MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Vox se presentará como acusación particular en el llamado 'caso Koldo', en el que se investiga a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, por presuntas mordidas en contratos para comprar mascarillas durante la pandemia de la COVID-19.
Las mascarillas se habrían suministrado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleareas y Canarias. El montante de los contratos de estas administraciones públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa a García como la persona a la que usaban para “agilizar” trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación, facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.
En este contexto, fuentes de Vox anuncian que el partido se presentará como acusación particular en el 'caso Koldo', después de que el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, haya garantizado que su partido llevará a cabo las acciones judiciales y parlamentarias que sean necesarias para “llegar hasta el final” en el esclarecimiento del caso.
En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, y requerido por este extremo, Garriga no ha adelantado la personación, pero ha apoyado “todos los procesos judiciales” para “sentar en el banquillo a los responsables de la corrupción”. “Que la Justicia haga lo que tenga que hacer con celeridad”, ha añadido.
OTRAS ACCIONES
En esta línea, Garriga ha recordado que Vox quiere que los gobiernos de Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura se personen en el 'caso Koldo' y que los Parlamentos autonómicos de Baleares y Canarias abran comsiones de investigación para esclarecer el alcance del caso en los territorios. En concreto, quiere aclarar y depurar las responsabilidades políticas, matizando que los tribunales son los encargados del camino judicial.
Además, y en el marco parlamentario, ha prometido elevar preguntas escritas al Gobierno, como ya hiciera en 2020. En concreto, en abril de ese año, Vox registró una serie de preguntas parlamentarias para conocer las razones que llevaron al Gobierno a adjudicar la compra de mascarillas a la empresa en cuestión, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.
Lo hizo después de que la prensa publicara que los administradores de la compañía tenían un entramado de sociedades 'offshore' y había sido investigada por el pago de sobornos a funcionarios para la construcción de un mercado de abastos en Luanda, entre otras. Además, los de Santiago Abascal afirmaban que la empresa “no tenía actividad conocida desde 2017”. El Gobierno contestó que la compañía cumplía las condiciones para ser contratada por la Administración Pública.