Estos días en el Congreso se está discutiendo, por decir algo, la sustitución del término “disminuidos” por “personas con discapacidad” y no deja de ser curioso que tanto PP como Vox hayan vetado esta iniciativa de CERMI, propuesta por el PSOE, por los motivos más peregrinos que nos podamos imaginar. Por un lado está el Partido Popular diciendo que “cómo vamos a abrir el melón de reformar la constitución con los independentistas acechando”, que eso es muy peligroso, que se abre la caja de Pandora... claro que sí. Por otro lado, Vox, cuyo argumento es más disparatado aun si cabe: las personas que están pidiendo este cambio de nombre son las mismas que abortan a las personas con discapacidad. Señores, el CERMI es un organismo que defiende a las personas vivas con discapacidad, no los aborta. El argumento de que hay gente que aborta es tan peregrino que da hasta risa. El tema es que cuando se propuso el término “matrimonio homosexual” poco menos que se echaron a la calle porque todos sabemos que el lenguaje importa, crea nuestra realidad y no les sentaba bien que se pudiese equiparar, oh maldición, a su querido matrimonio eclesiástico. Y es que esto no va de otra cosa que de clasismo. El hecho de que las personas con discapacidad queramos un reconocimiento a nivel legal, ya no solo administrativo, sino que hablamos de nuestra Carta Magna, no hace sino poner de manifiesto un hecho palmario: seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría y eso es intolerable en cualquier sociedad mínimamente democrática.
Si hurgamos en el problema de fondo no es el cambio de nombre, claramente, es el hecho de que la propuesta viene de quien viene. Y eso no se puede permitir, porque en este país estamos demasiado acostumbrados a ver cómo todos los partidos se vetan entre sí para no sacar propuestas adelante, por muy beneficiosas que sean para nosotros, el pueblo. Y esto debe empezar a cambiar ya. A Vox y al Partido Popular, al hilo de lo que está pasando, se les debería caer la cara de vergüenza por no acceder de manera sencilla y fácil a un cambio constitucional que es de obligado cumplimiento. No solo porque restaura nuestra dignidad como personas, sino que, además, empieza a vislumbrar un cambio de tendencia que es la posibilidad de no tener una Constitución cerrada, apolillada, ajena a nuestro tiempo.
La Constitución fue una herramienta muy valiosa en su momento, pero va siendo hora de adaptar el texto a nuestras necesidades actuales. Que es difícil lo sabemos, pero es algo que tenemos que exigir a todos los políticos, de un signo y de otro. No podemos seguir a expensas de bloqueos. Los mecanismos constitucionales tienen que ser descentralizados de alguna manera para que los partidos no puedan instrumentalizar las peticiones del pueblo.
Todos sabemos que esto es un proceso difícil, pero yo os pido que entre todos luchemos por unos políticos de calidad, que respondan por nosotros, y no caigamos en el olvido como pasa cada vez que se terminan las elecciones.
Ah, una cosa, la foto que ilustra este artículo es de una partitura, que es el único sitio donde están los disminuidos. Los acordes.
Estos días en el Congreso se está discutiendo, por decir algo, la sustitución del término “disminuidos” por “personas con discapacidad” y no deja de ser curioso que tanto PP como Vox hayan vetado esta iniciativa de CERMI, propuesta por el PSOE, por los motivos más peregrinos que nos podamos imaginar. Por un lado está el Partido Popular diciendo que “cómo vamos a abrir el melón de reformar la constitución con los independentistas acechando”, que eso es muy peligroso, que se abre la caja de Pandora... claro que sí. Por otro lado, Vox, cuyo argumento es más disparatado aun si cabe: las personas que están pidiendo este cambio de nombre son las mismas que abortan a las personas con discapacidad. Señores, el CERMI es un organismo que defiende a las personas vivas con discapacidad, no los aborta. El argumento de que hay gente que aborta es tan peregrino que da hasta risa. El tema es que cuando se propuso el término “matrimonio homosexual” poco menos que se echaron a la calle porque todos sabemos que el lenguaje importa, crea nuestra realidad y no les sentaba bien que se pudiese equiparar, oh maldición, a su querido matrimonio eclesiástico. Y es que esto no va de otra cosa que de clasismo. El hecho de que las personas con discapacidad queramos un reconocimiento a nivel legal, ya no solo administrativo, sino que hablamos de nuestra Carta Magna, no hace sino poner de manifiesto un hecho palmario: seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría y eso es intolerable en cualquier sociedad mínimamente democrática.
Si hurgamos en el problema de fondo no es el cambio de nombre, claramente, es el hecho de que la propuesta viene de quien viene. Y eso no se puede permitir, porque en este país estamos demasiado acostumbrados a ver cómo todos los partidos se vetan entre sí para no sacar propuestas adelante, por muy beneficiosas que sean para nosotros, el pueblo. Y esto debe empezar a cambiar ya. A Vox y al Partido Popular, al hilo de lo que está pasando, se les debería caer la cara de vergüenza por no acceder de manera sencilla y fácil a un cambio constitucional que es de obligado cumplimiento. No solo porque restaura nuestra dignidad como personas, sino que, además, empieza a vislumbrar un cambio de tendencia que es la posibilidad de no tener una Constitución cerrada, apolillada, ajena a nuestro tiempo.