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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Barrios Hartos acude a la Fiscalía de nuevo para que “investigue a fondo” el problema de los cortes de luz

A principios de junio, 18 vecinos del Polígono Sur acudieron a la Audiencia de Sevilla en busca de “amparo” judicial, ante los “continuos” cortes en el suministro eléctrico que llevan años padeciendo. Ahora, después de que la Fiscalía Provincial haya archivado las diligencias de investigación penal que había iniciado contra Endesa a raíz de la citada denuncia ciudadana, otro grupo de afectados por los apagones vuelve a los juzgados para presentar un nuevo escrito recogiendo “hechos que constatan” la situación “crítica” de la que advierten desde Barrios Hartos.

Precisamente, esta plataforma interdistritos es la que se ha encargado de coordinar la redacción del escrito junto al letrado Cristóbal Ráez, asesor también de los vecinos en la primera denuncia. Esos hechos a los que alude el portavoz de Barrios Hartos, Juan García, en conversación con SevillaelDiario.es, hacen referencia a los incidentes que se han producido recientemente en barrios como Torreblanca o Su Eminencia, donde han salido ardiendo centros de transformación, “dejando a cientos de familias a oscuras en mitad de una noche de bochorno y afectando a la salud de bebés, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos”, como recriminan desde la organización vecinal.

“Este es el extremo más escandaloso de una sucesión incesante, en plena ola de calor, de cortes en zonas como Juan XXIII, Los Carteros, Palmete, Padre Pío, Bellavista, Pino Montano, Torreblanca, Polígono Sur, Su Eminencia, La Plata, Cerro o Los Prunos”, critican desde Barrios Hartos para evidenciar que el problema se está extendiendo a otras barriadas que hasta este verano no se habían visto afectadas por los fallos en el suministro eléctrico y ahora se están adhiriendo al movimiento social que lucha por erradicarlos, como informa otra de sus portavoces, Eva Collado.

En permanente estado de “alarma”

De esta forma, los últimos incendios se incorporan así a la lista de “datos objetivos” que recopila el nuevo informe para la Fiscalía de Sevilla y al que ha tenido acceso este periódico. En él, se hace alusión a los “cortes continuos del suministro eléctrico durante horas (en algunos casos periodos de 18 horas seguidas) y durante varios días consecutivos”, entre otras “deficiencias en la calidad” del servicio que tienen contratado para sus viviendas, con los “perjuicios” que ello acarrea a nivel físico y mental para los vecinos que tienen que convivir con recurrentes interrupciones en su rutina diaria.

En este sentido, el escrito hace alusión a la “situación de estrés e inseguridad” a la que están sometidos por no saber “si podrán refrescarse, si podrán cocinar, si podrán enfriar su casa”. Situación que está provocando “cuadros de ansiedad, depresión, estrés continuado” entre los afectados, que se exponen también al “riesgo” de tener que acudir a sus puestos de trabajo “en malas condiciones” por no haber podido “descansar” por la noche.

Además de estos hábitos de la vida cotidiana que se ven a menudo frustrados por las incidencias en la red eléctrica, la demanda presentada ante la Fiscalía contra de Endesa recoge también los estragos que causa la falta de suministro eléctrico en la población más vulnerable. Así, el informe de Barrios Hartos se refiere al “agravamiento de enfermedades preexistentes por la imposibilidad de tener las condiciones adecuadas de habitabilidad en sus hogares”, en lo relativo al uso de sistemas de calefacción o refrigeración, además de “no poder utilizar correctamente aparatos necesarios para su salud”, tales como respiradores, grúas o camas articuladas para personas enfermas y con movilidad reducida.

A todo ello suman también los vecinos firmantes “accidentes [caídas, golpes... según consta en el escrito] tanto en los hogares como en las calles al permanecer a oscuras durante muchas horas y durante muchas noches” por fallos que documentan del mismo modo en el alumbrado público. Juan García sostiene que los vecinos “viven alarmados” por si se va la luz o sale ardiendo otro transformador o trenzado eléctrico, como sucedió hace unos días en La Plata. Incidentes que van acompañados de explosiones y que exigen la movilización de dotaciones de bomberos “con la consiguiente alarma de todo el barrio”, de la que se queja la plataforma interdistritos.

“Agravio” a investigar en profundidad

Todos estos hechos son los que este grupo de vecinos considera que “pudieran ser constitutivos de infracción penal”, y por eso se vuelven a poner en conocimiento de la Justicia, para instar así a que “se efectúen las diligencias necesarias para llegar a esclarecer con datos y cifras claras el grado de responsabilidad que tiene Endesa en este problema reconocido por la propia Fiscalía y que conlleva [a su juicio] atentados contra la vida de, específicamente, la población trabajadora”. Tanto es así que el escrito presentado ante la Audiencia de Sevilla contempla una posible “vulneración de derechos fundamentales” recogidos en la Constitución Española.

A este respecto, Juan García, en nombre de los vecinos a los que representa como portavoz de Barrios Hartos, condena el “agravio comparativo” que asegura sufren los núcleos obreros de la ciudad frente a otras barriadas acomodadas y próximas al centro. “Si esto pasara en Los Remedios se abordaría el problema”, expone García para criticar a continuación el “abandono” que padecen las barriadas que sufren los cortes de luz habida cuenta de las “infraestructuras penosas” con las que cuentan.

Sin embargo, fuentes de la compañía eléctrica continúan insistiendo en su voluntad de garantizar un servicio de calidad a todos los vecinos. Como ejemplo, apelan a la inversión de 2,5 millones de euros que han destinado desde el verano pasado para colocar nueve centros de transformación con el objetivo de reforzar la red en aquellas zonas que presentan “una sobrecarga excesiva de potencia” provocada, según explica la compañía eléctrica, por “el fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana”.

Un problema “social” y no “eléctrico”, a juicio de Endesa

De ahí que, sin pretender “estigmatizar” a los vecinos que habitan la zona y están “en situación legal”, Endesa insista en que se trata de “un problema social” y no de suministro eléctrico. Al hilo, indica que el fuego ocasionado en el nuevo centro de transformación de Torreblanca “es un ejemplo paradigmático de las consecuencias del fraude eléctrico en la red de distribución, y cómo la mejora y el refuerzo de la red son una solución de corto recorrido para poder garantizar el suministro”.

Siguiendo esta línea, la distribuidora explica que este centro de transformación “recientemente renovado con la última tecnología” estaba preparado para dar suministro a 1.200 clientes, mientras que el número total de clientes con contrato en vigor que se abastecían desde esta instalación era 200, “por lo que este centro estaba capacitado para atender seis veces más suministros de los contratados”. Y, sin embargo, “no pudo resistir la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo, especialmente por plantaciones de marihuana” que han provocado “el sobrecalentamiento de la instalación eléctrica y su total deterioro”.

Con todo, Barrios Hartos se ampara (según figura en el escrito entregado a Fiscalía) en las declaraciones del que fuese subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, quien reconoció el pasado mes de febrero que “bajo ningún concepto se puede afirmar que por parte de la Subdelegación se admite que la causa de los cortes de luz sean las posibles plantaciones de marihuana” y volvió a apuntar a que “estamos ante un problema de inversiones”, señalando en la misma dirección que apuntan los vecinos.

En definitiva, los afectados inciden en que, al margen de los enganches ilegales que se pueden dar en estas y otras zonas de la capital, la compañía “está obligada por ley a garantizar un servicio básico de suministros eléctricos”, máxime en una ciudad con unas “condiciones climáticas y sociales” como las que reúne Sevilla. Entretanto, la Junta de Andalucía está acometiendo en estos momentos una auditoría en 52 centros de transformación de Endesa instalados en aquellas zonas que acumulan mayor número de incidencias. Sus conclusiones, sumadas a la respuesta que dé la Fiscalía Provincial una vez revise el escrito recién presentado, servirán para arrojar algo de luz a un conflicto que se eterniza en plena ola de calor.

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