega Smith, el diputado ya llamó la atención al calificar a los ediles de la bancada de Más Madrid como “enfermos”. “Aparte sus marxistas deseos y apetitos sexuales de mi hijo y pierda toda esperanza de adoctrinarlos para convertirlos en enfermos como ustedes”, les dijo.
La realidad es que la violencia verbal –principalmente por parte de Vox, aunque no en exclusiva– ha ido aumentando alarmantemente en esta legislatura. En el debate celebrado en mayo sobre la ley de amnistía, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello tuvo que escuchar de la bancada de la ultraderecha 'lindezas' como '“tucumano” y “sudaca”, “tonto” “hipócrita” y “vendido”, además de “traidor”, “corrupto” o “cobarde”. Los diputados ultraderechistas, entre ellos José María Figaredo, le recomendaron que “se lavara la boca” antes de hablar. Ante la trifulca que se armó, Armengol les recriminó su actitud reprochándoles su “mala educación”. Pero de ahí no pasó.
Los improperios no son exclusivos de los hombres de Vox. Hace justo dos años, también en la pasada legislatura, la diputada de este grupo, Carla Toscano, azote de las feministas, no ahorró descalificativos contra la exministra de Igualdad y en la actualidad eurodiputada, Irene Montero, en uno de los debates sobre la ley conocida como la del 'sí es sí'. La llamó “libertadora de violadores”, la acusó de “promocionar la pederastia” y de “corromper menores”, frases que aderezó con un vejatorio comentario al asegurar que “el único mérito” que tenía Montero era “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”.
Al ver el revuelo que se organizó, desde la bancada de la extrema derecha corearon “¡Li-ber-tad, Li-ber-tad!”, mientras diputados de otros grupos les rectificaban: “Libertad para insultar”. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa de su entonces ministra, con la que ya mantenía ciertas tensiones. “Estamos juntos contra la violencia machista. Negarla es una forma de ejercerla. Subirla a la tribuna del Congreso es cruzar una línea intolerable”, dejó escrito en X.
Los portavoces coinciden: hay que poner más remedios
Gabriel Rufián no tiene duda de que los parlamentarios de la extrema derecha “están envalentonados como nunca”. “Si no ponemos pie en pared, nos van a comer”, alertó aquel día desde su escaño. Ante la pregunta de qué debería de hacerse para atajar esta escalada de tensión protagonizada por Vox, el portavoz de ERC, en declaraciones a esta redacción, reconoce que “es una cuestión complicada. Primero porque forma parte de una estrategia porque a nadie se le escapa que no son calentones que de repente suelten una burrada, viene pasando hace años”.
Rufián recuerda que “cuando el bipartidismo del PSOE y el PP tenían más peso en la Cámara”, lo habitual era que hubiera “ruidos, golpes desde el escaño y algún insulto”, como aquel “que se jodan” del PP en referencia a los parados en plena crisis financiera. “Pero es que ahora es todo un plan de la extrema derecha que empieza en un plató o en un canal de Youtube, financiado o pagado en algunas ocasiones por gobiernos autonómicos y luego trasladan al escaño. Evidentemente, lo que buscan es deshumanizar al político de izquierdas”, añade.
Rufián incluye también en esta estrategia a “ciertos periodistas que están acreditados en el Congreso que son fascistas con acreditación y que intentan hacer ver que son valientes y que están siendo perseguidos porque dicen la verdad y son políticamente incorrectos”. El portavoz de ERC cree que para enfrentarse a esto “hace falta echarle ironía, sarcasmo y cabeza fría e intentar hablar con un lenguaje que se entienda”. Ante la impunidad de la que siguen gozando, ve bien que desde la Mesa “se les señale para que al menos pasen un poquito de vergüenza”. Lo que le parece mal es que haya medios de comunicación que minimicen estos insultos y los rebajen a meros “rifirrafes”, o los califiquen de “tensión” o “enganchada”. “Son insultos fascistas y hay que escribirlo así, no pasa nada”, concluye.
Desde el PSOE, su homólogo Patxi López, incide en conversación con elDiario.es en que la escalada verbal no es solo de Vox, “también del PP en algunas cuestiones”. “Lo que pasa es que Vox va un paso más allá y hace apología del franquismo”, como hizo el diputado por Toledo, Manuel Mariscal, que dijo en el Congreso que la dictadura había sido una “etapa de progreso y reconciliación”.
“Con sus discursos alimentan el odio de esa gente que luego los multiplican en las calles, con antorchas encendidas, amenazando todo lo que se pone por delante”. “Creo que debemos de ser mucho más prudentes en las expresiones que se utilizan en la Cámara”, sostiene. El portavoz socialista insiste luego en que “para cualquier cambio en el reglamento se necesitan consensos y hay algunos grupos que le viene bien vivir en esa forma de hacer discursos basados en la descalificación en el insulto y en la bronca permanente”.
A su juicio, no solo es cuestión de que no aparezcan en el Diario de sesiones esos exabruptos, “es no permitir esas palabras y sancionar a los que las pronuncian”. Pero recuerda que para eso previamente hay que llamar tres veces al orden al diputado o diputada y ser expulsado para que luego la Mesa pueda llegar a valorar una sanción. “Es difícil”, dice López. “La presidenta [Francina Armengol] se ha hartado y no para de hacer llamamientos a la responsabilidad, pero es que algunos viven de la bronca y alimentan a su gente con el insulto… igual es que eso es lo que buscan”, opina. El portavoz del PSOE pone como ejemplo al 'periodista' de medios ultraderechistas Vito Quiles, que asiste a las ruedas de prensa y se pasea por los pasillos del Congreso abordando a los políticos con preguntas supuestamente incisivas. “Cada vez que tenemos una bronca sube en seguidores”, lamenta Patxi López. “Yo sí que soy partidario de sancionar este tipo de comportamientos, si pudiéramos cambiar el reglamento, pero al ser una ley orgánica hay que cambiarlo con mayorías absolutas”.
Por su parte, Verónica Martínez, portavoz de Sumar, asegura que les parece “penosa y poco sorprendente” la estrategia de la extrema derecha en los Plenos porque es “parte de su firma”. “Su búsqueda por desdemocratizar las instituciones comienza en la degradación de las mismas a través del ataque verbal. Cuando elevas el tono, ocultas la falta de propuestas serias y capacidad de trabajo”
A su juicio, y en eso coincide con Patxi López, “lo preocupante” es que no solo esos comportamientos salen de Vox, “también dirigentes del PP han usado calificativos como ”jeta, mafioso, autoritario o estalinista“ en la tribuna del Congreso y en Parlamentos autonómicos. Isabel Díaz Ayuso utiliza a diario este tipo de lenguaje para referirse al Gobierno de España”, añade la portavoz de Sumar que además añade: “Entendemos como insoportable la deriva machista que se ha colado en el atril del hemiciclo y en el trato que recibimos muchas diputadas en nuestro día a día en Comisiones y Plenos”. “La inmunidad que siente la extrema derecha está estrechamente vinculada a la cobertura mediática de la que disfrutan, especialmente preocupante la viralidad del odio en redes sociales, y, por supuesto, al constante blanqueo que les brinda el PP”.
Martínez cree que todo eso “no se puede combatir con reglamentos”. “Para nosotras la clave sigue estando en demostrar que no todos los grupos se comportan de la misma forma”. “A la extrema derecha la vamos a combatir con políticas públicas”, zanja. “Y, por supuesto, más allá del tono y las palabras dirigidas al Presidente del Gobierno, que son de extrema gravedad, entendemos como insoportable la deriva machista que se ha colado en el atril del hemiciclo y en el trato que recibimos muchas diputadas en nuestro día a día en Comisiones y Pleno”.
El representante del PNV, Aitor Esteban, es categórico y afirma a elDiario.es que “la Mesa del Congreso es quien debería arreglar este caos. Aunque no tengo la menor esperanza de que lo haga”, puntualiza. “Nosotros ya hemos advertido demasiadas veces de que se ha rebasado lo tolerable en un debate parlamentario. Nuestro grupo fue de los primeros que lo sufrió. Es una situación grotesca: el insulto por el insulto y la hipérbole de la mentira. Y es una situación que no solo provoca Vox y que no solo se da en el Congreso”, reflexiona Esteban.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, cree que “la extrema derecha utiliza las garantías del Estado de derecho y las bondades de la democracia para tumbarla”. A su juicio, “el conflicto va más allá del decoro a la cámara o del uso de un lenguaje exaltado por parte de Vox. Es una estrategia subvencionada por la internacional del odio que cuenta con el apoyo de una parte importante de la magistratura, medios de comunicación y sectas como el Opus Dei”. Y añade: “La gente demócrata, más allá de la militancia en unas siglas, debemos compartir estrategias comunes, de batalla cultural y seguridad material, para combatir al fascismo del siglo XXI”. Su conclusión es que no cree que estas situaciones “se vayan a resolver reglamentariamente, sino con una cultura política que defienda la democracia de los fascistas”. “De hecho –añade– no comparto que se eliminen parte de las intervenciones de nadie por asco que me produzcan. Lo que hay que hacer es que el resto de la cámara les combata y desnude sus mentiras, falacias y odio”.