Vox se rearma internamente para esta nueva etapa en la que ha conseguido ser un partido necesario para que el PP lidere gobiernos autonómicos y municipales. Ya ha entrado en el ejecutivo de la Comunitat Valenciana y queda en el aire si también logrará presencia en algunos más como Baleares o Extremadura. Con esta perspectiva, la dirección del partido busca controlar a los afiliados, aportar menos información sobre la composición del órgano encargado de coordinar su estrategia política y dar más poder al presidente del partido, Santiago Abascal.
La formación de ultraderecha ha propuesto a sus afiliados una reforma de los estatutos que les impone la obligación de “guardar secreto de las deliberaciones y, en su caso, de los acuerdos de los órganos de gobierno y grupos institucionales a los que pertenezcan”. Apuesta asimismo por incluir como infracción grave toda aquella manifestación que “dañe la imagen pública del partido o de cualquiera de sus órganos colegiados, de sus miembros y afiliados”. Eso sí, añaden, esta medida no puede perjudicar “el derecho de todo afiliado a ejercer la crítica o a emitir opinión sobre las políticas y líneas estratégicas”.
En ese mismo apartado se incluye otro punto que penaliza “el incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas en relación con los actos de comunicación pública, en redes sociales o medios ordinarios”. Este tipo de sanciones conlleva una suspensión de los derechos como afiliado que puede oscilar entre seis meses y dos años o la inhabilitación para desempeñar algún cargo en el partido durante ese mismo periodo de tiempo. En caso de que el afiliado sea reincidente, la formación podrá expulsarle del partido.
Asamblea General
Vox aboga por imponer este control tras meses en los que algunos miembros relevantes que han abandonado la formación han cargado contra el partido. El caso más mediático ha sido el de la exportavoz parlamentaria y candidata a las elecciones andaluzas, Macarena Olona, que aseguró en La Sexta que tras su salida se había encontrado con “algunos ataques de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox”. Apuntó además que tiene “la certeza” de que las decisiones en Vox “se toman fuera” del partido.
Contra la formación de ultraderecha también ha cargado su ya exconcejal en València, Vicente Montañez, que ha llegado a asegurar que ha sido “acosado, humillado y perseguido, tanto internamente como en las propias redes sociales por cuentas de personas afines al partido”.
Los afiliados han podido votar estos estatutos y ratificar las últimas cuentas del partido hasta las once de la mañana de este sábado, cuando se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria. Por ahora, la formación no ha hecho públicos los resultados de estos comicios internos. Estos documentos abogan por otorgar mayor poder a Abascal. Con todo, amplían el número de funciones que tiene el líder. Entre sus nuevas obligaciones, el presidente debe asumir la representación del partido “en el ámbito de las relaciones internacionales”, dirigir las relaciones del partido con la fundación Disenso y “dictar órdenes e instrucciones internas del funcionamiento” de Vox.
Se modifica la composición del Comité de Acción Política
Otra de las novedades afecta a la Oficina Electoral Nacional, que es la encargada de la organización administrativa de las campañas electorales y el órgano que se ocupa de la relación con las Juntas Electorales. De acuerdo a la nueva redacción, este organismo pasa a depender directamente del presidente del partido.
Entre las modificaciones incluidas, se plantea que Abascal pueda proponer un nombre para cubrir una vacante –por renuncia o defunción– de cualquier miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Eso sí, necesita una mayoría de dos tercios. De la misma forma, a propuesta del líder de Vox también se puede cesar e incorporar a nuevos miembros al comité de dirección. Hasta ahora esas competencias las compartía con el vicepresidente.
La dirección del partido introduce modificaciones en la composición del Comité de Acción Política, que es el equipo de trabajo que se reúne semanalmente para analizar la actualidad política y del que ejerce habitualmente como portavoz su vicepresidente y eurodiputado Jorge Buxadé. Hasta ahora la composición de este organismo era pública. Estaba integrado por Abascal; el secretario general, Ignacio Garriga; el portavoz del Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y tres cargos orgánicos más, un responsable de comunicación y el director del departamento de Política Parlamentaria y Municipal, así como el de Política de Gobierno.
Tras las modificaciones incluidas, ya no será público el organigrama del núcleo duro del partido encargado de “coordinar la estrategia política” de los grupos parlamentarios y de sus representantes en gobiernos autonómicos y municipales. Según los nuevos estatutos, únicamente Abascal y Garriga serán miembros natos del comité y estos dos altos cargos serán los encargados de escoger al resto de los integrantes. Por lo tanto, la presencia de Espinosa de los Monteros deja de estar recogida específicamente en las nuevas líneas maestras que determinan el funcionamiento del partido.
Adaptar la estructura “a las necesidades organizativas”
Desde el partido destacan que estos estatutos impulsan la creación del Comité de Cumplimiento Normativo que tiene como misión velar por el cumplimiento de la ley, supervisar la eficacia de los controles internos del partido, gestionar un canal ético y formar a los empleados y cargos de la formación “sobre el modelo de prevención y sus responsabilidades, así como formación relativa a la manera de actuar ante una situación de riesgo penal”.
Vox asegura que estas modificaciones “obedecen a tres objetivos fundamentales: adaptar la estructura del partido a las necesidades organizativas en un momento de importante crecimiento tras los éxitos electorales y el continuo aumento de afiliados; mejoras técnicas y jurídicas que permitan una mayor transparencia y flexibilidad en el funcionamiento del partido; y anticipación a los retos futuros de un partido que, tras los últimos comicios, se ha consolidado como la tercera fuerza política y una alternativa real de gobierno”.