La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confiaba en empezar a esbozar su proyecto político esta primavera. La candidata de Unidas Podemos iba a poner en marcha un proceso de “escucha” que incluía reuniones con colectivos sociales de todo el país. Era, según su equipo, el momento idóneo, con la vista puesta en los dos últimos años de la legislatura que Díaz consideraba que iban a ser “tranquilos”, tras el durísimo escenario social y económico al que abocó la pandemia desde marzo de 2020.
Ella aspiraba a llegar a ese escenario con una sólida carta de presentación de cara al electorado de izquierdas después de haber pactado con sindicatos y empresarios la reforma laboral. En su haber también iba a destacar la subida del Salario Mínimo Interprofesional e iba a presumir de la revalorización de las pensiones. Contaba, asimismo, con el colchón económico de los fondos europeos que, junto a las previsiones de crecimiento para la economía española y la bajada del paro, iban a permitirle poner en marcha nuevos proyectos ambiciosos desde su departamento.
Sus planes se torcieron con el estallido de la guerra en Ucrania, el pasado 24 de febrero. La invasión rusa ha generado, también en España, unas consecuencias sociales y económicas con las que no contaba la vicepresidenta. El alza de precios amenaza con paralizar la economía e incrementar el desempleo, y proliferan las protestas callejeras de los sectores más afectados, con un riesgo de estallido social asumido por todo el Ejecutivo. Díaz ha tenido que “paralizar” el proceso de “escucha” con el que iba a concretar su proyecto político, según explicó el jueves en la Cadena Ser, y se ha visto obligada a dedicar todo su tiempo a la labor ejecutiva para tratar de paliar los estragos que el nuevo contexto está generando ya en la sociedad española.
A ese complejo escenario se sumaron las discrepancias evidenciadas por los ministros de Unidas Podemos sobre el papel que debe tener España en la guerra. Primero fueron las diferencias sobre el envío de armas a Ucrania, que la distanciaron de la dirección de Podemos de Ione Belarra y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Después, los desacuerdos con el socio mayoritario sobre el incremento del gasto en Defensa anunciado por Sánchez, y que no comparte la propia vicepresidenta segunda. La última batalla interna en el Ejecutivo tiene que ver con el inesperado giro encabezado por Sánchez sobre el Sáhara y el acercamiento a Marruecos que tampoco comparten la ministra de Trabajo y el resto de los ministros del espacio confederal.
Todo ello ha obligado a Díaz a reformular sus planes. Su equipo evita ya dar fechas sobre el inicio del proceso de “escucha” e insiste en que la vicepresidenta está centrada en “gobernar”, al margen de los “politiqueos”, para tratar de que España supere la incipiente crisis económica con el menor daño posible para el conjunto de la sociedad. La ministra de Trabajo se ha visto así forzada a tratar de encontrar su espacio marcando un perfil propio dentro del Gobierno, diferenciándose del PSOE en asuntos como el del gasto militar o el Sáhara y buscando la coordinación y la compleja unidad de acción de todos los actores del espacio confederal.
La utilidad dentro del Gobierno
Díaz quiere, sobre todo, apaciguar al electorado y a las bases de Unidas Podemos, que han asistido estupefactas a los desencuentros sobre la guerra y el Sáhara con el socio mayoritario del Gobierno. El grupo confederal no tiene ninguna intención de romper el Ejecutivo por estas razones, pero es consciente de que ha tenido que asumir varias trágalas en las dos últimas semanas y de que, por tanto, necesita demostrar desde sus ministerios que sigue siendo útil para la ciudadanía.
Pese a haber transigido con el envío de armas o ante el giro sobre la relación con Marruecos, para la vicepresidenta ahora es el momento de demostrar que es capaz de imponer algunas de sus políticas para proteger al conjunto de los españoles y que sus votantes no tengan ninguna duda de que su presencia dentro del Gobierno sigue siendo imprescindible para garantizar una salida social a la compleja situación económica que vuelve a vivir el país, tal y como ocurrió durante la pandemia con el escudo social que se impulsó desde los ministerios de Unidas Podemos.
La vicepresidenta segunda es consciente de que, a diferencia de la crisis que estalló por el coronavirus, que según su equipo afectó especialmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad española, la inflación desbocada puede generar un empobrecimiento generalizado y, por tanto, esta vez las medidas del escudo social no tienen que ser solo para los más pobres, sino que deben extenderse también a las clases medias.
Díaz se encuentra negociando desde hace días con la parte socialista del Gobierno para tratar de incluir sus propuestas en el plan nacional de respuesta a la guerra que se aprobará en Consejo de Ministros el próximo martes. “Necesitamos actuar con rapidez”, aseguran desde su equipo, que quiere frenar cualquier riesgo de que se incremente el desempleo blindando derechos laborales, pero también poniendo en marcha un plan fiscal que permita un reequilibrio en materia de impuestos, de forma que paguen más las rentas altas y las grandes empresas y menos las clases trabajadoras.
“La calle tiene razón”
La vicepresidenta entiende las protestas de transportistas, ganaderos, agricultores, autónomos y demás sectores que se han echado a la calle en los últimos días a protestar por el alza de precios. “La calle tiene razón”, asegura el entorno de Díaz, que alerta de una “enorme injusticia social” provocada precisamente por la política de impuestos que impera en el conjunto del Estado. La ministra de Trabajo cree que uno de los grandes retos de la legislatura consiste en “redefinir la estructura fiscal” que, a su juicio, actualmente sigue respondiendo a una realidad del siglo XX y no aborda los problemas reales de la sociedad actual. Se trata, según su equipo, de un planteamiento “científico y pragmático” y no ideológico.
Fuentes de la vicepresidencia segunda ponen en valor que Sánchez decidiera que Díaz estuviera presente en todas las reuniones que mantuvo el Gobierno en las últimas dos semanas con los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas frente a las consecuencias económicas y sociales de la invasión de Ucrania. Y restan importancia al hecho de que la negociación del pacto de rentas haya estado pilotada por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a diferencia de las conversaciones sobre la reforma laboral, que encabezó Yolanda Díaz.
Su equipo ve margen para introducir algunas de sus medidas en el plan que prepara Sánchez y considera imprescindible que el presidente tenga en cuenta a su socio minoritario para poder mantener sus planes de agotar la legislatura y convocar elecciones a finales de 2023 o a principios de 2024. Todas las iniciativas que consiga incluir Díaz en los planes del Gobierno de los próximos meses determinarán su peso político dentro del Ejecutivo y, también, como la líder del espacio que pretende construir con Podemos y otras sensibilidades políticas de cara a las próximas generales, y que pondrá en marcha cuando amaine la tormenta perfecta de escalada de precios y movilizaciones sociales que ahoga al país.