Llegó Thomas Piketty a Madrid y Yolanda Díaz no dejó nada en el plato. La vicepresidenta utilizó todo lo que sirvió el economista francés en la conferencia del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Si alguien estaba interesado en conocer cuál será el menú con el que la vicepresidenta construirá su candidatura en las próximas elecciones, el acto fue revelador. Su programa económico será muy diferente al que presente su socio de coalición.
Piketty se ha hecho muy conocido en Europa por sus libros y análisis históricos sobre la desigualdad. Su último libro –'Una breve historia de la igualdad'– acaba de publicarse en España. De Francia sólo han llegado en los últimos años malas noticias políticas para la izquierda. Por el contrario, el mensaje de este economista de 50 años ha sido muy influyente, incluso en el mundo anglosajón. La desigualdad no tiene por qué ser un elemento inmutable del sistema ni es imposible para los estados encontrar políticas que reviertan las condiciones que se han dado en el mundo occidental desde los años ochenta. La revolución conservadora que se inició hace cuatro décadas no es indestructible.
El contexto histórico favorable a la igualdad se inició en la Revolución Francesa, dijo, y esa tendencia puede recuperarse. También es verdad que la igualdad económica fue uno de los principios revolucionarios que no sobrevivieron en la etapa de gobierno de Napoleón, aun menos en la posterior. Pero las revoluciones del siglo XIX mantuvieron vivo ese ideal. El mundo no dejó de cambiar: “El capitalismo socialdemócrata (del siglo XX) no tiene nada que ver con el capitalismo colonial y patriarcal de hace un siglo”.
Piketty afirmó que las grandes crisis son oportunidades excelentes para alterar las estructuras básicas del poder económico. “Espero que ahora sea de forma menos violenta”, apuntó. No sonó como amenaza, sino como aviso. La violencia ha aparecido a lo largo de la historia cuando la puerta hacia los cambios estaba totalmente cerrada.
Frente a los que sostienen que el fortalecimiento del poder del Estado durante la crisis provocada por la pandemia debe tocar a su fin –como la portada de The Economist de esta semana–, Yolanda Díaz afirma que esa intervención pública debe prolongarse. De otra manera, será imposible luchar contra el incremento de la desigualdad o conseguir los fondos que permitan mantener el Estado del bienestar. “No hay igualdad sin impuestos”, dijo, porque sólo con ellos se pueden financiar la sanidad y educación públicas y el sistema de pensiones. Eso es un problema en España, donde “el Estado social es muy débil”.
Al mencionar los ERTE como ejemplo de lo que se puede hacer desde el Estado, una persona en el fondo de la sala lanzó varios gritos contra el proyecto de reforma laboral que ha presentado Díaz, haciendo hincapié en el tema de las indemnizaciones. Tuvo su momento de atención y abandonó el lugar.
Como a pocos les gusta que suban los impuestos y la derecha no deja un día sin prometer que hay que bajarlos todos o eliminarlos en el caso de algunos de ellos, la vicepresidenta admitió que la tarea no carece de obstáculos. “Tenemos que ir con enorme valentía a explicárselo a la gente”. Uno de los elementos clave de esa estrategia será denunciar “la deserción fiscal de los ricos”. Díaz comentó que la carga está demasiado volcada sobre los trabajadores y asalariados en general. “El impuesto sobre la renta es un impuesto sobre los salarios. No hay nada más injusto que una sociedad en la que quien está soportando la educación y la sanidad públicas sean los trabajadores”.
Como ejemplo de una situación inaceptable, Díaz ofreció el caso de las socimis, “que tienen un tipo impositivo de cero”. O las grandes corporaciones tecnológicas, que “pagaron en 2019 treinta millones de euros por el impuesto de sociedades, no una, sino todas juntas”.
Piketty incidió en el mismo tema cuando se refirió a los paraísos fiscales y cómo los millonarios de todo el mundo ocultan en ellos su riqueza. “Hemos creado un derecho casi sagrado de algunas personas a enriquecerse. Pueden transferir sus activos a otra jurisdicción apretando un botón”. Se ha creado un sistema al que se presenta como “natural, ineludible”, y él piensa que eso no es cierto. “La libre circulación de capitales es algo que no puede seguir existiendo en su forma actual”. En ese caso, estaría perpetuando un sistema radicalmente injusto.
Es una cuestión de poder y es difícil tenerlo. El economista puso como ejemplo la presión directa que ejerció la Administración norteamericana de Barack Obama para que Suiza cambiara algunos elementos esenciales de su secreto bancario. No se necesitó ningún acuerdo internacional. Fue suficiente con “decisiones unilaterales”. Piketty admitió que no está nada impresionado por el papel de los grandes gobiernos europeos en ese asunto.
Lo mismo dijo del debate sobre un impuesto mínimo de sociedades en todo el mundo desarrollado. Cree que el Gobierno de Joe Biden estaba dispuesto a ir más lejos que el 15% acordado finalmente y que fueron países como Francia y Alemania los que tiraron a la baja. Cuando Irlanda tiene un impuesto de sociedades del 12%, dijo, está claro que un 15% como nuevo suelo no es una medida espectacular, como ha dicho con frecuencia Pedro Sánchez en los últimos meses.
Piketty presentó como idea esencial un impuesto progresivo sobre el patrimonio: “Si no es así, los ricos estructurarán sus ingresos fiscales para que sean una fracción ridícula de su patrimonio”. Es lo que ocurre actualmente y por eso los cambios en el impuesto sobre la renta no les afectan.
En España la posibilidad de una gran reforma fiscal, de la que han hablado Sánchez y Díaz, se ha ido desvaneciendo según ha avanzado la legislatura. En primer lugar, por el fuerte impacto económico de la pandemia en los dos últimos años. Ahora resulta difícil de creer que Moncloa se vaya a atrever a subir los impuestos a menos de dos años de las elecciones. Este tipo de reformas son más fáciles de aprobar en la primera mitad de una legislatura.
Díaz y Piketty coincidieron en una propuesta que dejaría lívida a la CEOE. El economista recordó que en Alemania o Suecia los trabajadores cuentan con representación en los consejos de administración de grandes empresas. Propuso que esa participación se extienda a las pequeñas empresas con la intención de “salir de una organización bastante monárquica de la economía”.
La vicepresidenta citó unas palabras de Marcelino Camacho en 1980: “La democracia se había quedado a las puertas de las empresas en nuestro país”. En esa línea, recordó que existe el artículo 129.2 de la Constitución, uno de esos que si se mencionan sin citar la fuente provocan una furia incontenible en la derecha: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Sobre esta última frase, resulta improbable que Yolanda Díaz pueda conseguir un pacto con los agentes sociales que incluya a los empresarios. Al menos, ya sabe con qué mensaje ir a futuras campañas electorales.