Gibraltar eclipsa los interrogatorios del caso Bárcenas en las portadas de ABC y La Razón

Ambos diarios dejan en un segundo plano el caso Bárcenas en un día en el que testifican Álvarez-Cascos y Arenas en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz por la supuesta contabilidad B del partido, y un día antes del turno de la actual número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

El conflicto de Gibraltar ocupa una vez más las portadas de los diarios ABC y La Razón, tras anunciar el Primer Ministro inglés que “valoran emprender acciones legales” ante los controles impuestos por el Gobierno español en el peñón, los cuales califican de “desproporcionados”.

El diario ABC, sobre una imagen del portaeronaves inglés HSM Illustrious, titula “Cameron amenaza a España” y añade: “Londres anuncia 'medidas sin precedentes' pero el Gobierno se mantiene firme”. Y La Razón reseña en su portada: “Londres amenaza con medidas 'legales sin precedentes”.

Ambos diarios apuntan que el Gobierno de Mariano Rajoy señala que las medidas de control son “proporcionadas y necesarias” debido a la tensión cada vez mayor entre España y Reino Unido, y que “no cederán” ante la presión ejercida por éste último. Según dicha información, Cameron dice sentirse “decepcionado” con lo que está sucediendo ahora y tras la conversación mantenida la pasada semana con Rajoy, que calificó de “constructiva”.

Tanto ABC como La Razón apuntan que Mariano Rajoy “expresó su esperanza de que el conflicto no vaya a más, pero se reservan todas las medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles”.

Ambos diarios dejan en un segundo plano el caso Bárcenas en un día en el que testifican Álvarez-Cascos y Arenas en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz por la supuesta contabilidad B del partido, y un día antes del turno de la actual número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

El conflicto de Gibraltar ocupa una vez más las portadas de los diarios ABC y La Razón, tras anunciar el Primer Ministro inglés que “valoran emprender acciones legales” ante los controles impuestos por el Gobierno español en el peñón, los cuales califican de “desproporcionados”.