Se aplaza hasta 2025 el juicio contra 18 activistas encausados por intentar ocupar viviendas en el número 42 de la calle Macarena de Sevilla el 16 de febrero de 2018. El inicio de la vista oral, previsto para este próximo lunes 15 de julio, ha sido suspendido tras seis años de espera a petición de uno de los abogados defensores, “al no haberse recibido aún en el juzgado la prueba anticipada ya admitida, siendo imprescindible para la defensa”.
Entre los encausados, cuyas inculpaciones varían según su presunto grado de participación, se encuentran personas sin hogar, activistas vinculados a movimientos sociales, vecinos que acudieron como apoyo y jóvenes universitarios que apoyaban la demanda de vivienda digna. La Fiscalía solicita penas de entre cinco años y medio y tres años y 10 meses de prisión por delitos que incluyen usurpación violenta, daños, atentado a agente de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y maltrato de obra. El escrito de acusación del Ministerio Público contempla multas individuales de entre 4.140 y 5.255 euros y una responsabilidad civil colectiva de casi 22.000 euros.
En aquella jornada del 16 de febrero de 2018 se produjo un violento desalojo policial que puso fin a la ocupación de varios inmuebles vacíos que servían de alojamiento a un grupo de personas sin hogar. En el operativo fueron detenidas seis personas, conocidas como 'los seis de la Macarena', quienes permanecieron en prisión preventiva durante dos meses. Además, otras doce personas fueron identificadas en las inmediaciones del inmueble.
La petición de absolución de los enjuiciados está apoyada por diferentes organizaciones sociales de la ciudad y sindicatos como CGT. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha expresado su solidaridad con los acusados y ha denunciado que las actuaciones policiales, así como el juicio, tienen como principal objetivo “acallar la legítima protesta social”. La asociación ha calificado las actuaciones de los ahora encausados dentro del marco de la lucha por el Derecho a la Vivienda.
De esta forma, APDHA sostiene que la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, “pretende desmovilizar y criminalizar a los sectores más críticos y disidentes, limitando derechos y libertades fundamentales”. La entidad denuncia que la Ley Mordaza es “parte de un sistema más amplio que incluye la visión sesgada de medios de comunicación contra colectivos vulnerables y la desmesurada petición de penas por parte de la Fiscalía”.
En este punto coinciden Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, y Antonio Castellano, secretario general de CGT Sevilla, quienes han apuntado este jueves en rueda de prensa que el problema no reside en los movimientos sociales sino en el acceso a una vivienda digna y la “falta de soluciones habitacionales” para personas sin hogar en Sevilla. “Con la criminalización de los movimientos sociales tratan de apartar el foco del verdadero problema”, denuncian.
Entre las principales causas que dificultan el acceso a la vivienda en la capital hispalense, expertas como Ángela Lara, del departamento de Geografía e Historia de la US, sitúan la especulación y el elevado número de viviendas vacías, muchas de ellas destinadas a un uso turístico.
Los encausados también se posicionaron en un reciente comunicado difundido por redes sociales de la 'Plataforma de apoyo a los 18 de la Macarena' mediante el cual, aparte de pedir apoyo, han solicitado ayuda económica a través de un crowfunding para poder sufragar los gastos judiciales.
En medio de un contexto de creciente movilización social en defensa del derecho a la vivienda, el desenlace de este juicio se presenta como un precedente significativo para las luchas por los derechos sociales en España. Mientras tanto, la solidaridad con los enjuiciados continúa fortaleciéndose, con numerosos apoyos desde distintos sectores para afrontar los costos del proceso legal.
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